Nº 982 - Del 5 al 11 de mayo del 2000DocumentoInforme Anual de Derechos Humanos, 1999, de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco.
Tortura y tratos vejatorios contra mapuchesUn racismo encubierto, traducido en detenciones arbitrarias, la aplicación de tortura y un trato vejatorio permanente hacia los integrantes de las comunidades mapuches por parte de los organismos represivos del Estados chileno cuando éstas se atreven a oponerse a la invasión de sus territorios. Esto es lo que queda evidenciado en el "Informe Anual de Derechos Humanos, 1999" realizado por la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, para ser presentado en organismos humanitarios internacionales.
En esta oportunidad, reproducimos algunos testimonios que aparecen en el documento, en los que se relatan los abusos (inimaginables para el lector) por los que pasan las familias mapuches en sus comunidades. Estos relatos dan cuenta de lo que hay detrás de lo informado por los medios de comunicación oficialistas y de derecha, que hablan más de "violencia" y "terror" que de las injusticias que viven los campesinos mapuches en el sur del país.Actualmente, más de cien mapuches se encuentran procesados por tribunales civiles y fiscalías militares por su participación en las movilizaciones desarrolladas por las comunidades en conflicto. A la cifra anterior deben sumarse una gran cantidad de personas que tienen órdenes de detención y que se encuentran prófugos al interior de las comunidades, debido a la desconfianza que les provoca la conducta tanto de la policía chilena como de los Tribunales de Justicia. Hasta la fecha, cinco ministro especiales y cuatro "fiscalías militares" han estado a cargo de la investigación de los diversos hechos de violencia que, desde fines de 1997, se han producido en el Wallmapuche en el marco del conflicto que enfrenta a las comunidades mapuches, empresas forestales, transnacionales y el Estado chileno.
En la mayoría de los casos, los presos políticos mapuches están siendo juzgados por infracción a la Ley Nº12.927 de Seguridad Interior del Estado y al artículo 292 y siguientes del Código Penal, que tipifica el delito de Asociación Ilícita. Ambas normas fijan un procedimiento altamente restrictivo del derecho a la defensa de los detenidos, consagran figuras penales complejas y, por sobre todo, tienden a castigar las ideas políticas y no necesariamente el accionar de los miembros del movimiento mapuche.
Los diferentes testimonios que se presentan en este Informe ponen de manifiesto que la tortura y otras formas de malos tratos constituyen una práctica cotidiana en el accionar de las fuerzas policiales chilenas. Sin embargo, debemos aclarar que su uso no se circunscribe sólo a la represión en contra del pueblo mapuche. Las víctimas de la tortura en Chile proceden de casi todos los sectores sociales, tal como lo dejara de manifiesto un informe del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas el año 1995. En la mayoría de los casos, las víctimas son torturadas para obligarlas a confesarse culpables de algún delito, para disuadirlas de presentar una demanda contra la policía o para forzarla a dar información sobre otras personas o grupos.Testimonio de las víctimas
TEMULEMU: La madrugada del viernes 19 de febrero de 1999 un contingente policial de al menos 300 efectivos apoyados por 25 furgones, 4 buses, 5 camiones y dos helicópteros allanó violentamente la comunidad mapuche Antonio Ñipiril de Temulemu, Traiguén. A las seis de la mañana, un piquete del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros GOPE detuvo a cuatro mapuches que efectuaban labores de vigilancia nocturna ante posibles robos de madera en el aserradero de la comunidad y a cuatro menores de edad que dormían en el interior de un refugio construido en la cercanía. Se trata de Juan Segundo Collonao, Julio Marileo Calfuqueo, Pedro Cayuqueo Millaqueo y el ciudadano francés Arnaud Louis Fuentes. Por su parte, los menores de edad fueron identificados como Juan Ulises Pichún Millanao (14 años), Luis Inostroza Mirriam (13 años), Heanai Pichún Millanao (11 años) y Manuel Raúl Norin (15 años). Todos los detenidos -incluidos los menores de edad- fueron golpeados, esposados y trasladados al interior del predio de la forestal donde los esperaba un microbús que más tarde los trasladaría hasta el cuartel policial de Traiguén. Una hora más tarde, alrededor de 300 efectivos de carabineros junto a guardias armados de la empresa OSEPAR al servicio de Forestal Mininco S.A. procedieron a allanar la comunidad para detener a los dirigentes y buscar armas que -según fuentes policiales- se encontraban en poder de algunos miembros de la comunidad. Durante el operativo los efectivos policiales ingresaron por la fuerza a la casa de Germán Tranamil Collonao, lo sacaron arrastrando junto a su esposa e hijos y luego destruyeron por completo su vivienda. Una vez afuera, junto a otros detenidos fue brutalmente golpeado con palos y puntapiés. Producto de las torturas infligidas por carabineros resultaron lesionados además Marina Pichún Coronado (contusiones en la muñeca izquierda y hematomas en múltiples partes del cuerpo), Pascual Pichún Pailaleo (heridas cortantes contusas en el cuero cabelludo, contusión parietal y toráxica) y Germán Tranamil Coronado (contusión toráxica grave, lesión de hombro izquierdo y fractura nasal). Pascual Pichún, lonko de la comunidad Antonio Ñipiril de Temulemu y uno de los que sufrió las lesiones más graves. "Los carabineros se fueron todos encima de nosotros, disparando bombas, balines, hasta perros andaban trayendo. A mí me golpearon con un palo, me dieron patadas, me encadenaron y me llevaron detenido, casi muerto con dos roturas en mi cabeza. No podía ni caminar con todo mi cuerpo apaleado, estuve hospitalizado", recuerda el dirigente. En la acción, carabineros también incautó la madera, utensilios de trabajo e incendió el aserradero de la comunidad. Por otra parte, se dieron claras expresiones de racismo, discriminación e ignorancia de la cultura mapuche entre los uniformados, ya que se golpeó de gravedad a la machi (autoridad religiosa) María Claudina Ancamilla de 56 años, importante y respetada autoridad dentro de la jerarquía mapuche. Ella cuidaba sus animales cuando fue detenida y torturada.
"Me llevaron tirando hasta la casa sin preguntarme ni decirme nada. Al llegar los otros carabineros se fueron encima de mí, como cinco o seis carabineros me apalearon en el hombro, en la costilla, en el estómago, en las piernas, patadas y más patadas, también palos. Mientras me pegaban me insultaban, me decían que era porque yo acompaño siempre a mis hermanos cuando hay conflicto de tierras y nguillatunes. Es una lucha justa, les decía yo, porque las forestales están dejando sin tierras y sin vida. Ellos más me pegaban y luego ya no me pude recordar más, perdía mi sentido", recuerda la machi Maria Ancamilla.ERCILLA: La madrugada del viernes 3 de diciembre de 1999, un violento desalojo realizó fuerzas especiales de carabineros al interior de los fundos Chiguaihue y Chiquitoy de Ercilla, propiedad de las empresas forestales Bosques Arauco y Mininco, respectivamente. Ambos fundos se encontraban ocupados desde hace más de un mes por campesinos mapuches miembros de las comunidades Temucuicui, Requiem Pillán, Lemun, Loloco y Huañaco Millao de la comuna de Ercilla, que reclaman sobre ellos derechos ancestrales.
El grueso contingente policial, compuesto por más de 300 efectivos fuertemente armados, cinco microbuses blindados, 40 carros policiales, 15 motos todo terreno, dos carros blindados Mowag y dos helicópteros, al mando del Prefecto de la Provincia de Malleco, teniente coronel Gustavo Arriagada, llego hasta el fundo de Chiguaihue a las cinco de la madrugada. Una vez en el lugar, la fuerzas represivas procedieron a desalojar violentamente a las numerosas familias mapuches que se encontraban allí. Para ello utilizaron bombas lacrimógenas, cartuchos con perdigones de plástico y una gran cantidad de perros policiales, esto a pesar de encontrarse los mapuches en inferioridad numérica y completamente desarmados. Como resultado de la acción represiva fueron heridos y detenidos cinco mapuches, los cuales recibieron impactos de perdigones en sus cuerpos y fueron brutalmente golpeados por carabineros al momento de su detención. Dos de los detenidos, debido a la gravedad de sus lesiones, debieron ser trasladados al Hospital de Collipulli. Mas tarde, todos los detenidos serían puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Angol, acusados de "maltrato de obra a carabineros en servicio" y "daños a la propiedad fiscal".
Pasadas las nueve de la mañana, el grueso contingente policial continuó su acción represiva dirigiéndose al fundo Chiquitoy, a 10 kilómetros al interior de Ercilla, para desalojar a los mapuches ocupantes e incautar la madera que los miembros de las comunidades habían talado para su comercialización. Ya en el lugar, carabineros nuevamente hizo un uso indiscriminado de la fuerza, disparando gran cantidad de bombas lacrimógenas y balines de goma sobre los campesinos mapuches, hombres, mujeres, ancianos y niños que se resistían a abandonar sus legítimas tierras.
