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Santiago de Chile | jueves 20 de septiembre de 2001

Desde Mideplan: jaque a política indígena de la Concertación
 
   
 

 


Por Víctor Osorio

Mientras la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, hablaba en mapudungún en la Cumbre contra el Racismo en Sudáfrica, en Chile la secretaría de Estado a su cargo iniciaba una acción judicial por nuevas irregularidades en la Conadi, la cual podría eventualmente poner en jaque la totalidad de la política indígena que han implementado los Gobiernos de la Concertación.

La denuncia fue interpuesta el pasado martes 4 de septiembre ante el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por presunta infracción de los artículos 235, 236 y 239 del Código Penal, aludiendo al ilícito de malversación de fondos públicos en la compra de 63 predios para comunidades mapuches, incluyendo casos ocurridos entre los años 1998 y 2000.

La denuncia, aunque no se dirige contra funcionarios específicos, puede llegar a golpear al interior de los pasillos de La Moneda.

En ese período hubo dos directores nacionales en la Conadi que ya no se encuentran en el cargo. El primero, Domingo Namuncura, actualmente es asesor de gestión del Presidente Ricardo Lagos y al momento de interponerse la denuncia se encontraba en Sudáfrica, integrando la delegación chilena que presidía Alejandra Krauss. El otro, Rodrigo González, hoy es miembro del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

No es todo. Los razonamientos de hecho y derecho que sustentan la denuncia, consideran “actos ilícitos” a un conjunto de compromisos y acciones destinadas a resolver la demanda territorial de las comunidades mapuches en los que participaron figuras como el actual ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, e incluso la misma ministra Krauss…

LA INVESTIGACION. Una de las razones que permiten explicar ese singular escenario es que en la elaboración del escrito presentado no participó la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) o profesionales vinculados a la materia. El trabajo fue desarrollado por el estudio jurídico de Davor Harasic Yaksic, el cual destinó tres profesionales a la revisión de los antecedentes: Pamela Rubio, Julián López e Iván Harasic.

Ellos recibieron la colaboración de cuatro abogados de Mideplan: Andrea Soto, Trinidad Inostroza, Paula Fernández y Tomás Jordán.

El estudio de Harasic fue contratado por Mideplan en junio pasado, poco después que el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Regional por irregularidades en el proceso de compra de seis predios, incluyendo coimas y sobretasación de predios.

Una de las medidas que fueron adoptadas entonces fue, precisamente, el establecimiento de una asesoría jurídica externa, que contribuya al esclarecimiento de los hechos en forma paralela al sumario que realiza la Contraloría Regional y a la investigación que instruye el Ministerio Público, cuya competencia se limita a casos posteriores al 15 de diciembre del 2000.

Harasic, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, fue miembro del Consejo de Defensa del Estado y uno de los postulantes al cargo de Fiscal Nacional.

En la oportunidad, el “Diario Austral” informó: “Aunque se reconoce el prestigio del estudio de abogados contratado, el tema ha generado cierta molestia en la Conadi. Ello porque se estimaba que este tema podría haber sido asumido por los propios abogados de Mideplan, sin tener que desembolsar recursos adicionales, o apoyarse en otras entidades estatales”.

La investigación realizada por el estudio de Harasic se extendió por dos meses y concluyó el pasado 16 de agosto, con la entrega de un informe a la ministra Alejandra Krauss. Su labor se circunscribió a la revisión de las carpetas con la información de las adquisiciones de predios en la Octava, Novena y Décima Región, en el período 1998-2000.

Uno de los hechos que llama la atención es que no se hayan practicado entrevistas a los funcionarios involucrados en la compra de tierra, para complementar las conclusiones. De hecho, todos fueron sorprendidos por la noticia de la nueva presentación judicial.

QUIENES DECIDÍAN. Uno de los problemas que se constata al revisar la investigación realizada por el estudio de Harasic radica en que uno de los criterios básicos para discernir es el documento “La Política de Tierras de la Conadi”, que es llamado indistintamente “manual de procedimientos” o “el reglamento”.

Ocurre que este instrumento fue aprobado por el Consejo Nacional de la Corporación el 27 de agosto de 1999, once meses después que Rodrigo González asumiera la dirección del organismo, lo que significa que los procedimientos y etapas de las compras que establece no son aplicables a la mitad del período analizado por los abogados. Sin embargo, los análisis del estudio de Harasic lo ocuparon para evaluar todos los casos.

