Las luchas y agresiones a los indígenas que se oponen a la instalación de la empresa Long Beach en Pargua. Sus soledades, al enfrentar un parque industrial ilegal que contamina sus aguas y tierras con la venia y omisión de las autoridades. Long Beach adquirió un terreno agrícola a 35 metros de la casa de doña Clementina Millaquén, de 74 años, para construir en él una fábrica de harina y aceite de pescado. Las agresiones comenzaron cuando debía emplazar un camino en medio de las tierras de las familias huilliches Millaquén. Al ver cómo los Millaquén Guerrero se negaban a negociar, la empresa estructuró una doble estrategia. Por un lado, demandó a las dos familias para obtener una servidumbre de tránsito y además inició negociaciones con los Millaquén Care. Familiares que jamás han vivido o cultivado esas tierras. “Varios de mis 8 hermanos vivieron en Argentina o en Punta Arenas y ahora como vieron que vinieron las empresas, a ojos cerrados quieren vender el terreno”, señala la señora Clementina. Para detener a Long Beach, los Millaquén Guerrero, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección que fue acogido. Cuando los abogados de la empresa constataron que por falta de partición de las tierras no podían negociar con los Millaquén Care, Long Beach decidió actuar por debajo de la mesa. Pasando por alto el fallo de la Corte, el 31 de enero del 2002 las máquinas volvieron para doblegarlos. El primero de febrero, Long Beach se hizo presente en las tierras, esta vez, con un camión atiborrado de guardias de seguridad. Al grupo de agresores, se sumaban los Millaquén Care que estaban dispuestos a combatir a sus parientes rebeldes. Temiendo un enfrentamiento, se llamó a Carabineros. Éstos, comandados por el mayor Cristián Contreras de la 4ª comisaría de Calbuco, no tardaron en ponerse de lado de la empresa. Ahí, los Millaquén Guerrero reclamaron por la CONADI regional y la prensa radial. “Me causa mucha pena y tristeza que mi familia esté a favor de la empresa. Vivimos hace 50 años en este lugar, aquí crecieron mis hijos. Pero mis hermanos… ellos están a favor. Es por plata que ellos quieren negociar. Ellos no viven aquí, viven en otro lado”, asegura la señora Clementina ROCINANTE 69 / SOCIEDAD / REPORTAJE / PÁG 39-40
ROCINANTE 69 / SOCIEDAD / REPORTAJE / PÁG 39-40
Un pequeño Ralco en la Décima Región
Huilliches de Pargua: alimento para peces
Las luchas y agresiones a los indígenas que se oponen a la instalación de la empresa Long Beach en Pargua. Sus soledades, al enfrentar un parque industrial ilegal que contamina sus aguas y tierras con la venia y omisión de las autoridades.Rodrigo J. Quintana
En pleno luto por el fallecimiento del padre, un lunes 9 de julio del 2001, Long Beach irrumpió por primera vez en los terrenos de la familia huilliche Millaquén Guerrero. Las máquinas atravesaban atronadoras por el camino que los hijos habían habilitado para que la familia grande se pudiera reunir en el hogar y rezar la novena.
Pocos meses después, la primera mañana de febrero del 2002, la familia Millaquén Guerrero tuvo que enfrentar a un destacamento de guardias privados de la empresa Long Beach que escoltaban maquinaria pesada. Su misión, por segunda vez, era iniciar las obras de un camino que atravesaría las tierras a cómo diera lugar.
Era la culminación de la violencia y el inicio del desamparo. Un proceso iniciado en 1994 por Rubén Cárdenas, alcalde de Calbuco, quien decidió destinar 20 kilómetros de playas en Alto Pargua, décima región, a un parque industrial pesquero sin participación de la comunidad y al margen de la ley. Una oscura jugada que ha enemistado a una numerosa familia, contaminado la costa y condena extensas tierras agrícolas de bosque nativo.Rumbo a la violencia
Long Beach adquirió un terreno agrícola a 35 metros de la casa de doña Clementina Millaquén, de 74 años, para construir en él una fábrica de harina y aceite de pescado. Las agresiones comenzaron cuando debía emplazar un camino en medio de las tierras de las familias huilliches Millaquén.
