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Año LXXXVI - Nro. 30.864Martes 24 de julio de 2001

"El operativo no se justifica"

Continúa la polémica que se desató tras los violentos incidentes entre Carabineros y comuneros mapuches ocurridos en el allanamiento que efectivos de la Policía de Investigaciones y dos fiscales del Ministerio Público realizaron al Consejo de Todas Las Tierras el pasado viernes.

Cabe consignar que la diligencia se realizó en el marco de la investigación que el Ministerio Público inició para esclarecer la participación de los mapuches de la comunidad Domingo Trangol en diversos ilícitos, y contra quienes la Forestal Mininco presentó una querella.

EL ABOGADO

Ariel Burgos Saavedra, director de la Fundación de Instituto Indígena, dijo que se han involucrado con el conflicto mapuche y especialmente con la comunidad Domingo Trangol, por el Obispo de Temuco, quien se ha manifestado preocupado del tema. Agregó que hay algunos procedimientos que no están siendo bien aplicados y que vulneran los derechos fundamentales de los seres humanos.

Juan Jorge Faúndez, abogado encargado del área jurídica de la Fundación Instituto Indígena y quien el 9 de julio asumió la defensa de los mapuches de la comunidad Domingo Trangol, aseveró que en estos momentos están detenidos Juan Segundo Trangol, Isaías Colihuinca Quincha y Juan Fernando Ñancucheo Trangol, a lo que se agregan otros dos mapuches que están con medidas cautelares como no acercarse al Fundo "El Ulmo", no participar de reuniones, mientras se realiza la investigación.

El proceso se inició luego que la empresa Forestal Mininco presentara una querella por los delitos de asociación ilícita, usurpación de tierra, exacciones ilegales, daños calificados, robo y hurto, luego que comuneros mapuches ocuparan el predio "El Ulmo" en su lucha por la reivindicación de tierras.

El abogado aseveró que algunas diligencias realizadas en la causa de la comunidad Domingo Trangol han implicado un exceso de celo en el proceso de calificación de los delitos y están estudiando solicitar medidas disciplinarias contra los fiscales. "La Fiscalía dice que hay asociación ilícita, robo, usurpación, daños calificados, exacciones ilegales, pero nosotros consideramos que de acuerdo a los antecedentes que se manejan, a lo sumo y no estando demostrada la participación de los tres imputados, podría haber alguna figura de daños".

Aseveró que están estudiando la presentación de un Reclamo Superior Jerárquico que se presenta cuando se considera que una diligencia de la Fiscalía ha sido abusiva.

El profesional aseveró que no están de acuerdo con la calificación de los delitos, porque no se ha considerado el contexto en que se producen los hechos. "Creemos que hay una figura de movilización de una comunidad, donde pueden haber habido desórdenes, daños u otros ilícitos menores, pero no hay un ánimo de apropiación de tierras, en ningún caso existe una asociación para delinquir, personas que se agrupen para cometer delitos, ellos se han agrupado con la finalidad de reivindicar derechos".

El letrado aseveró que el único hecho que vincula a los miembros de comunidad Domingo Trangol que están detenidos con los hechos investigados, es una carta que presentaron a la intendenta Berta Belmar, donde indican que tienen título de merced. "Títulos que son reconocidos por la Ley Indígena para que la Conadi compre tierras y en la carta solicitan la mediación de la intendenta y expresan que inician un proceso para llamar la atención del Estado. A la luz de este antecedente la Fiscalía sostiene que existe usurpación de tierras, asociación ilícita y todos los cargos formulados".

El defensor informó que solicitó a la Corte de Apelaciones la excarcelación de sus defendidos, pero el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Victoria y mantuvo la prisión preventiva para los comuneros.

EL ALLANAMIENTO

La discusión se ha centrado en la forma cómo se efectuó el allanamiento al inmueble ubicado en calle Lautaro, donde funciona el Consejo de Todas Las Tierras y que terminó con una batalla campal entre efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros y los dirigentes.

Manuel Santander, werkén del Consejo de Todas Las Tierras, sostiene que en ningún momento los fiscales Francisco Rojas ni Alberto Chiffelle exhibieron la orden.

Juan Jorge Faúndez dijo, al respecto, que tras recibir una llamada de los dirigentes que estaban en el Consejo, de inmediato se trasladó hasta la sede, allí le solicitó al fiscal Francisco Rojas la orden conforme a la cual se estaba realizado el allanamiento y el funcionario del Ministerio Público le dijo que ya la había exhibido. "En ningún momento se me mostró, los dirigentes dijeron que no la tenía, no dudo de las palabras de Francisco Rojas, pero no la vi. El me dijo que el allanamiento correspondía a lo estipulado en el artículo 236 del Código Procesal Penal, que autoriza realizar diligencias en casos graves, urgentes o que la naturaleza del caso lo amerite, inclusive sin conocimiento del afectado y antes de que se formalice investigación".

Más allá que se haya exhibido la orden o no, el abogado afirmó que la autorización emanada del Juzgado de Garantía de Victoria amerita ser analizada profundamente. "A nuestro parecer es que aquí no hay ningún tipo de urgencia, ningún tipo de gravedad que habilite una diligencia de dichas características sin aviso".

Para el abogado de la Comunidad Domingo Trangol no se justificaba una diligencia de esta naturaleza y aseveró que aún no tenía claro en qué consistía la orden, agregando que iba solicitar ver la orden para establecer hasta qué punto los fiscales estaban autorizados.

En diversas ocasiones miembros de la comunidad Domingo Trangol de Victoria, han argumentado que el fiscal Alberto Chiffelle no puede llevar causas mapuches porque tiene un parentesco con una persona que es dueña de un predio en la comuna de Victoria.

Al ser consultado al respecto, el abogado de la comunidad dijo que uno de los predios colindantes al fundo "Los Ulmos", es propiedad de una persona de apellido Chiffelle. "Al momento de formalizar el fiscal Chiffelle dejó el caso y lo tomó Francisco Rojas, él es quien formalizó, quien solicitó la prisión preventiva y es quien alegó la causa el viernes 20 en la mañana en la Corte. Sin embargo, en la diligencia que se realizó en la tarde estaban a cargo del fiscal Francisco Rojas y Alberto Chiffelle".

El profesional aseveró que de llegar a establecerse un parentesco entre el fiscal y el dueño del predio, se deberán aplicar las sanciones estipuladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Para el jurista ni siquiera hace falta una resolución de inhabilitación para el fiscal, porque el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sostiene: "Que los fiscales que se desempeñen en el Ministerio Público estarán sujetos a las siguientes prohibiciones: incurrir a sabiendas en una causal de inhabilitación o permitir que incurra en ella su cónyuge o algunos de sus parientes..."


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