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Año LXXXVI - Nro. 30.901Jueves 30 de agosto de 2001
 

Diputado acusa malversación en la Conadi

El diputado tiene en su poder toda la documentación que sustenta su denuncia y por ello asegura que hubo malversación de fondos. 

"Malversación de fondos públicos" sería la causa del sumario administrativo que se está aplicando a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), de acuerdo a lo declarado por el diputado de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien explicó que el rechazo de 230 contratos por la Contraloría de la República se debe a que se destinó fondos para pagar honorarios y no para lo que se debería por Ley.

García declaró que los dineros fueron extraídas del Fondo de Tierras y Aguas, que es sólo para adquirir terrenos y la constitución de derechos de agua; para pagar personal, bienes y servicios de consumo, lo que para él sería "malversación de fondos públicos", cuestión que debiera dar lugar a un juicio de cuentas.

Agregó que la irregularidad sería más amplia porque no sólo se sacaron fondos durante el año 2000 y 2001, sino que además a las personas contratadas a honorarios se les dio vacaciones y feriados pagados.

García expuso que los honorarios de los 230 funcionarios de la Conadi son de hasta 2 millones de pesos, con 12 contratos entre un millón y 2 millones de pesos, y 101 personas que recibieron honorarios entre 500 mil y un millón de pesos.

"Aquí hay mucho pago de favores políticos y mucha contratación de proselitistas políticos, partidarios de la Concertación que tiene por finalidad participar de las campañas políticas tanto a favor del Gobierno como de sus candidatos", declaró García.

Para el diputado este problema no sólo perjudica a los funcionarios de la Conadi sino que a las personas mapuches. "Es abismante, porque se gasta el 10 por ciento total de la Conadi en honorarios, en vez de comprar tierras y financiar proyectos que mejoren la vida de los campesinos mapuches".

CONTRALOR

El contralor regional, Ives Zegers, explicó que la Contraloría General recibió una petición de investigación de la Cámara de Diputados, en la cual se solicitaba comprobar una denuncia de Lavandero sobre personas contratadas a honorarios que estarían realizando actividades de orden político, durante las primarias.

"La Contraloría atendió la petición y no se pudo comprobar el activismo político, sin embrago, en la revisión la Contraloría verificó que el año 2000 se devolvieron los contratos a honorarios, atendiendo a que estas contrataciones habían sido "imputadas erróneamente" y, por lo tanto, presupuestariamente no era posible aceptarlas".

"Cuando hicimos una nueva revisión vimos que se había recontratado a algunas personas bajo las mismas modalidades, pero que -a su vez- se estaban haciendo los trámites ante Ministerio de Hacienda y Mideplan para obtener los recursos para financiar este tipo de contrataciones".

De acuerdo con esta situación verificada, Ives Zegers manifestó que se dispuso una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades administrativas, materia que fue incluida dentro del sumario que se está haciendo a Conadi sobre la adquisición de tierras.

"No podemos anticipar opinión -dijo Zegers- porque estamos en la etapa indagatoria del procedimiento disciplinario y todas las materias que se están investigando forman parte del secreto de sumario, y sólo tendremos opinión definitiva cuando se determine responsabilidades".

LIENLAF

El director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, informó que durante el día sostuvo reuniones con el contralor y que se encontraba tranquilo, porque la situación se refería a cuestiones que se están regularizando.


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