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17 de Agosto del 2001
Solicitud fue presentada por el Ministerio Público

Tribunal de garantía deniega desalojo de toma mapuche

Se trata de la ocupación del fundo El Porvenir que miembros de la comunidad Agustín Chihuaicura efectúan hace 14 días. La toma del predio significó el resurgimiento de las movilizaciones promovidas por la Coordinadora Arauco Malleco.

El Tribunal de Garantía de Nueva Imperial, en la Novena Región, generó una controversia en el marco del accionar de la Reforma Procesal Penal en el denominado conflicto mapuche, al impugnar la solicitud de desalojo que el Ministerio Público demandará en el caso de la ocupación del fundo El Porvenir por parte de comuneros indígenas.

El citado predio, de propiedad de Jaime Muró Cuadra, es objeto de una “toma” por miembros de la comunidad Agustín Chihuaicura, adscrita a la Coordinadora Arauco Malleco.

La diligencia fue solicitada al tribunal tras varias reuniones realizadas por el Ministerio Público y Carabineros para analizar y evaluar las diligencias investigativas que permitieron constatar las características y naturaleza de la ocupación ilegal.

Sin embargo, el Juez de Garantía de Nueva Imperial no dio lugar al desalojo, argumentando que la Policía debía definir el momento de efectuarlo mientras los ocupantes se encontraran en situación de flagrancia.

Otros de los argumentos esgrimidos para rechazar la solicitud fue la de considerar que ante un delito flagrante no era necesario la actuación mediante una orden. A este tema subyace la dificultad de configurar la flagrancia, dado que los comuneros entran y salen de predio en cuestión.

Los argumentos del Ministerio Público

Consultada sobre la materia, la Fiscal Regional del Ministerio Público, abogado Esmirna Vidal, expresó que " a nuestro juicio, la diligencia de desalojo no es comparable con una detención por flagrancia, que es la actuación que la ley permite realizar a la policía conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal".

Añadió que "en este caso se trata de una diligencia que es parte de un procedimiento investigativo iniciado con la denuncia de los afectados cuyo cumplimiento lleva siempre implícita la posibilidad de que se afecten garantías y derechos constitucionales de los involucrados, en este caso, tanto de las víctimas, como de los ocupantes o de terceros, de modo que, entendemos que lo que corresponde es que la diligencia se efectúe previa orden del Tribunal de Garantía", señaló la Fiscal.

El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición ante el mismo Tribunal, con el objeto de que modifique su resolución y acoja la petición de la Fiscalía de Nueva Imperial, que subsidiariamente ha interpuesto un Recurso de Apelación para que sea conocido por la Corte de Apelaciones de Temuco. Se espera que el pronunciamiento definitivo se produzca esta tarde.