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26 de Agosto del 2001
Pablo Ortega, representante de la Coordinadora Arauco Malleco

Denuncian que Fiscalía aplica 'estrategia de golpear a comunidades mapuche'

Ortega, quien ha defendido a varios de los dirigentes de ese grupo mapuche, denuncia que los organismos vinculados a la nueva justicia procesal penal que se aplica en la Novena Región mantienen a 200 indígenas esperando sentencia, y afirma que los jueces violan el espíritu garantista de esa reforma cuando se trata del conflicto indígena.

Desde que en 1997 se produjo el caso de la quema de camiones en Lumaco, tras el cual se aplicó la ley de seguridad del estado contra varios comuneros mapuche de la Octava Región, los Tribunales de Justicia se han convertido en el segundo pilar de la aproximación del Estado al conflicto indígena, junto con la millonaria política asistencial gestionada por los gobiernos de la Concertación.

Ese rol preponderante de la justicia tuvo una compleja arista a partir de la selección de la Novena Región como uno de los laboratorios en los cuales se aplicará primero la reforma procesal penal antes de su extensión al resto del país.

¿Cuál ha sido el efecto de los nuevos procedimientos, destinados en principio a acelerar la administración de justicia y aumentar las garantías para los procesados? Una voz vinculada directamente al desarrollo del experimento es la del abogado Pablo Ortega, quien representa a varios miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco -la entidad mapuche a la que se atribuye un rol más duro en el conflicto-, quien ha llevado procesos ante ambos sistemas procesales, el antiguo y el nuevo.

El profesional denuncia que a la fecha en las regiones Octava y Novena cerca de 200 comuneros mapuches aún esperan condena, y hace una abierta crítica a la manera como la reforma procesal penal ha sido aplicada en la Región de La Araucanía.

Ortega entrega una visión de la nueva justicia en la cual los fiscales aparecen como sujetos investidos de poderes tan amplios que difuminan la premisa de una justicia garantista hacia los procesados, la cual en los hechos no existiría en el caso de los mapuche.

La visión contraria será dada a conocer la próxima semana en la voz de integrantes de la propia fiscalía regional.

¿Garantías vulneradas?

“La Reforma en términos teóricos da más garantías a los procesados, pero en la práctica, al menos en el tema mapuche, ha significado que esas garantías son vulneradas", advierte Ortega.

"Las fiscalías investigan a las comunidades mapuche y formalizan en contra de cada uno de los comuneros varios delitos, los que de acuerdo a nuestro criterio jurídico no se encuentran acreditados, o derechamente no existen, como es el caso de la asociación ilícita”, añade.

- ¿Cuál es el fondo de esas imputaciones, a su juicio?
- Nuestro análisis es que imputar delitos que no existen y respecto de los cuales no existen pruebas fehacientes sólo tiene por objeto justificar las detenciones. Es decir, por la vía de los hechos se vulnera el espíritu garantista de la ley, que respeta la presunción de inocencia.

"Así, por la vía de imputar delitos los fiscales hacen un cálculo: por ejemplo, asociación ilícita tiene como pena cinco años y un día, más el hurto de madera, que tiene 545, más otro, suman y en su argumentación justifican 10 años para una persona. Con ese antecedente interpelan al magistrado y le dicen que tal persona tiene que estar presa, porque con 10 años no tendrá beneficios penitenciarios".

- ¿Cuántos delitos se imputan generalmente a un comunero procesado?
- Como mínimo tres delitos, y en algunos casos dos. En el caso de Chequenco, por ejemplo, si las consecuencias de este fenómeno no fueran graves sería para la risa. Comentábamos con los abogados defensores que (a los fiscales) les faltó ver el índice del Código Penal para aplicar más delitos. Había comuneros que estaban acusados de nueve delitos: hurto de trigo, robo de madera, robo de especies, secuestro, incendio, porte y tenencia de armas. Y no a una, sino a 11 personas. El que menos delitos tenía encima contaba con cuatro. De todos ellos, dudo que tengan fundamento para una acusación en la mayoría.

“La mayoría de los procesos aún están en tramitación. La única persona que está cumpliendo condena en una causa terminada es Anibal Salazar Huichacura, quien cumple condena de tres años y un día en la cárcel de Temuco por un proceso por infracción a la ley de seguridad del Estado que data de diciembre de 1997. La inmensa mayoría de los demás casos están en trámite: la mayoría está en libertad bajo fianza, aunque algunos están en prisión preventiva”.

- ¿Cuál es el volumen de causas que están pendientes y cuánta gente está involucrada?
- Las causas que yo conozco son una parte, tal vez la gran mayoría de las más connotadas. En los que nosotros manejamos son más de 100 personas procesadas, es decir perfectamente se puede hablar de 200 personas procesadas en total. Estos procesos están tribunales civiles, militares y especiales como los formados por la ley de seguridad del Estado.

En este último caso, explica Ortega, hay cuatro procesos: uno que se remonta a 1997, otro iniciado en 1999 que se tramita en la Corte de Apelaciones de Temuco, otro del año 2000 que se tramita en el mismo tribunal de alzada, y el último en la Corte de Apelaciones de Concepción.

- ¿Cuál es el correlato de estos procesos al interior de las comunidades?
- Aquí la estrategia es golpear a las comunidades para hacerlas desistir del proceso de recuperación de tierras en que se encuentran. Es imposible que estas 200 personas en un momento dado sean detenidas, porque es un costo político que el Estado no está en condiciones de pagar y porque los tribunales no se dejarán usar por los gobiernos de turno para sacarse de encima un problema político y transformarlo en uno policial.

"El objetivo es golpearlos, mantenerlos detenidos el mayor tiempo posible por la vía de aumentar los cargos, de pedir penas exorbitantes o alegar en contra de las libertades en las cortes. El objetivo es amedrentarlos ahora mientras están movilizadas, y no obtener condenas".

- ¿Y en el caso de la Coordinadora?
-Evidentemente la focalización de la represión es hacia la Coordinadora, pero no solamente hacia ella, sino sobre toda comunidad que pelea la tenencia de los predios, como las comunidades Domingo Trangol, en Victoria, o Temucuicui, en Ercilla, que no son de la Coordinadora.
 
 

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