Al ver cómo los Millaquén Guerrero se negaban a negociar, la empresa estructuró una doble estrategia. Por un lado, demandó a las dos familias para obtener una servidumbre de tránsito y además inició negociaciones con los Millaquén Care. Familiares que jamás han vivido o cultivado esas tierras. “Varios de mis 8 hermanos vivieron en Argentina o en Punta Arenas y ahora como vieron que vinieron las empresas, a ojos cerrados quieren vender el terreno”, señala la señora Clementina.
Para detener a Long Beach, los Millaquén Guerrero, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección que fue acogido. Cuando los abogados de la empresa constataron que por falta de partición de las tierras no podían negociar con los Millaquén Care, Long Beach decidió actuar por debajo de la mesa.
Pasando por alto el fallo de la Corte, el 31 de enero del 2002 las máquinas volvieron para doblegarlos. El primero de febrero, Long Beach se hizo presente en las tierras, esta vez, con un camión atiborrado de guardias de seguridad. Al grupo de agresores, se sumaban los Millaquén Care que estaban dispuestos a combatir a sus parientes rebeldes.
Temiendo un enfrentamiento, se llamó a Carabineros. Éstos, comandados por el mayor Cristián Contreras de la 4ª comisaría de Calbuco, no tardaron en ponerse de lado de la empresa. Ahí, los Millaquén Guerrero reclamaron por la CONADI regional y la prensa radial.
“Me causa mucha pena y tristeza que mi familia esté a favor de la empresa. Vivimos hace 50 años en este lugar, aquí crecieron mis hijos. Pero mis hermanos… ellos están a favor. Es por plata que ellos quieren negociar. Ellos no viven aquí, viven en otro lado”, asegura la señora ClementinaLos goznes fríos
La Corte de Apelaciones dio orden de no innovar y las máquinas no ingresaron. La empresa apeló al recurso de amparo y para mal de los Millaquén Guerrero el abogado de Long Beach, Jaime Barría Gallegos, es hijo del Ministro de la Corte de Apelaciones Domingo Barría Subiabre. No sólo eso, el sobrino del ministro Barría era el abogado defensor de la familia que deseaba vender, los Millaquén Care.
Así, la Corte de Apelaciones acogió la apelación de la empresa. Un papel importante jugó, además, la declaración del Mayor de Carabineros Cristián Contreras. En el oficio Nº 187, llega a señalar que los Millaquén Care poseían claramente delimitado su terreno y que “habrían realizado arriendo de tierras a la empresa Long Beach”.
Tras esta inclinación hacia la empresa, los Millaquén Guerrero, empezaron a golpear puertas ante el SAG, la CONAMA regional, la CONADI regional, la Gobernación de Llanquihue, la Intendencia Regional y el Concejo Municipal de Calbuco.
La CONADI Regional actuó bien el día de la agresión. Sin embargo, cuando hubo que ir a los tribunales el oficio que entregaron no contribuyó a resolver el fondo. Usando otro camino, los afectados consiguieron que la Alcaldía y el Concejo Municipal de Calbuco organizaran una reunión el 3 de abril del 2002.
En la cita, el alcalde Rubén Cárdenas, se excusó en la falta de recursos para realizar un plano regulador del área. Los afectados, entendieron que aplicar tal plano dejaría al descubierto el ilegal parque en Pargua.
“Todos nos han engañado, señala la señora Clementina. La CONAMA, el alcalde Cárdenas, el intendente Vallespín, etc. El Intendente nos prometió que jamás permitiría una empresa tan cerca de mi casa sin que haya plano regulador. No valemos nada parece.”
Los Millaquén Guerrero fueron la base electoral en Alto Pargua para el triunfo de Ricardo Lagos en la segunda vuelta de 1999. “Trabajamos por el señor Lagos y ahora nos da la espalda. Somos hartas familias acá que estuvimos de su lado”, alega la madre de esta familia rebelde.Crecer ¿con igualdad?