Después de una hora de violento enfrentamiento, los mapuches abandonaron el predio y se refugiaron del ataque policial al interior de las comunidades cercanas. Alrededor de las once de la mañana, las fuerzas policiales ingresaron violentamente a la comunidad Temucuicui, allanando de manera ilegal varias vivienda para detener a sus ocupantes. Como resultado del operativo fueron detenidos al interior de la comunidad mapuche doce campesinos, los cuales fueron brutalmente torturados, tanto al momento de su detención como durante su traslado hasta el cuartel policial de Collipulli. Especialmente graves fueron las lesiones sufridas por Juana Quidel Queipul, una anciana mapuche de 75 años, quien resultó con una de sus piernas fracturadas producto de las patadas y golpes de palos que recibió de carabineros al momento de su detención.
De los doce detenidos en el violento operativo policial, sólo cinco de ellos llegaron al cuartel policial de Collipulli, los que fueron trasladados luego a los Tribunales de Justicia. Los otros detenidos fueron abandonados heridos al interior del fundo Alaska y en caminos interiores, luego de ser brutalmente torturados por efectivos policiales y guardias armados de la empresa de seguridad ASS de Los Angeles al servicio de Forestal Mininco.COLLIPULLI: La madrugada del día viernes 11 de diciembre, alrededor de 50 detectives de distintas unidades de la IX Región con apoyo de fuerzas especiales provenientes de Santiago, efectuaron un violento allanamiento a los domicilios de numerosas familias mapuches de las comunidades de Colihuica Tori y Antonio Paillacoi, ubicada a unos 25 kilómetros al noreste de Collipulli. El violento operativo policial se enmarcó en las investigaciones que el ministro especial Julio César Grandón realizaba para esclarecer el atentado incendiario que destruyó en agosto del año 1999 instalaciones de la empresa Forestal Mininco en el Fundo Rucañanco, y que significó la aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de las comunidades mapuches de la zona.
Testimonios de los propios campesinos afectados por la acción policial dan cuenta de lo violento, ilegal y racista del procedimiento. Juan Quipallán, dirigente de la comunidad Colihuinca Tori, señaló que alrededor de las cinco de la madrugada personal de la policía civil de Temuco ingresó violentamente a la comunidad, allanó las viviendas derribando las puertas y sacando a patadas y palos a las personas que a esa hora dormían en el interior. "Esa noche esta lloviendo muy fuerte, recuerdo que llegaron a mi casa varios vehículos, camionetas policiales, alrededor de veinte policías que ingresaron a mi casa dándole patadas a las puertas y apuntando con sus armas de fuego. Nos hicieron salir a todos al patio, casi desnudos algunos: preguntaron mi nombre y cuando se los dije me encañonaron con un arma en la cabeza y me esposaron", relató el dirigente Quipallán. Afirmó que una vez detenido procedieron a golpearlo con bastones de goma mientras le preguntaban por las viviendas de otros dirigentes de la comunidad. Como él no respondía, lo mantuvieron tirado en el suelo por más de media hora bajo la fuerte lluvia y encañonado con una subametralladora en la cabeza.
El dirigente denunció que los efectivos policiales actuaron con extrema violencia durante todo el operativo que horas más tarde incluyó las viviendas de otros dirigentes mapuches. "Mientras unos comprobaban la identidad de los dirigentes, otros mantenían encañonados afuera de la casa, bajo la lluvia, al resto de sus familiares, mujeres, niños, ancianos&. Esa noche los policías me detuvieron a mí y a otros cuatro miembros de la comunidad, entre ellos a José Catrileo Lebu, un anciano de 80 años, sordo y con problemas a la vista", agregó el dirigente.
Todo los detenidos fueron trasladados hasta el cuartel de la policía de Investigaciones de Temuco, donde fueron sometidos a extensos interrogatorios extrajudiciales. Cerca de las cinco de la tarde del día sábado 12 fueron llevados ante el ministro Julio César Grandón. Luego de prestar declaraciones por más de cuatro horas, cuatro de los cinco detenidos (entre ellos el dirigente Juan Quipallán) fueron dejados en libertad sin cargos, mientras que Carlos Figueroa Catrileo quedó detenido e incomunicado en la Cárcel de Temuco.
Una semana más tarde, la madrugada del día jueves 23 de diciembre, la policía realizó un segundo allanamiento al interior de las comunidades en conflicto de Collipulli. En este nuevo y violento operativo policial fueron allanados las viviendas de los principales dirigentes de la comunidad Antonio Paillacoi, procediendo la policía a detener a diez de ellos. Entre los nuevos arrestados figuraban Emilio Levio, Juan Milla, Juan Prado, Omar Ancán, Cristián Sandoval, Ariel Tori, José Tori, Francisco Tori, Juan Dela y Omar Millalebu. Todos fueron golpeados al momento de su detención por la policía.
