miércoles 1 de agosto de 2001

Causa por Ley de Seguridad en Lleu-Lleu
Gobierno pide acusar a mapuches
por impedir el trabajo agrícola

El intendente Jaime Tohá, a través de la abogada Carmen Barra, solicitó al ministro Eliseo Araya acusar por obstrucción de la labor agrícola en la hacienda Lleu-Lleu a los siete comuneros mapuches procesados en el marco del requerimiento por Ley de Seguridad del Estado.

Así se conoció ayer en la Corte de Apelaciones de Concepción después que los abogados de los indígenas, Rodrigo Calderón y Pablo Ortega, impugnaron la notificación sobre el estado de la causa. La medida fue pedida debido a que los antecedentes entregados en dicha notificación estaban incompletos.

Avelino Meñaco, Manuel Fren, Héctor Llaitul, Nancy Millanao, Gumercindo Leiva, Juan Leuman y María Llanquileo están encausados por alterar el orden público e impedir la actividad económica del dueño de la hacienda Lleu-Lleu, Osvaldo Carvajal.

Los procesamientos fueron dictados a raíz de la investigación de una toma de parte del predio el 26 de enero, originada por la querella presentada tres días más tarde por el intendente Tohá. Durante el ingreso de los comuneros al terreno fueron quemadas 18 hectáreas de rastrojo de trigo.

Tras cerrar el sumario, el ministro Araya remitió el expediente a la Segunda Fiscalía de la Corte de alzada, cuya titular evacuó un informe en el cual recomienda desestimar la eventual acusación por obstrucción del trabajo agrícola, manteniendo sólo el cargo por alteración del orden público.

La Intendencia de la Región del Biobío rechaza esa postura. La abogada Barra argumenta su petición al precisar que si se estaba cosechando trigo al momento de los incidentes y había rastrojos, entonces ''es obvio que hay actividad agrícola''.

Los abogados Calderón y Ortega, por su parte, estiman que ''si había rastrojo quiere decir que hubo cosecha, por lo tanto la labor agrícola se había consumado y entonces nunca se impidió''.

Los profesionales solicitaron al magistrado Araya efectuar nuevamente la notificación de la acusación del intendente Tohá, tanto con la presentación del gobierno así como con la de la Segunda Fiscalía Judicial, para evitar que se anule parte del proceso en el futuro.



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