Francisco Vera Millaquén, hijo de doña Clementina, dirigió una carta al Presidente de la República el 19 de julio de ese 2002. Alegó en la misiva el desinterés del Intendente Regional y acusó de negligencia a la Directora Regional de la CONADI.
La carta solicitaba, además, la intervención de los organismos competentes a nivel nacional. Los hilos de la administración en esta oportunidad fueron más sensibles. El Director Nacional de CONADI, Aroldo Cayún, dispuso una serie de medidas.
El señor Cayún, en carta de agosto de 2002, informó que considerando la ilegal maniobra de la familia Millaquén Care respecto a los contratos firmados con Long Beach, la CONADI presentaría una medida prejudicial precautoria y una posterior demanda judicial de nulidad de contratos por contravenirse en el trato la ley 19.253.
La reunión de mediación se celebró bajo coordinación de CONADI Regional el 29 de julio de 2002. En ella, hubo avenimiento y se dejó sin efecto los contratos. Aún así, la empresa consiguió luego que se les cedieran 3 hectáreas, cuando en los acuerdos escritos se estipulaba sólo 0.6 para el camino. “De seguro consiguieron más para ampliar después la fábrica”, sostiene Francisco Vera Millaquén, vocero de la comunidad.El parque siguió creciendo
En noviembre de 2002, ALITEC, del grupo europeo Provimi estrenó su gigantesca planta en el sector. Recién inaugurada, fue visitada por el Presidente Ricardo Lagos. En esa visita, la familia de doña Clementina y otros vecinos le entregaron una carta sorteando los cercos. Hasta hoy no se tiene acuso de recibo.
Pasaron dos años y el Primer Mandatario viajó nuevamente a inaugurar, este 15 de abril, una planta de alimento para salmones de la compañía Skretting.
Pertenece al holding holandés Nutreco y requirió una inversión de 25 millones de dólares. “La infraestructura de 25 mil metros cuadrados, informó El Llanquihue, ha sido la única planta de alimento para peces construida con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en su integridad”.
Sin embargo para los que resisten, está claro el deterioro ambiental. “Ya no podemos salir a pescar como lo hacíamos antes y las siembras no se están dando porque estas empresas han perforado la tierra con pozos muy profundos. El terreno se está secando”, señala Manuel Vera Millaquén, dirigente de la Junta de vecinos.
Tras esta segunda visita de Lagos, la señora Clementina y la comunidad nuevamente entregaron una carta al Presidente. En ella, denuncian la irregular aprobación del EIA del proyecto Long Beach a fines de enero del 2004, en reunión de la COREMA.
“Le quería decir que he sido todo el tiempo de izquierda y que cuando se presentó don Ricardo, era una alegría para nosotros, porque íbamos a tener un gobierno que nos iba a defender”. El cerco de seguridad armado por la gobernación ese día, impidió a doña Clementina tal franqueza con el mandatario.
Meses atrás y ante el desamparo, los huilliches de Pargua se acercaron en octubre del 2003 al diputado PS Alejandro Navarro para que intercediera ante las autoridades locales. Sobre todo, porque estaba cerca la presentación del EIA de Long Beach al COREMA.
Al diputado PS por la zona, Fidel Espinoza, la comunidad lo vincula a intereses pro instalación del proyecto. “Espinoza es amigo de los parientes que vendieron los terrenos a Long Beach”, advierte Francisco.El escándalo
Llegó el 28 de enero del presente año y se realizó en dependencias de la CONAMA una reunión con la COREMA de la Décima Región. Los afectados asistieron al evento, organizados ahora bajo la figura de Comunidad Indígena PEPIUKËLEN.
