lunes 12 de marzo de 2001


Tomas del conflicto mapuche
Eterna pugna por la tierra

Héctor Ruiz Arias

El conflicto mapuche reviste complejidad desde la óptica que se adopte. Para bien o mal de unos y otros, la imagen que se repite, cada vez en más pantallas de televisión, es la de unidades de Carabineros repeliendo la ofensiva -o defensiva- de un grupo de encapuchados dispersos en un bosque de pinos.

Sin embargo, tras la virulencia de estas escaramuzas, de los presuntos implicados en las refriegas y las manifestaciones mapuches más austeras, lo que subsiste en la base de la pirámide de petitorios indígenas es el dominio de la tierra. Aquella que consideran sagrada y de propiedad ancestral, y cuya jurisdicción han peleado por siglos contra conquistadores, colonos y el ejército chileno (durante la Pacificación de la Araucanía).

Por otro lado, esos mismos predios pertenecen legalmente a particulares y empresas forestales, que con las tomas ven vulnerado su derecho de propiedad. ¿De quién es la tierra entonces? La pregunta posee dos respuestas y una lista interminable de argumentos en ambos sentidos.

La raíz está en la tierra

''Tenemos que ser muy claros y muy enfáticos en el respeto al Estado de Derecho, y explicar al mundo que en Chile no se persigue a nadie. Es cierto, hay una deuda de tipo histórico y la forma de reparar aquello es a través de la entrega de 150 mil hectáreas al pueblo mapuche, y lo estamos haciendo'' respondió el Presidente Lagos al empresario Fernando Leniz -a quien desconocidos le quemaron una casa al interior de la X región-, al ser consultado por el conflicto en un programa de televisión abierta, la noche del martes.

En efecto, los traspasos territoriales son un compromiso capital para el gobierno, como lo recalcó la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, al conversar con El SUR: ''El año pasado entregamos 41 mil hectáreas y vamos a trabajar en esa dirección''. No obstante, esa cantidad aún no es suficiente para tranquilizar a las casi 60 comunidades indígenas -que de un total de tres mil- han optado por un camino distinto al diálogo. Y el presupuesto de la Conadi, que en casi dos tercios está destinado a la compra de tierras, tampoco lo es. Por ello, las tomas siguen -y seguirán- protagonizando la agenda noticiosa y causando malestares a los dueños de predios.

''Las tomas, como su propio nombre lo dice, son ilícitas, ilegales. Cualquier acto que vaya contra la ley, va contra el Estado de Derecho. Esto es una violación al derecho de propiedad, al derecho de dominio que la Constitución establece'', aclara Fernando Saenger, abogado constitucionalista y afectado, junto a Pedro Esquerré, por la ocupación de los fundos Trompelhueno y Los Chenques, protagonizada por un grupo de pehuenches de la comunidad Cauñicu, hace diez días en el Alto Biobío.

''Ni se han preocupado de desalojar el terreno -señala enérgicamente Saenger-, hay una abulia, una actitud despectiva de los tribunales y de los jueces en este sentido. Le tienen temor y terror al problema indígena. En definitiva, se toma un campo ¿y qué quieren?, que los dueños pidan la fuerza pública, que los dueños sean los verdugos''.

La toma virtual

''Reconocemos las reivindicaciones del mundo indígena. Pero creemos que la única vía de solución es la del diálogo, y quienes se aparten de ella, están sujetos a los ilícitos que corresponden'', precisa Edgardo Lienlaf, director nacional de la Conadi, y luego añade, ''empezamos a trabajar cuando la comunidad abandona el predio, sólo después iniciamos los procesos de diálogo''.

Pese a lo anterior, recurrir a la toma como medida de presión para precipitar el diálogo, parece una práctica bastante más efectiva para las comunidades en pugna territorial. ''Yo estoy de acuerdo con la recuperación de tierras -aclara Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y miembro de Identidad Lafquenche-, habría que preguntarse de qué Estado de Derecho estamos hablando. ¿Qué pasó con el Estado de Derecho de los mapuches hace 150 años? ¿cómo se violó el Estado de Derecho por parte de estos particulares, especialmente de empresas forestales, para poder acreditar propiedad? Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Y yo estoy por lo legítimo''.

Para el gobierno las tomas son aisladas y muchas veces obedecen a un criterio más bien instrumental de difusión del movimiento indígena, como sostiene la ministra Krauss: ''Podemos señalar categóricamente que en este periodo, entre el 1 y 2 por ciento de la totalidad de comunidades mapuches existentes realizaron tomas de distinta naturaleza, sin embargo, esa dimensión del conflicto los medios de comunicación no la han mostrado al país. Se trata entonces de un conflicto absolutamente focalizado y que estimamos responde a una estrategia comunicacional. Incluso, hemos constatado una serie de tomas 'virtuales'. Vale decir, se cita a los medios, se toma el fundo, se saca la foto y se acaba la toma. Por ello, pensamos que las tomas no representan al gran mundo indígena''.

Reconocimiento político

Pero la discusión no culmina allí. Pese a que el pueblo mapuche no estructura de manera vertical su dirigencia, y por lo tanto, carece de una voz única que entable peticiones frente al gobierno, hoy cobran fuerza demandas políticas comunes en los grupos más radicales que, sustentadas en la recuperación de tierras, no sólo buscan ser acogidas por el Estado, sino también lograr adherencia en la sociedad civil.