Especialmente graves fueron los golpes que recibió Jose Omar Ancán, miembro de la comunidad Colihuinca Tori y activo participante de las movilizaciones en la zona de Collipulli, por parte de efectivos de inteligencia policial tanto al momento de su detención como durante su permanencia en régimen de incomunicación al interior de la Cárcel de Temuco. Afirma la víctima que lo interrogaron sobre varios delitos, incluyendo el atentado incendiario ocurrido meses atrás en contra de la hacienda Rucañanco de Forestal Mininco. Omar Ancán declaró que lo golpearon en la cara, el abdomen, las piernas y que casi le rompieron los tímpanos a través de golpes simultáneos en ambos oídos ("teléfono").
Mientras era torturado, la policía le hizo preguntas sobre su participación en las movilizaciones y sobre los líderes de las organizaciones mapuches de la zona. Según Ancán, la policía lo siguió golpeando hasta que accedió a firmar una declaración en la que confesaba haber participado del atentado incendiario por el cual lo estaban interrogando. En su confesión, la víctima fue obligada a inculpar también al resto de los mapuches detenidos, quedando así la mayoría de ellos sometidos a proceso por violación a la Ley de Seguridad Interior del Estado.TRUF TRUF: El jueves 16 de diciembre de 1999, durante la madrugada fueron detenidos arbitrariamente Juan Coliñir, Alberto Coliñir Painemal, Ruperto Coliñir Painemal, Bernardino Parra Mela, Manuel Parra Catrilaf, Aurelio Catrilaf Parra y Juan Catrilaf Parra en un allanamiento ilegal realizado a las comunidades mapuches de Quefquehuenu y Ñinqueleo por miembros de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas (IX Región). En su accionar, los efectivos policiales no mostraron ningún tipo de orden judicial que autorizara el operativo al interior de las comunidades y la posterior detención de los mapuches. Tampoco se les dieron a conocer sus derechos ni las razones de por qué eran detenidos y trasladados a instalaciones policiales situadas en la comuna de Padre Las Casas.
Según indican los testimonios de los propios afectados, durante su detención fueron interrogados acerca de su participación en las movilizaciones y ocupaciones de tierras desarrolladas el 1 de diciembre en la zona por la organización "Ayllarehue Wenteche de Truf Truf". Todos los detenidos fueron golpeados brutalmente, tanto al momento de su detención como durante su traslado al recinto policial. Especialmente graves fueron las torturas y otros malos tratos que recibió Alberto Coliñir Painemal: "Una vez en la comisaría me llevaron hasta el tercer piso, aislado de los otros hermanos detenidos. En ese sitio me comenzaron a golpear nuevamente, interrogándome por mi participación en las tomas de fundos y por los nombres de los dirigentes que encabezaban el movimiento en Truf Truf. Como yo no sabía nada, los carabineros se enojaron, decían que yo estaba mintiendo y amenazaban diciendo que detendrían a mis familiares y que los golpearían también si yo no cooperaba con ellos. Luego me taparon la cabeza con una bolsa de plástico y un carabinero comenzó a ahorcarme. Yo no podía respirar, ellos se reían y luego perdí el conocimiento. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. Cuando desperté ellos me siguieron preguntando cosas. Yo apenas entendía lo que me hablaban. Luego me amarraron a un poste y comenzaron a aplicarme corriente en los dedos de las manos. Yo sentía que me iba a morir. Al rato perdí nuevamente el conocimiento. Cuando desperté me sentía muy mal y ellos amenazaron que me iban a llevar a la ducha, que si me llevaban yo me moría ahí mismo. Les pedí que dejaran de golpearme, pero ellos continuaron dándome patadas, riéndose e insultándome. Después de varios horas me llevaron a una celda de aislamiento".
De los siete campesinos mapuches detenidos arbitrariamente, cuatro fueron dejados en libertad sin cargos después de permanecer en régimen de incomunicación por más de tres días y antes de comparecer ante el juez del tribunal respectivo. El día 23 de diciembre los principales dirigentes de las comunidades mapuches afectadas por los allanamientos nocturnos presentaron ante la Fiscalía Militar de Temuco una querella por los delitos de robo, violencia innecesaria, tortura y otros tratos crueles y degradantes en contra de los efectivos oliciales que participaron del operativo. Hasta la fecha de elaboración de este informe, ningún policía ha sido citado a declarar o puesto a disposición de la justicia por su responsabilidad en los atropellos arriba mencionados.
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