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Año LXXXVI - Nro. 30.868Sábado 28 de julio de 2001

Cuestionan la política indígena del Gobierno

SANTIAGO.- Un cuestionamiento sin precedentes de altos dirigentes de partidos de Gobierno a la política oficial hacia el mundo indígena y a la aplicación de la reforma procesal penal en la Región de la Araucanía formularon ayer el presidente del PPD y el secretario nacional de la Democracia Cristiana.

Los diputados Guido Girardi (PPD) y Francisco Huenchumilla (PDC), este último de ascendencia mapuche, llegaron incluso a acusar a las autoridades de no cumplir las promesas que se les han hecho a los pueblos originarios y responsabilizaron al ministerio público de estar generando "un verdadero levantamiento indígena en la Novena Región".

Los mencionados dirigentes de la Concertación dijeron estar preocupados por las acciones de violencia ocurridas esta semana en el centro de Temuco, a raíz de las manifestaciones mapuches de protesta.

Lograron, en todo caso, que el Ministro del Interior reciba el próximo lunes en La Moneda al promotor de dichas movilizaciones, Aucán Huilcamán.

El líder mapuche es parte del consejo ciudadano que asesora a la directiva del Partido por la Democracia.

Huilcamán declaró tras los desórdenes de esta semana en Temuco que las movilizaciones no se detendrán porque las comunidades indígenas "comienzan a rebelarse ante la opresión y el nuevo colonialismo que representa la reforma procesal penal".

El diputado Huenchumilla también fue fuertemente crítico contra la acción de los fiscales del ministerio público en la Araucanía reprochándoles la intención de resolver "un problema político", como sería a su juicio el de los mapuches, por medios puramente penales.

La Araucanía y la Región de Coquimbos son las únicas del país donde actualmente se aplica el nuevo sistema procesal penal.

Los fiscales aludidos han llevado a decenas de dirigentes de comunidades indígenas ante los tribunales bajo los cargos de asociación ilícita para cometer delitos como ocupaciones ilegales de predios, robos y ataques incendiarios, entre otros.
 

GIRARDI
 

El presidente del PPD señaló que los hechos de violencia en Temuco de esta semana son condenables pero sólo constituyen un síntoma del problema más de fondo que en su concepto es la discriminación social y marginación económica que padecen los pueblos originarios en nuestro país.

Girardi atribuyó la continuidad de tal situación tanto a los gobiernos concertacionistas como a la derecha parlamentaria.

Hizo hincapié que no se ha constituido una autoridad con real poder de decisión y legitimidad para hacerse cargo de manera integral de la problemática indígena -aseguró que la Conadi no llegó nunca a cumplir ese rol- y tampoco se ha aprobado la legislación pendiente en favor de las etnias.

En este último plano el dirigente acusó a la derecha de impedir la aprobación de la reforma que reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas y la ratificación del convenio 169.o de la OIT que también establece medidas de protección a las culturas originarias.
 

REFORMA

Sin embargo, la reforma constitucional aludida no pudo aprobarse en octubre del año pasado en la Cámara Baja al no reunir la mayoría de votos requeridos ya que 17 diputados de la Concertación no asistieron a la sesión para votarla.

De hecho, una veintena de diputados opositores apoyó esa reforma.

El diputado Huenchumilla afirmó que Chile es un país racista cuya clase dirigente ignora completamente la profundidad del conflicto mapuche porque no conoce la historia y dramática realidad que está detrás de las actuales demandas de este pueblo.

Sostuvo que la política del estado chileno hacia los mapuches tiene dos caras, como el dios Jano, porque por una parte dialoga con las comunidades y despliega medidas de apoyo social y por otra los persigue penalmente a través de los fiscales del ministerio público.

Huenchumilla dijo que los mapuches son verdaderos "conejillos de indias" de la reforma procesal penal en la IX Región.

"Aparte de estudiar derecho los fiscales del ministerio público deben hacer un curso de historia de la Araucanía para que conozcan la otra parte de la historia donde se aplica esta ley", indicó.

"Los mapuches no logran entender que los fiscales acusen a sus comunidades de ser asociaciones ilícitas, es decir organizaciones criminales, cuando están demandando un territorio que hace cien años les pertenecía absolutamente", agregó.


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