Con anterioridad a la entrada en vigencia del documento “Política de Tierras”, el procedimiento establecido era que el Consejo Nacional aprobara las compras de tierras. ¿Qué importancia tiene este hecho?

El Consejo Nacional de la Conadi está conformado por ocho representantes de las etnias del país, y por una cantidad similar de miembros que representan al Gobierno: cinco subsecretarios de Planificación, Educación, Bienes Nacionales, Agricultura y Secretaría General de Gobierno; y tres representantes del Presidente de la República.

Por tanto, operaciones de compra que ahora Mideplan denuncia como eventualmente constitutivas de delito, fueron aprobadas, entre otras, por las siguientes personas, en su calidad de consejeros nacionales de Conadi:

- Claudio Huepe, actual ministro secretario general de Gobierno, por esos días en la misma cartera pero con rango de subsecretario.

- Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), entonces subsecretario de Educación.

- Antonio Lara, hoy presidente de la Empresa Portuaria de Arica y ex subsecretario de Planificación.

En el período Jean Jacques Duhart y Sergio Vergara también fueron consejeros de la Conadi, como subsecretarios de Agricultura y Bienes Nacionales, hoy fuera del Ejecutivo. Además, ejercieron como consejeros designados por el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, las siguientes personas: Mylene Valenzuela, Cristián Vives, Hernán Saavedra, Oscar Osorio y Enrique Besnier. Este último es hoy representante del Programa Pro Rural del Ministerio de Bienes Nacionales en la Novena Región.

¿HECHOS ILÍCITOS?Otro problema que se observa en el informe jurídico se relaciona con los hechos que consideran como posibles ilícitos. Por ejemplo, se indica que en 17 casos “el predio individualizado en la demanda inicial no coincide con el predio adquirido en definitiva” y que en otros cuatro “se compraron más predios que los comprendidos en la demanda inicial de la comunidad”.

Si esos criterios se terminan aceptando como delitos en los Tribunales de Justicia, será un golpe al corazón de toda la política indígena aplicada por los Gobiernos de la Concertación.

En efecto, desde la creación de la Conadi hasta ahora, han sido numerosos los casos en que pública y notoriamente se terminó comprando un predio distinto al demandado en forma original por la comunidad mapuche afectada. Esto, con el propósito de resolver su demanda territorial en un escenario en que los actuales propietarios se niegan a vender los fundos o fijan precios por encima de valores de mercado o inaccesibles para el presupuesto de la Corporación.

Por otro lado, el mismo documento “La Política de Tierras de la Conadi” establece en su punto III letra m) un criterio de sustentabilidad para definir la compra de predios: es decir, no sólo se trataría de adquirir tierras con una superficie equivalente a la reclamada por la comunidad, sino de garantizar su subsistencia productiva, lo que ameritaría en determinados casos comprar una cantidad mayor de hectáreas o más de un predio.

El ejemplo más reciente fue el emblemático caso de la comunidad Pascual Coña, que reivindicaba el patrimonio de 70 hectáreas de la reserva de la Hacienda Lleu-Lleu, en la comuna de Tirúa. Fue el conflicto más violento y prolongado de la Provincia de Arauco, en torno al cual se articuló parte importante de la iniciativa de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco.
Frente a la imposibilidad de lograr un acuerdo con el propietario, el empresario Orlando Carvajal, finalmente la Conadi en enero pasado compró a René Larroulet, en 430 millones de pesos, 242.5 hectáreas del fundo El Durazno.

De ese modo, se avanzó en resolver un conflicto que había significado la designación de un ministro en visita, el procesamiento de los mapuches Avelino y Luis Meñaco, decenas de indígenas puestos a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete, cinco incendios y un saqueo, y pérdidas superiores a los 250 millones de pesos.

Ahora, la solución podría transformarse en un hecho ilícito.

CONTRADICCIÓN BÁSICA. El estudio Harasic también estableció como un hecho anómalo en el proceso de compra de tierras la inexistencia de informes previos de la Fiscalía Nacional de la Conadi sobre la “factibilidad jurídica de la aplicación” del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena, que establece los presupuestos legales para hacer procedente la adquisición de un predio. “La legalidad de la disposición de dineros provenientes del Fondo de Tierras está sujeta a la constatación de la existencia de los supuestos legales para su aplicabilidad”, sentencia.

Sin embargo, la propia ministra Alejandra Krauss ha establecido compromisos y acuerdos que transgreden este criterio, así como los previamente reseñados.