La votación a favor estuvo viciada. Tras la intervención de un funcionario de CONAMA, quien dio fe de que el proyecto pasaba el test de la blancura, el Intendente Patricio Vallespín inició una acalorada defensa de la obra. Abanderado, el Intendente Vallespín indicó, incluso, a los miembros que la intervención opositora del representante de CONADI, Ricardo Merillanca, no debía ser considerada por no haber sido entregada de manera escrita con antelación.
Vallespín hizo callar al representante de CONADI cuando éste protestó. Así, el data show del funcionario de CONAMA siguió mostrando a los miembros de COREMA las bondades del proyecto.
En el momento de la votación habían 11 miembros del consejo, 3 de los cuales se ausentaron para hablar por sus celulares. El Intendente Vallespín no dejó pasar la ocasión y ordenó tomar la resolución con los 8 presentes con derecho a voto. Sin que se respetara el mínimo quórum que la ley exige para votar un proyecto, se contabilizaron 5 a favor y 2 abstenciones, con lo que se puede deducir que 4 eran las oposiciones.
De esta forma, la COREMA, avaló un proyecto que usará fuertes dosis de amoniaco en sus procesos, a 35 metros de la casa de doña Clementina Millaquén.Los últimos pasos
Ante este nuevo atropello, la comunidad indígena Pepiukëlen, presentó el viernes 13 de febrero un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en contra del intendente y presidente de la COREMA Patricio Vallespín, además de la empresa Long Beach S.A. y el alcalde de Calbuco Rubén Cárdenas.
A los pocos días llegó hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 17 de febrero, el diputado socialista Alejandro Navarro para hacerse parte del recurso de protección. Para Navarro el proceso está viciado. "Si se ha certificado la votación de todos los seremis, y al menos dos de ellos estaban fuera de sala, hay falsificación de instrumento público y eso es un hecho gravísimo que podría no sólo viciar la aprobación, sino derivar en acciones legales adicionales", señaló a El Llanquihue por esos días.
Respecto al papel de la CONADI, Manuel Vera Millaquén es enfático. “Ha habido prácticamente nula cooperación. Tenemos Recursos de Protección contra la empresa en los cuales la CONADI se debería haber pronunciado. Para nosotros es un ente que no sirve”.
El Lonco de la comunidad, don José Maricahuén, describe el desgaste de luchar solos. “Económicamente estamos mal, con viajes que generan un desgaste. Nos tratan de terroristas por defender una situación justa. Dentro de nuestra humildad hemos estado apegados a la ley”.
Los deterioros ambientales en la zona son evidentes. El día 6 de mayo del 2002 Biomar Eco Feed, otra empresa del lugar, derramó entre 8 mil y 12 mil litros de petróleo sobre tierras agrícolas de comuneros huilliches.La harina de pescado atrae roedores. Por primera vez a la zona llegó el virus hanta. De Abtao, localidad cercana a las empresas, eran Harold y Stefanía Zúñiga Cárdenas, dos hermanos que fallecieron el año pasado por este mal. La niña el 18 de octubre y el hermano el 12 de noviembre del 2003.
Pronto podría resolverse el recurso de protección interpuesto contra el Intendente Vallespín y quienes de manera irregular aprobaron el EIA de Long Beach.
La CONAMA nacional, acogió en abril las reclamaciones que la comunidad respecto a los impactos del proyecto. “Es decir, hay autoridades que han reconocido las irregularidades que se han cometido”, agrega Francisco. Lagos, en su segunda visita, se comprometió ante la comunidad Pepiukëlen a atender los reclamos de los huilliches de Pargua.
En Ralco dos hermanas, la señora Berta y Tomasa Quintramán, han luchado por sus tierras. Algo similar promete la señora Clementina Millaquén: “Nosotros vamos a luchar hasta el último momento. Nosotros no vamos a salir de aquí. A la buena no nos salimos”.DESTACADOS
“En Ralco dos hermanas, la señora Berta y Tomasa Quintramán, han luchado por sus tierras. Algo similar promete la señora Clementina Millaquén: ‘Nosotros vamos a luchar hasta el último momento. Nosotros no vamos a salir de aquí. A la buena no nos salimos’ “.
