Santiago de Chile, Jueves 18 de Octubre de 2001


ATAQUES CON RECOMPENSA.- Con sucesivas acciones violentistas en el fundo Alaska, la comunidad Ignacio Queipul obtuvo a la larga buenos dividendos. Consiguieron que el Gobierno negocie la compra del predio para dárselo a ellos.

POLÍTICA INDÍGENA BENEFICIOS ESTATALES:
Mapuches le doblan la mano al Gobierno

Fernando Rivas e Iván Fredes

FERNANDO RIVAS e IVÁN FREDES

Una noche a comienzos de este mes, el fundo Alaska, propiedad de forestal Mininco, en la Araucanía, nuevamente fue atacado por un grupo de encapuchados.

Tras bloquear los caminos de acceso al predio y emboscar a un guardia forestal, unos 30 violentistas de la comunidad Ignacio Queipul le arrebataron y quemaron su moto, le robaron la radio y los documentos.

Ese mismo fundo - ubicado a 10 kilómetros de Ercilla, en la IX Región y que ha sido objeto de violentos atentados en los últimos 3 años- es el que hoy las autoridades quieren comprar, para traspasarlo a esta comunidad, que es una de las que han protagonizado más hechos conflictivos en la IX Región.

Aunque nadie puede sostener que la totalidad de la política indígena del Gobierno apunte a premiar a los grupos más radicalizados, lo cierto es que hay señales que parecen indicar que es así.

La entrega de predios a ciertas comunidades violentas y el validar como interlocutores a dirigentes mapuches como Aucán Huilcamán ha generado serios cuestionamientos.

Diversas fuentes - tanto en la Conadi, como en Mideplan- coinciden en que este ministerio, al negociar el traspaso de tierras con grupos que hacen uso de la fuerza, alteró la lógica con que venía operando frente a las etnias.

Funcionarios de Conadi, que pidieron reserva de sus identidades, consideran que gran parte del actual escenario ha sido generado por el accionar de la propia titular de Mideplan, Alejandra Krauss.

El caso de Alaska

Sin duda alguna el caso paradigmático es el del fundo Alaska.

A fines del año pasado, los ministros de Interior y Mideplan enviaron a la zona un negociador, Róbinson Pérez, quien inició conversaciones con la chúcara comunidad Ignacio Queipul. Y a pesar de sus reiteradas acciones de violencia en contra de instalaciones y trabajadores del fundo Alaska, se optó por resolver su demanda, en circunstancias que existen otras comunidades en una larga lista de espera y que han optado por la vía institucional.

Llegaron a un acuerdo el pasado 26 de septiembre, firmado por el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, y el lonko de Ignacio Queipul, Juan Catrillanca. En él, la entidad estatal se compromete a gestionar la compra del fundo Alaska (1.840 hectáreas) a forestal Mininco para traspasarlo a 153 familias mapuches.

A su vez, los indígenas se comprometieron a deponer el uso de la fuerza empleado en contra de este predio de la forestal privada.

El acuerdo levantó una ola de críticas. El dirigente disidente de la misma comunidad, Feliciano Cayul, a quien quemaron su casa en 1999, considera que el gobierno escucha a los violentistas y no a quienes optan por el diálogo.

La compra fiscal de tierras para estos indígenas tampoco le cayó bien al empresariado. La gerencia de asuntos públicos de Mininco la califica como un pésimo ejemplo, porque favorece a una comunidad reconocida por su pasado violentista. Agrega que la Conadi sienta el precedente de que sembrando el terror se logran los objetivos, sin ser castigados.

En todo caso, aclara que una eventual venta consideraría sólo el terreno, y se haría tras la cosecha de los bosques de pino existentes.

La ministra Krauss rechaza las críticas. Y enfatiza que no se ha negociado con ninguna comunidad que tenga predios tomados. Y que ninguna ley impide el acceso de personas que usan la violencia a los derechos que el Estado otorga.

Hasta este minuto no hay una condena de tribunales que indique expresamente que dichas personas, después de deponer las tomas, hayan participado en hechos de características violentas, añade la secretaria de Estado, amparándose en que frente al reciente ataque al motociclista del fundo Alaska aún no hay sentencia.

Agrega que si bien en este caso puntual hay un proceso de negociación, el Gobierno no ha comprado una sola hectárea todavía.

