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Año LXXXVI - Nro. 31.018Martes 25 de diciembre de 2001

En libertad lonco de Temulemu

La jueza de Garantía de Traiguén determinó dejar en libertad al comunero por falta de mérito.

La jueza de Garantía de Traiguén, Silvia Molina, quien presidió la audiencia de formalización de la investigación del lonco de Temulemu Pascual Pichún realizada ayer en ese tribunal, acogió la petición de la defensora penal pública, Sandra Jélvez y decretó la libertad para el dirigente mapuche, por considerar que no había elementos suficientes para configurar un delito terrorista.

Cabe consignar que efectivos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la policía civil en conjunto con la Fiscalía de Traiguén, detuvieron al lonco como principal implicado en el atentado incendiario que destruyó la casa en el fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa.

LIBRE

En la sesión, realizada bajo fuertes medidas de seguridad, el fiscal solicitó ampliación del plazo de detención por un plazo de 7 días más, atendiendo a que la Constitución contempla para efectos de delitos terroristas una norma que permite la ampliación del plazo de detención hasta 10 días, situación que a juicio de la jueza no estaba dada, señalando que era ella a quien le correspondía calificar la naturaleza de los delitos y que en su opinión no se configuraban conductas terroristas en este caso, dejando en libertad al presunto imputado.

Fuentes de tribunales informaron que esta tesis es contraria a lo expuesto por el fiscal, porque la calificación de los delitos es rol del Ministerio Público y no de los jueces de Garantía.

En un principio la defensa del imputado la asumió el defensor penal público de Traiguén, Ricardo Cáceres, pero luego el caso quedó en manos de la profesional Sandra Jélvez, de la Defensoría Mapuche, unidad creada por la Defensoría Penal Pública para atender a los imputados por delitos que se enmarcan en el conflicto mapuche.

Una vez terminada la audiencia, el dirigente de la comunidad Temulemu, fue recibido por sus familiares y miembros de su comunidad, quienes afirmaron que sólo se había hecho justicia.

El viernes se había realizado en ese tribunal la audiencia de control de detención, donde a diferencia de ayer, la magistrada acogió la petición del fiscal a cargo del caso y amplió el plazo de detención por tres días, a la espera del resultado de algunas diligencias.

El Ministerio Público informó que llevará este debate jurídico a la Corte de Apelaciones de Temuco, para que sea ésta instancia quien se pronuncie respecto si procede o no de la ampliación de plazo de detención. Cabe señalar que la solicitud del fiscal estaba fundada en que aún restaban antecedentes y diligencias para formalizar investigación en contra del imputado, siendo vitales los días solicitados para haber reunido mayores antecedentes.

A través de un comunicado, el organismo encargado de realizar la persecución penal afirmó que esperaba que "la Corte revoque el polémico fallo, especialmente cuando se trata de hechos que han provocado gran conmoción en la zona".

DETENCION

La detención del dirigente mapuche se produjo la mañana del viernes, bajo los cargos de asociación ilícita, amenazas condicionales e incendio.

La aprehensión del comunero es el resultado de la investigación que hace semanas realizaba personal de la Bicrim de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.

Uno de los principales delitos que se le imputan al dirigente mapuche, es haber participado en el atentado incendiario ocurrido la madrugada del 13 de diciembre y que redujo a escombros el inmueble ubicado en el fundo Nancahue, distante a 24 kilómetros de Traiguén.

La construcción emplazada en el predio propiedad del ex ministro de Agricultura del Gobierno de Patricio Aylwin, era habitada por su hijo, quien resultó ileso, luego que una decena de encapuchados le prendiera fuego al inmueble, dejando pérdidas millonarias.

El hecho no sólo dejó pérdidas económicas, sino que sembró la incertidumbre y la angustia en quienes viven en el fundo.

A raíz de lo anterior, el abogado de los afectados presentó una querella, en la cual solicita enmarcar las diligencias en la aplicación de la ley antiterrorista. Tras conocer los antecedentes, el Juzgado de Garantía emanó una orden para investigar el atentado incendiario.


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