Un primer ejemplo: El 24 de agosto del año pasado Mideplan suscribió un acuerdo con la Asociación Comunal Ñancucheo de Lumaco, que encabezan los hermanos Galvarino y Alfonso Reimán, mediante el cual se comprometía a comprar 4.206 hectáreas de tierras para diversas comunidades, las que se entregarían en un período de tres años.

Sin embargo, ese compromiso se estableció sin que existiera informe previo alguno sobre la “factibilidad jurídica la aplicación” del artículo 20 letra b).

Peor aún, en el acuerdo se incluyó la comunidad Antonio Ñirripil, la cual ya había sido beneficiada en 1999 con la compra de predios. Es decir, la oferta de Mideplan de entregarle nuevas tierras debe ser considerada ilícita, conforme a los criterios del estudio Harasic.

Para mayor confusión, en el informe jurídico la transacción que beneficio a esta comunidad también aparece cuestionada, porque se le compraron más tierras que las comprendidas en la demanda inicial y que las contempladas en el acta de acuerdo de la comunidad.

Segundo ejemplo: El lunes 22 de enero pasado, mapuches de las comunidades Huilquilco, Trapilhue, José María Saravia, Huenchuñir y Hueñir ocuparon el fundo Maquehue, propiedad de la Universidad de La Frontera, reclamando el patrimonio de 300 hectáreas. Seis días después, la ministra Alejandra Krauss se reunió con los indígenas participantes en la acción.

En la oportunidad, la secretaria de Estado informó que se acordó establecer una mesa de diálogo, “para que en el plazo de 30 días haya una propuesta de solución a sus necesidades”.

Sin embargo, y conforme a los criterios de la denuncia ahora presentada por Mideplan, ¿cómo se podía ofrecer una solución sin considerar la existencia de un informe previo sobre la “factibilidad jurídica la aplicación” del artículo 20 letra b de la Ley Indígena?
 

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Fragilidad de las evidencias

El hecho que el informe realizado por el estudio jurídico de Davor Harasic se hubiera elaborado sólo teniendo a la vista los antecedentes de las carpetas sobre compra de tierras, constituye una de las debilidades fundamentales de la denuncia interpuesta por Mideplan.

Esto, porque la investigación no consideró otras piezas fundamentales para reconstruir el rompecabezas del proceso de compra de tierras, como las actas de las sesiones del Consejo Nacional de la Conadi.

Tal información no sólo era importante de ser considerada para comprobar la forma en que ese organismo se pronunció frente a transacciones específicas, y los fundamentos que fueron tomados en cuenta, sino porque además hubiera permitido que los investigadores tomaran conocimiento del acuerdo 1-98, adoptado por el Consejo el 8 de enero de 1998, que planteaba resolver la demanda territorial de 59 comunidades indígenas de las Regiones Octava, Novena y Décima.

Inspirado en esa resolución, entre 1998 y el año pasado se ejecutaron 35 compras de tierras, cuya procedencia legal no podría ser evaluada sin tener a la vista la resolución mencionada.
Por otro lado, uno de los argumentos básicos del informe del estudio Harasic para establecer presunciones de ilícitos es la ausencia de documentos clave en las carpetas de las transacciones.

Sin embargo, no es difícil imaginar que esa información podría encontrarse en otras dependencias dentro del laberinto burocrático de la Conadi. Por tanto, su inexistencia podría configurar una “irregularidad administrativa” más que un hecho ilícito digno de ser conocido por el Poder Judicial.
 

El polémico Fondo

Desde que en mayo pasado la Conadi interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Regional por irregularidades en la compra de predios, el Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación ha estado en el centro de la tormenta.

Esto, en circunstancias que se trata de la unidad técnica de mayor importancia de la institución, pues su propósito es resolver la demanda territorial de las comunidades indígenas del país: un hecho clave en el desarrollo del conflicto que ha conmovido el país en los últimos años.

En el período 1998-2000, el Fondo contó con un presupuesto total de $ 23.904.317.000, habiendo comprado un total de 111 predios en el mismo lapso.

Desde que se iniciaron las investigaciones, no se ha realizado ninguna transacción: un hecho que ha causado preocupación en el Gobierno, pues no sólo mantiene vivo el escenario de conflicto, sino porque además hace cada vez más complejo el cumplimiento del compromiso del Presidente Ricardo Lagos en el sentido de recuperar 150 mil hectáreas durante su Gobierno.