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Santiago de Chile | lunes 01 de octubre de 2001

Ralco: incidentes que siembran dudas
 

El ministro Claudio Huepe aclaró que uno de los objetivos del Gobierno es solucionar los problemas entre Endesa y los pehuenches del Alto Biobío a través del diálogo. La empresa solicitó a la justicia que investigue el ataque incendiario que afectó a maquinaria usada en la construcción de la central.


Pamela Juanita Cordero

Un serio atentado incendiario en contra de Endesa puso la voz de alerta sobre el conflicto existente en la zona y del malestar de los pehuenches originado por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. El hecho ocurrió justo cuando el Gobierno se habría comprometido a impedir que la construcción de la obra en Alto Biobío, Octava Región, afecte a las familias indígenas que se niegan a entregar sus terrenos a Endesa a cambio de ser reubicados en la zona.

Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado pasado, cuando presuntos encapuchados prendieron fuego a dos camiones y una retroexcavadora que pertenecían a una de las empresas contratistas que prestan servicios a Endesa. Las pérdidas alcanzaron unos 320 millones de pesos. La agresión fue rechazada por la empresa eléctrica que ayer a través de un comunicado oficial subrayó que “confiamos plenamente en la labor de las autoridades e instituciones policiales y de justicia para aclarar los hechos”. A su vez, apuntó que “los sucesos no corresponden a la convivencia pacífica y constructiva que se ha desarrollado en la zona”.

Uno de los puntos que enfatizó Endesa es en las consecuencias que arrastraron los atentados incendiarios, como “la preocupación en la gente de la zona, las comunidades pehuenches, así como entre los trabajadores que laboran en las obras del proyecto Ralco”. Por ello, la compañía pidió que Carabineros e Investigaciones determinen los responsables de los ataques, destacando los avances que se han registrado en el lugar donde se ejecutan las obras, “por la manera pacífica de convivencia pacífica y constructiva que se ha desarrollado en la zona entre Endesa, sus trabajadores, las comunidades pehuenches y los habitantes del Alto Biobío”. Otras informaciones indican que Endesa habría solicitado a los tribunales regionales que se hicieran cargo de los hechos.

APOYO EJECUTIVO. También causó sorpresa en Endesa el apoyo que le habría brindado el Gobierno a los pehuenches que se oponen a que el proyecto hidroeléctrico perjudique sus tierras, entre ellos, varios cementerios que tienen carácter de sagrados.

Ante esta información, proporcionada por el abogado Roberto Celedón, ligado a la defensa jurídica de las hermanas Quintremán, la relacionadora pública de la empresa, Beatriz Monreal, dijo que “no tenemos antecedentes al respecto. Si el señor Celedón dijo eso, que lo de muestre, que entregue nombres de los personeros de Gobierno que conversaron con él y lo avalaron. Antes, no”.

El ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, explicó a El Metropolitano que la voluntad del Ejecutivo es “como siempre hacer el máximo esfuerzo para que esta cosa se solucione por la vía del diálogo. Obviamente que nos interesaría mucho”.

El secretario de Estado aclaró que “nuestro ánimo es compatibilizar los intereses legítimos de la gente que ha vivido ahí por generaciones, tomando en cuenta que muchas familias pehuenches aceptaron el traslado y efectivamente existe un grupo de personas que se opuso, creo que siete familias, entre ellas las hermanas Quintreman”.

Las mujeres aludidas por el secretario general, Berta y Nicolasa, son pehuenches que junto a la denominada Bancada Verde interpusieron dos recursos de protección luego de que el Gobierno del ex Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle autorizara la construcción de la central y la red de tendido eléctrico. Estas causas son tramitadas en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y, según la información que maneja el abogado que las patrocina, Roberto Celedón, “estarían muy cerca de ser falladas”. Paralelamente, las hermanas Quintreman interpusieron en el Sexto Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público contra la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), la que persigue dejar sin efecto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por “vicios jurídicos”.

LAS OBRAS. En 1999 y a raíz de este recurso, el juez Mario Carroza obligó a paralizar las obras de Ralco, sin embargo la Corte de Apelaciones revocó la medida y autorizó a reiniciar los trabajos, aunque sin pronunciarse sobre el fondo. Endesa informó que las obras están avanzadas en un 40 por ciento, aproximadamente, y que los últimos temporales en el sur “no detuvieron los trabajos, solamente hubo problemas por el desplome de la ataguía”, muro provisorio de tierra y roca que permite desviar el curso del río Biobío, para levantar la presa de la central hidroeléctrica, la cual tendrá una altura de 150 metros.
Hasta le fecha se han invertido cerca de 200 millones de dólares de los 568 estimados para la inversión total.

Sobre el plan de relocalización de los pehuenches que aceptaron la oferta de la empresa, Endesa informó que de las siete comunidades en el Alto Biobío (cuatro mil habitantes, aprox.), dos (Quepuca Ralco y Ralco Lepoy), que contemplan unas 1.400 personas, son afectadas directa e indirectamente por la central, mientras que son 93 las familias afectadas directamente (400 lugareños).

Los grupos fueron ubicados en El Braco y Ayin Mapu, cada uno con 33 familias ya viviendo en la zona. “Los esfuerzos se han centrado en satisfacer las necesidades más inmediatas de las familias, como vivienda y alimentación, y en el desarrollo productivo que permita generar una inversión que sea sostenible en el largo plazo”, explicó la empresa. Y agregó que “se han hecho programas para la comprensión de la cultura indígena y de los grupos y personas en particular”.