martes 4 de diciembre de 2001

Fuego en hacienda Lleu-Lleu
¿Los sospechosos de siempre?

Héctor Ruiz Arias
Ilustración: Domingo Baño A.

actual1.jpg (16592 bytes)Para Osvaldo Carvajal y sus trabajadores la hacienda Lleu-Lleu se ha tornado una especie de "Far West" criollo. La noche del sábado 24 un grupo de seis encapuchados armados ingresaron por la fuerza a la vivienda del cuidador, Miguel Valenzuela, encañonando a su indefensa familia. Tras matar a balazos a un perro, los desconocidos incendiaron su hogar y pertenencias, para luego hacer lo mismo con la casa patronal.

Todo volvía a arder 195 kilómetros al sur de Concepción; y por octava vez desde febrero de 1998. Parafraseando a Albert Camus se podría decir que son como ocho breves golpes en la puerta de la desgracia; pues el que todavía no haya responsables sindicados en el último siniestro y ningún culpable por los vandalismos anteriores, es prueba suficiente de que en cuatro años de ataques los alrededores del predio se convirtieron en una suerte de tierra de nadie.

Según Osvaldo Carvajal (que al igual que el intendente Jaime Tohá estampó en el Juzgado de Cañete una querella contra quienes resulten responsables) lo que está ocurriendo es consecuencia de la irresponsabilidad política del gobierno anterior, que ocultó el problema calificándolo de "casos puntuales". Recuerda que ante las evidencias aportadas al Poder Judicial en 1999, la Corte de Apelaciones de Concepción le concedió protección. Sin embargo, durante ese año ocurrió una seguidilla de amenazas, saqueos e incendios que, afirma, las autoridades de la época atribuyeron a la carencia de "guardias privados" en la reserva.

"¿Nos corresponde a los privados tener que asumir nuestra autotutela en un tema que tiene claros visos políticos?", exclama molesto el empresario turístico. "Creo que es muy necesario que los que usen las armas, estos "guardias" que me piden a mí, sean aquellos a quienes la Constitución les otorga la potestad para poder manejar armamento", arguye.

A río revuelto

Pero la falta de dotación de Carabineros no es exclusividad de la Provincia de Arauco. En Queuco, Alto Biobío, la situación no es menos preocupante. Allí cerca de 300 familias de colonos, que han vivido por tres generaciones dedicados a la agricultura y la ganadería, hoy sufren hostigamiento por parte de un grupo de más de 400 pehuenches que habitan el sector de Malla-Malla. A tal punto que presentaron un recurso de protección por genocidio a la Corte de Apelaciones penquista, pues reclaman haber sido obligados a firmar bajo amenaza un documento que consigna su retiro definitivo del territorio al 20 de diciembre.

"Esto es un genocidio, porque están trasladando a la gente en forma forzada. Y el genocidio no es solamente la muerte, sino también el traslado forzado por razones étnicas", manifiesta el abogado constitucionalista Fernando Saenger, visiblemente alterado por la ineficacia policial en las cercanías de Ralco. Allí, los fundos Trompelhueno y los Chenques, cuya propiedad comparte con Pedro Esquerré, permanecen tomados desde marzo por pehuenches de la comunidad Cauñicú. "En la Octava Región todo lo que tiene que ver con la acción judicial es lentísimo. En Santa Bárbara dos meses atrás quemaron dos camiones y una retroexcavadora. Hasta este instante no podemos saber quién está preso por ese delito", agrega.

Los acontecimientos de Lleu-Lleu (sumados al casi simultáneo ataque a seis trabajadores forestales de Bosques Arauco, perpetrado por 15 encapuchados en Tirúa Sur) inevitablemente vuelcan los ojos sobre la Coordinadora Arauco-Malleco y la comunidad Pascual Coña. Sobre todo cuando hay diez mapuches procesados por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado tras el acto incendiario del pasado 26 de enero en la misma hacienda.

Informaciones publicadas en páginas de internet anarquistas (www.ainfos.ca) y del movimiento de jóvenes universitarios "Resistencia Mapuche" (www.resistenmapu.nav.to) apoyan esta tesis. En el primero figura un comunicado de prensa fechado el 27 de mayo de 1999, y supuestamente escrito por José Huenchunao, donde el vocero de la Coordinadora reivindica el cuarto incendio al predio de Osvaldo Carvajal (a quien el texto se refiere como "usurpador de 300 hectáreas"), provocado en la madrugada del miércoles 26 de mayo de ese año.

En el segundo sitio web, en tanto, se señala que "el uso de la violencia por parte de la Coordinadora está restringido al ámbito de la defensa del Territorio y de la autodefensa de las comunidades, y no responde a planteamiento ofensivo alguno. En ese marco se entienden las acciones mínimas de sabotaje que han afectado a las empresas forestales y a sus guardias paramilitares, y los enfrentamientos entre militantes mapuche y fuerzas especiales de Carabineros".

Uno de los abogados defensores de los comuneros indígenas, Pablo Ortega, pone en duda la autoría de los portales electrónicos, como también la participación de miembros de la Coordinadora en el siniestro del sábado 24. "La Coordinadora es una organización social de masas donde participan hombres, mujeres y niños; y cuyo fin no es delinquir, sino crear una conciencia política en las comunidades, de reivindicación de su cultura y de la dignidad de ser mapuches. Y las acciones de los últimos días no responden a ese criterio".