Señales negativas

Los dirigentes de esta comunidad que colinda con el predio de Mininco, a su vez, refutan haber usado la violencia en las tomas, en los ataques incendiarios a los campamentos y maquinarias de la forestal y varios enfrentamientos con Carabineros.

Todo eso es falso. Sólo nos hemos defendido de la represión policial, responde el lonko de la comunidad, Juan Catrillanca.

La ministra Krauss afirma que casos como el de Alaska serían una señal negativa si en paralelo no se solucionaran otras demandas de comunidades que no usan la violencia.

Muchas situaciones violentas nacen por conflictos que surgen mucho tiempo antes, y que no son resueltos, no por inoperancia, sino que por falta de recursos, precisa.

Desde 1994 se han entregado 170 mil hectáreas a comunidades indígenas a través de los distintos mecanismos: traspaso de predios fiscales (112 mil hectáreas), compra de predios en conflicto (31 mil hectáreas), subsidios (7.450 hectáreas), y recientemente la regularización de propiedades (19 mil hectáreas).

La suma final, entre compras y subsidios de tierras, arroja 29 mil millones 697 mil pesos, a pesar de lo cual la demanda de las etnias está lejos de ser satisfecha.

Aucán a dos bandas

Un ejemplo claro del errático accionar de las autoridades es el caso de Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, una de las principales organizaciones tras la movilización en la IX Región.

El año pasado, Mideplan apostó por subirlo al carro de la institucionalidad. Funcionó un tiempo porque el dirigente mapuche realizó un constante doble juego: por un lado, dialoga con las autoridades, y por el otro, moviliza a las comunidades.

Huilcamán lo niega, pero hoy el werkén es considerado un dolor de cabeza en el Gobierno. Y ha recibido duras críticas en su propia comunidad, la Juan Maica, cercana a Traiguén, por haberse favorecido a sí mismo.

El año pasado, el dirigente negoció con forestal Millalemu la entrega de 34,6 hectáreas plantadas con pino insigne, cuya tala podría generar utilidades por 50 millones de pesos. Para recibirlas, formó un grupo de comuneros con familiares y amigos, cuyo representante fue su padre, José Huilcamán.

Sus primos Víctor y Manuel Huilcamán, quienes no fueron incluidos, lo denunciaron por trato discriminatorio ante Carabineros y la Conadi.

El premio a la rebeldía

Becados se han tomado 13 veces la Conadi.

La contradictoria política del Gobierno - según fuentes de Conadi- también se refleja en su manejo de los tres internados para universitarios mapuches de Temuco.

Estos jóvenes han realizado vandálicas tomas de la Subdirección Sur de la Conadi para exigir más cupos. Sus dirigentes dicen que sólo se defienden ante la represión policial.

La última ocupación fue el 10 de octubre y dejó daños avaluados en 30 millones de pesos, y obligó al Gobierno a trasladar las oficinas.

El subsecretario de Mideplan, Jaime Andrade, sin embargo, instauró la semana pasada una mesa de diálogo con los dirigentes estudiantiles mapuches para buscar una solución antes de fines de mes.

La Conadi gasta 6 millones de pesos mensuales para financiar la residencia y alimentación de 114 mapuches de esos tres hogares.

El Hogar y Centro Cultural Mapuche colinda con las oficinas de Conadi. Los estudiantes han saltado el muro las 13 veces que se han tomado esa sede en los últimos tres años.

De los 80 residentes, la mitad recibe mensualmente la beca indígena por 50 mil 915 pesos. Además, 22 de ellos estudian Pedagogía Intercultural Bilingüe, cuyo costo anual asciende a los 750 mil pesos, de lo cuales hasta el 80% es financiado por becas Conadi-Mineduc. En la práctica, varios estudiantes acumulan hasta cuatro beneficios estatales.

Como los estudiantes declararon los internados autónomos, ningún funcionario de Conadi puede ingresar a supervisar sin la autorización expresa de sus dirigentes.

A pesar de sus bajas calificaciones (con promedios entre 4 y 4.5), estos residentes obtienen beneficios que el resto de la comunidad mapuche universitaria considera discriminatorios. Son 1.400 alumnos que estudian en las universidades de la Frontera y Católica de Temuco y que reciben mucho menos ayuda de los organismos fiscales.


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