''Identidad Lafquenche no reconoce al Estado como un legítimo ente. Porque difícilmente podemos hacernos parte de un Estado que responde a conceptos y valores monolíticos. En cambio, sería diferente si el Estado se declarara pluriétnico o multinacional'', afirma categóricamente Luis Llanquilef, werkén de esta agrupación mapuche que emprendió una caminata de 210 kilómetros desde Tirúa hace una semana, para instaurar en Concepción una ''Cumbre Social'', con la participación de juntas de vecinos, sindicatos, colegios gremiales y otras entidades sociales.

Las peticiones expuestas por la Identidad son en esencia de carácter político. Entre ellas, está el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, la aprobación del convenio 169 de la OIT, y la conformación de una 'Comisión de Verdad y Deuda Histórica', pues rechazan la validez de la 'Comisión Verdad y Nuevo Trato' establecida por el gobierno y en la cual, según la ministra Krauss, los lafquenches se habrían negado a participar.

Sin lugar a dudas, lo que genera mayores enconamientos es el reconocimiento de espacios territoriales autónomos. ''Somos objetos de desarrollo y queremos ser sujetos de desarrollo'', afirma Adolfo Millabur y agrega ''queremos participación política, con una estructura política al interior de los espacios territoriales, que tenga facultades exclusivas para poder decidir los destinos de las comunidades mapuches''.

Demandas que son extrapolables a otras organizaciones del movimiento indígena, como el Consejo de Todas las Tierras, cuyo representante Aucán Huilcamán precisa: ''El pueblo mapuche debe ser reconocido dentro de un status político, jurídico e institucional que hoy no existe. Por ejemplo, en la creación de un parlamento indígena, que nos permita relacionarnos con el conjunto de la sociedad chilena y Estado chileno, que nos permita conocer el presupuesto nacional y que sea el espacio donde diseñemos nuestra estrategia de desarrollo''.

Aunque en apariencia puedan sonar independistas, los líderes aseguran que estas ideas no involucran en absoluto una fragmentación del Estado Chileno, ni menos aún la constitución de un segundo Chiapas. Al respecto, el abogado Pablo Ortega, quien ha defendido bulladas causas mapuches señala ''he escuchado muchas críticas, que si se reconoce la existencia de mapuches, aymaras, etc. se vulnera el Estado Unitario. Pero no es así. Estados Unidos es un Estado federal, sin embargo, nadie piensa que se va a desmembrar Estados Unidos. Esos temores nacen de una concepción centralista del Estado''.

Resquicio legal

El tema mapuche no se puede ocultar. Pero no por ello, hay que magnificarlo, ni menos aún, restringirlo a la mera sobreexposición de hechos de fuerza. La población total de mapuches, hoy bordea el millón de habitantes, pero más de la mitad de ellos vive en la Región Metropolitana. Lo que impide hablar de un conflicto generalizado.

La entrega de tierras no es un fin en sí mismo. Además del valor simbólico que para los indígenas posee, debe existir un desarrollo económico integral que las haga sustentables, como ha señalado la ministra Krauss: ''El tema indígena no es sólo tierra, es mucho más que eso. Es desarrollo productivo, salud, educación, cultura, fortalecimiento de las propias comunidades''.

Para los dirigentes del movimiento es esencial lograr reivindicaciones políticas, que no pueden ignorarse. Sin embargo, es vital asegurar primero la subsistencia de ese pueblo, y evitar el atropello a la institucionalidad que conlleva una toma. Pues, aunque ellos desconozcan el imperio del Estado de Derecho, una vez concluida la ocupación deben negociar con el gobierno, y por ende, validar ese mismo Estado de Derecho cuya legitimidad cuestionan.

¿Un nuevo precedente jurídico?

En 1992, en el marco de los 500 años del descubrimiento de América, 144 mapuches -entre ellos, Aucán Huilcamán- ocuparon 18 predios particulares y de empresas, dando origen a lo que hoy se conoce como proceso de recuperación de tierras indígenas. El entonces ministro del Interior, Enrique Krauss, interpuso un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, que culminó con una condena por asociación ilícita y usrupación de tierras, dictada en 1996 por el ministro en visita Antonio Castro Gutiérrez.

No obstante, el caso traspasó los límites nacionales en 1998, cuando el líder mapuche interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque no se le habían respetado las normas del debido proceso. La denuncia fue acogida, ya que en 1991, el país adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención de San José de Costa Rica.

La demanda culminó con la suscripción de un acuerdo amistoso entre las partes, para llegar a una solución definitiva -que incluiría compensaciones a los indígenas- en un plazo de noventa días. Sin embargo, el martes por la tarde, la Cancillería envío una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Jorge E. Taiana, en que solicitó eliminar un apartado en que se descalificaba el fallo chileno.

La versión original del documento señala que ''el Gobierno deja sentada su posición en el sentido de que las aberraciones judiciales cometidas en este caso en Chile constituyen exclusivamente errores de dicho órgano del Estado y no un conflicto entre el Gobierno y la comunidad mapuche''. Pese a reiterados intentos para cotejar una aclaración al respecto, el director jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, eludió una entrevista con este medio.

Lo gravísimo es que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores califiquen un fallo judicial como aberrante ante un corte extranjera, y más aún, que expresen que esos errores serían exclusivos del Poder Judicial. Porque el artículo 73 de la Constitución Política señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas, y hacer ejecutar lo resuelto, corresponde sólo a los Tribunales de Justicia.


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