Dialogo de sordos

Pero el problema de fondo en el conflicto indígena es precisamente que la autoridad negó por años su existencia. A las tomas, quemas y saqueos se les bajó el perfil en forma sistemática para tildarlos de "hechos focalizados". "El tema mapuche está cruzado por tres variables. Primero, el resurgimiento de la conciencia de sí en los pueblos originarios, y su lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Segundo, un Estado que está en una traumática transición a la democracia. Y tercero, la acción de facto de las transnacionales, que no respetan soberanía y son movidas solamente por el lucro", opina Pablo Ortega.

Para el sociólogo rural Claudio González, doctor en Relaciones Internacionales y estudioso del tema indígena, el gran responsable de los conflictos de la Provincia de Arauco, del Alto Biobío y otras reservas de pueblos originarios, es el gobierno. Y lo es porque ha actuado "apagando incendios", resolviendo en forma tardía, burocrática, centralizada y superficial sobre grupos humanos cuya estructura sociopolítica no es piramidal, y cuyo tramado histórico es de una complejidad irreductible.

"Si yo voy a conversar a una comunidad indígena que tiene cierto problema, permanezco con la comunidad hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero a un acuerdo consensuado y no sólo a nivel de dirigentes. Hay todo un procedimiento histórico de cómo se hacen los arreglos en las comunidades indígenas. Porque si no hay diálogo, si no hay comunicación, va a haber violencia", concluye González, docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción.

Así se explica en parte el que haya mapuches radicalizados (los más jóvenes, muchos de ellos con estudios superiores en humanidades y ciencias sociales) y otros moderados (los mayores) para los cuales el principio de la autodeterminación y la voz "mariciweu" (¡diez veces venceremos!) no son un dogma a seguir. De hecho, las fricciones al interior del mismo pueblo mapuche son una realidad bastante frecuente. Prueba de ello es que la Coordinadora Arauco-Malleco ha acusado en más de una ocasión al Consejo de Todas las Tierras de tener posiciones afines a los intereses del Estado.

Finalmente, no es un misterio que el proceso de "Recuperación de Tierras" -iniciado en el marco de la conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de América- es en gran parte producto de la pobreza, el hacinamiento y la falta de inversión en infraestructura educacional a que han estado sometidos los aborígenes por décadas. Ello ha detonado un fenómeno insurreccional no tradicional, desconocido para la sociedad chilena del siglo XX. Aún cuando las sublevaciones indígenas son todavía minoritarias, es claro que se está frente a un fenómeno creciente que se ha transformado en una pesadilla para quienes tienen que lidiar con él. Mientras la autoridad no asuma que se trata de un problema político antes que delictual, la ingobernabilidad, el atropello al Estado de Derecho y el diálogo de sordos persistirán. Y las quemas, por cierto, también.

Osvaldo Carvajal Rondanelli, propietario de la hacienda Lleu-Lleu
"La impunidad es extrema"

-Tras ocho atentados, Carabineros mantiene resguardo policial en su predio, lo cual en la praxis significa una ronda diaria de efectivos en el lugar...

-Claro. ¿Cómo una ronda diaria va a impedir la ejecución de un atentado incendiario? El punto es que una ronda policial es un "mejoral" para alguien que tiene una enfermedad grave. No es la solución al problema.

-El conflicto mapuche se ha transformado en un lastre que ya cumplió nueve años.

-Este gobierno carga sobre sus espaldas un tremendo lastre que fue el manejo irresponsable que hizo el gobierno anterior (de Eduardo Frei R-T) de este conflicto. Se pasaron mucho tiempo negando la existencia del problema. Creo que hay un discurso absolutamente distinto en el gobierno de Frei que en el de Lagos. Uno es que el primero negó la existencia del conflicto, el segundo lo reconoce, lo asume y trata de hacer lo que está en sus manos.

-¿Usted cree que el problema pasa porque durante años la autoridad no tomó conciencia de que tras de estos atentados hay acciones de grupos organizados?

-Yo escuché decir a un importante funcionario del Estado que la Coordinadora Arauco-Malleco no era un organización porque no tenía RUT. Pero sin embargo hay un investigación por asociación ilícita en el tribunal de Cañete que investiga precisamente a gran mayoría de los miembros de esta Coordinadora. Lo que tenemos es una organización que tiene métodos, fines y cuadros orientados a cometer ilícitos.

-Entonces, a su juicio ¿qué papel debe asumir el Estado ante estos ilícitos?

-Hay que tener el coraje para desmantelar la organización terrorista (porque no la puedo calificar de otro modo) que existe detrás de los grupos más radicalizados del movimiento indígena. Pero hay que tener voluntad, así como hay voluntad en el mundo para luchar contra el terrorismo. No hay que tener pelos en la lengua para calificar como terrorista a un encapuchado que entra a una casa armado y que encañona a una familia, para después quemarle su casa y sus enseres.

-¿La impunidad es el catalizador?

-La impunidad es extrema, porque todos los estamentos que tienen que participar en hacer justicia en esto se culpan mutuamente del resultado. Los políticos dicen que le corresponde a los tribunales. Los tribunales dicen que le corresponde a los organismos de seguridad que tienen que aportar los antecedentes para que ellos, a su vez, juzguen. Y los organismos de seguridad dicen que políticamente tienen que recibir las señas correctas respecto a cómo solucionar el problema. Por lo tanto, quedamos las víctimas en terreno de nadie. Tanto es así que en los 21 procesos que tenemos en el Juzgado de Cañete no hay un detenido.


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