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16 de Julio del 2001
 

Abogado asegura que los árboles pertencian a la comunidad

El recurso indica que el material supuestamente hurtado pertenecerían a terrenos de la misma comunidad que no fueron removidos del lugar, sino utilizados en la misma ceremonia religiosa.

"Lo que nosotros decimos, en la causa que se inicia en diciembre de 1998, es que no hay hurto de madera. Lo que se hizo fue cortar ramas y eventualmente dos árboles para hacer ramadas, que no fueron retirados del predio. Los árboles que dicen (los querellantes) se cortaron, son de la parcela de la comunidad Choin Lafkenche. Eso está justificado, hay peritajes que dicen que efectivamente se trabajó en esa zona en ese tiempo, afirma el profesional.

Es decir, según la defensa sí se talaron árboles, y "al menos está claro que donde ellos sacaron la madera es de propiedad de la comunidad".

"Lo que definitiva se está persiguiendo es una manifestación religiosa del pueblo mapuche, y el hurto de madera es sólo una justificación para la represión. En último caso, a lo más, se los podría acusar de cortar dos árboles, que sería un delito de daños, con competencia de los juzgado de policía local y no penal".

Testigos de oídas

A su vez el profesional impugna a los testigos de la parte querellante: José Hugo Maldonado Urra y Ramiro Muñoz Cid, donde el primero le dice al segundo que se estaban cortando árboles el día citado.

Según consta en el escrito, Maldonado declara que él avisó a Muñoz Cid, su jefe, "porque una persona a la cual no conozco me comunicó que había un grupo de indígenas que estaba en el predio y que estaban haciendo metros".

Es decir, según Ortega, "el testigo más directo (Maldonado) reconoce ser sólo un testigo de oídas". Añade que el testigo principal que acusa a Ancalaf es Muñoz, "que se entera porque Maldonado le dice, es decir, es un testigo de oídas de oídas, que es una figura que no contempla nuestra legislación. Por tanto no sería testigo y es en base a ese testimonio que se está condenando a Víctor Ancalaf. Así de febles son las pruebas".

Para concluir sus argumentos, el abogado alude al destino de los siete metros de árboles talados. El escrito dice que estos fueron objeto de una transacción en que Luis Ancalaf se los vendió Manuel Ortiz.

"Pues bien, Su Señoría, esta operación de compraventa de metros rumas existió y fue documentada, nadie intentó negar su existencia, ni el transportista, ni el comprador, ni mis representados. Todos comparecieron voluntariamente ante estrados y prestaron declaraciones, confiando plenamente en los Tribunales, ciertamente sin temer nada en su contra y con una claridad y transparencia que denotan su total inocencia.", dice el escrito.

Si bien la tala de los árboles fue el día 5 de diciembre de 1998, dice Ortega en el escrito, "la ocasión de acusar a mis representados se les presenta recién el día 9 de diciembre cuando detienen un camión conducido por don Osvaldo Pailas Verdugo".

Ante la falta de testigos que acrediten la tala, la defensa señala que "recién en este momento cobra más fuerza la tesis de la querellante acerca de los hurtos de madera, intentando incluso más adelante justificar la supuesta configuración artificial de un “robo con fuerza”"

Al ser detenido el camión, el chofer señala, según el escrito de la defensa, que transporta un flete encargado por Manuel Ortiz.

"Ambos declaran que se trata de una compra de madera, la única y que se trataba de una compra normal y de bajo perfil, es decir, poca madera y sin existir antecedentes para sospechar que era una operación supuestamente “ilícita”. En efecto, Su Señoría, ni el chofer ni el comprador consideraron la operación sospechosa, esto es precisamente porque no es “sospechosa” de nada, concluye el escrito presentado por la defensa.
 

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