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Año LXXXVI - Nro. 30.890Domingo 19 de agosto de 2001

No descartan despidos en la Conadi

"Sí. He sido citado a declarar por la Fiscalía, la Contraloría y también por el auditor ministerial".

"No soy partidario de la violencia", afirma el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Edgardo Lienlaf Nahuelñir, 38 años, mientras acomoda sus delgados lentes.

Lo sorprendimos en su oficina trabajando afanosamente en el proceso de reestructuración que muy pronto comenzará a vivir la Corporación y afirma que los cambios tendrán como propósito garantizar transparencia, eficiencia y calidad en los servicios.

Asumió la máxima jefatura del organismo el 25 de mayo del año pasado y quizás nunca imaginó que meses después iba a enfrentar uno de los momentos más difíciles de la Conadi, que originó una exhaustiva investigación que intenta esclarecer supuestas irregularidades en la adquisición de tierras.

Toma unos documentos que hay en su escritorio y comenta que jamás dudó, junto a la abogada Andrea Reyes, en presentar la denuncia que originó la investigación de la Contraloría General de la República, de los tres fiscales del Ministerio Público y de la auditoría ministerial.
 

CAMBIOS

 

- ¿Va a cambiar o remover personal?

"Tenemos un compromiso con la Asociación de Funcionarios, hemos estado trabajando juntos en lo que es la reestructuración. Nuestro interés es mejorar la capacidad institucional; entendemos que hemos generado recursos humanos muy importantes, pero tenemos algunas debilidades que hay que corregir".

- ¿Eso significaría despedir o remover personal?

"Es parte del proceso que se inicia con la comisión mixta, ese trabajo nos aclarará algunos puntos que hay que corregir".

- ¿El compromiso con la Asociación de Funcionarios pasa por no despedir a nadie?

"Le hemos dado un fuerte respaldo a la gente del punto de vista de los honorarios, el proceso de reestructuración se debe desarrollar y no podemos afirmar que no habrá despidos".

- En un diario de circulación nacional se afirmó que había sido removida de su puesto la encargada del Departamento de Cultura.

"Es efectivo, la encargada del Departamento Unidad de Cultura y Educación dejó de trabajar por orden expresa del director nacional. Los temas de fondo los conversé con ella".

- ¿Qué otra área ameritaría un cambio?

"Del punto de vista de la coordinación, estamos tratando de proponer lo que se llama un Departamento de Programas, donde estaría incluido el accionar de las tres áreas que reciben recursos, como lo son el Departamento de Tierras, Desarrollo y Cultura. Nos interesa que se genere una coordinación más eficiente".

- ¿Por qué es tan necesaria la reestructuración?

"La institución ha ido creciendo desde el punto de vista del presupuesto, de 3 mil 700 millones que tuvimos inicialmente a los 18 mil millones que tenemos hoy. Los recursos son del Estado y debemos darle seguridad que los estamos invirtiendo bien. Por esto hemos incrementado algunas acciones que son propias de la institución para tener un mayor resguardo del punto de vista administrativo".
 

INVESTIGACION

- ¿Qué ha significado para ustedes que estos hechos poco transparentes hayan salido a la luz pública?

"Desde el primer instante hemos asumido el rol de que se investigue lo que se tenga que investigar y que sean los servicios especializados en el tema, con el objetivo que los intereses del Estado estén bien protegidos al interior de la institución. Mi preocupación es que de haber irregularidades, se estaban cometiendo con recursos destinados a la población más pobre del país".

- ¿Qué pasará si los informes expresan que hay gente involucrada?

"Nos interesa que esto se aclare y si hay que tomar acciones las vamos a tomar".

- ¿Cree que el llamado "escándalo Conadi" le ha quitado credibilidad a la Corporación en algunas comunidades indígenas del país?

"Lo que sí ha pasado, es que nos hemos atrasado en algunas soluciones, producto de las mismas investigaciones, pero más allá de la credibilidad con las comunidades, nos interesa evitar que los recursos que iban destinados a ellos se utilicen en otras cosas".

- ¿Se ha sentido presionado?

"No, en absoluto. Cuando conversamos con la ministra Alejandra Krauss, ella nos brindó todo su apoyo".

- ¿Cuándo tuvo los antecedentes en sus manos dudó en presentar la denuncia?

"No. Cuando tuvimos los documentos en nuestras manos no quedaba otra cosa que asumirla. Hicimos lo que correspondía en ese minuto".

- ¿Se ha calificado la denuncia como de ambigua?

"Son los antecedentes que recabamos al instante, no teníamos ni el tiempo ni el espacio para buscar más datos. Se estaba jugando con recursos destinados al sector más pobre del país".

- A raíz del allanamiento al Consejo de Todas Las Tierras se han desatado una serie de movilizaciones que van más bien por la vía violenta ¿Usted legitima la violencia para conseguir demandas?

"Cuando uno toma como base el acuerdo de Nueva Imperial, que estableció un mecanismo de diálogo para resolver principalmente lo que dice relación con las demandas de tierras, puedo decir que no soy partidario de la violencia".

- ¿Es la compra de tierras una solución para el conflicto mapuche?

"No soy quién para decir que sí o que no, pero es el acuerdo que se firmó el año '89 en Nueva Imperial. Uno de las grandes falencias que había en la relación con el Estado era que se había disminuido la propiedad indígena".

- ¿Qué ha pasado con los predios que se han entregado?

"El Gobierno se endeudó con el BID, porque se estaba haciendo entrega de tierras, aumentado el patrimonio de las comunidades, pero no generando procesos de desarrollo".

- ¿Los predios continúan en poder de los mapuche?

"Hemos recibido algunos antecedentes y hecho algunas revisiones. Las comunidades al no tener potencialidades para desarrollar recursos, los han generado por la vía de trabajar en sociedad con capitales externos a la comunidad y por la mediaría, pero no hemos logrado detectar que estén en arriendo".
 

Texto: Roberto Neira T.

Foto: José Monsalve O.


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