Santiago de Chile, Lunes 30 de Julio de 2001

Extremismo en Araucanía

La política de la Concertación frente al problema indígena ha sido profundamente equivocada y dañina para todo el país. En realidad, el problema que debe abordarse con máxima prioridad es la extrema pobreza, cualesquiera sean los antepasados de quienes la sufren. En vez de eso, la Concertación optó por una visión entre racista y seudorromántica, pretendiendo preservar artificialmente una supuesta raza y cultura indígenas, en un mundo globalizado que hace impracticable tal empresa. Y, aunque lo fuera, sería indeseable no sólo para el país, sino para sus no consultados beneficiarios. Ni siquiera podría definirse qué se quiere preservar, pues lo que existe hoy no es una "cultura indígena", sino el resultado de cinco siglos de mezcla cultural.

Esta política indigenista pretende mantener a los grupos beneficiarios al margen del mundo moderno, en un colectivismo atado a tierras que sólo pueden perpetuar su extrema pobreza. Si a los afectados se les permitieran las herramientas institucionales normales para todos los chilenos, su desarrollo podría avanzar a la par. Pero, advirtiendo la debilidad y confusión de las autoridades, buscan, como cualquier persona, su mayor beneficio y hacen exigencias que trastornan gravemente el orden social, jurídico y económico del país. Además, apoyados algunos núcleos de ellos por instancias internacionales, ideologizadas e instrumentalizadas desde la izquierda, y tal vez en ciertos casos por intereses foráneos contrapuestos a los nacionales, ciertos grupos calificados como indígenas han venido desplegando una creciente violencia. El pasado miércoles, en Temuco, unos 500 de ellos atacaron sin provocación a Carabineros, la Intendencia, bienes públicos y privados, levantaron barricadas y saquearon una gasolinera para elaborar artefactos incendiarios. Tales disturbios tuvieron un saldo de 14 policías lesionados, un transeúnte herido y 120 detenidos, además de daños millonarios. Se adujo una protesta contra la reforma procesal penal, que, naturalmente, se está aplicando respecto de los múltiples y graves delitos en que incurren los mapuches. Pero tal motivo es falaz, pues también el antiguo sistema procesal se aplicaría contra tales hechos, sólo que con la ineficacia que le es propia. Y si no se aplicara ningún sistema judicial, significaría que el Estado habría abdicado de su soberanía sobre estos grupos y estaría concediendo la "autodeterminación" que ellos exigen. Así, la unidad del país estaría en jaque.

El Gobierno cosecha, pues, lo que sembró, pero todo el país paga por su enorme error y su obstinación en mantenerlo. En particular, sufre las consecuencias la propia IX Región, cuyas posibilidades de desarrollo, con políticas sensatas, son considerables. Muestra de ello es que, mientras todo lo anterior ocurre, el sector privado, impulsado por algunos funcionarios públicos de mentalidad moderna, en una singular alianza en el seno de la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, avanzan en la creación de un enclave industrial moderno, en el que participan gremios empresariales, universidades y entidades públicas locales: en 430 hectáreas, entre Temuco y Lautaro, debe operar el primer Parque Industrial y Tecnológico de la IX Región, donde podría instalarse más de un centenar de empresas, cumpliendo rigurosas exigencias ambientales. Frente a los desmanes comentados, se trata de un contraste paradójico, pero esperanzador.


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