miércoles, agosto 29, 2007
El 29 de Agosto, en el Juzgado de Garantía de Concepción (ubicado
en el ex Regimiento Chacabuco), mientras en la zona y el país se desarrollaba
el paro nacional convocado por la CUT, en un brevísimo juicio oral fue
declarado culpable el dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto
Arauco Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca, mapuche/huilliche. La sentencia
de los jueces Adolfo Cisterna Pino, Ana María Hernández y Carmen
Durán Vergara. se dará a conocer el próximo lunes 3 de
septiembre. Al momento de su detención en esa ciudad el 22 de febrero
de este año, Llaitul, actual vocero público de esa organización,
portaba una pistola Taurus inscrita a su nombre. Los fiscales del ministerio
público,Julio Contardo y Jorge Lorca, solicita una condena de cinco
años y un día, por porte de arma sin el permiso correspondiente,
pena considerada racista y discriminatoria por la defensa. El citado delito
se castiga con penas de carácter remitido, es decir, libertad condicional
con firmas periódicas. El abogado penquista Adolfo Montiel defiende
a Llaitul en este juicio.
Familiares y amigos del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, comunero
mapuche y licenciado en trabajo social (Universidad de Concepción) sostuvieron
en declaración pública que el juicio “tiene como único
objeto castigar al movimiento mapuche y sus justas reivindicaciones como pueblo,
a través, del encarcelamiento de uno de los fundadores y dirigente histórico
de la Coordinadora Arauco Malleco”. En los días previos, sectores
estudiantiles desarrollaron movilizaciones de protesta en las afueras de la
Universidad Técnica Federico Santa Maria de Concepción.
Sobre la detención de Llaitul, su esposa, Pamela Pezoa, en entrevista
virtual con esta periodista expresó:
“El arma está inscrita desde hace años, y le pedí que
la sacara de la casa por los niños, que estaban de vacaciones; para
que se la guardara un amigo. Ese día Héctor iba a visitar a nuestros
hijos Lautaro y Neyen, que estaban en la casa de mi mamá en Concepción.
Los teléfonos estaban pinchados… Ellos también tenían
seguimiento, y las señoras que los cuidaban mientras yo trabajaba, fueron
amedrentadas y sobornadas. Una de ellas fue detenida por 7 horas en la comisaría
de Cañete. Le preguntaban si los niños sabían donde estaba
su padre, por lo que yo temía que algun dia los detuvieran. Lautaro
cumplirá 13 anos el 30 de Agosto, en medio de este juicio; Ernesto tiene
11 años, también tenemos a Neyen de nueve y Pelentaru de apenas
tres años. Además, cuando Victoria –que sólo es
hija mía- cursaba tercero medio en un colegio de Concepción fue
interceptada a la salida por desconocidos que le pidieron que se subiera a
un auto. Ella se negó y varios compañeros se dieron cuenta de
que algo le pasaba y se acercaron a ella”.
Pamela que vive con sus niños en Ranquilhue (Tirúa), sector lago
Lleu/ Lleu –uno de los epicentros del conflicto mapuche- asistió al
juicio con tres de sus hijos, y cuenta que Héctor “es amante de
los deportes y la actividad física, juega basketbol desde su juventud,
no fuma, ni toma, y lee muchísimo. Ha trabajado en la construcción
en Santiago, o como recolector en la caleta de Butalelbu en Puerto Montt, y
trabajador social en Purén”.
Diez meses de “prisión preventiva” Llaitul
(39 años),
Trasladado a la capital penquista desde Angol con gran despliegue policial,
cumplió ya casi seis de los diez meses de prisión preventiva
dictaminados por la jueza de garantía de Nueva Imperial, Karina Rubio,
quien lo formalizó por supuesta participación en el atentado
incendiario a máquinas de Forestal Mininco ocurrido en Cholchol en diciembre
de 2006. En ese juicio sólo cuenta con el defensor público Ricardo
Cáceres. Sobre esta imputación, afirma Pamela Pezoa:
“La fiscalía de Nueva Imperial le acusa por el ataque incendiario
en Cholchol, pero quien lo inculpa es Roberto Painemil Parra, una persona sin
antecedentes policiales, respecto de quien tampoco está comprobado haya
tenido alguna participación en ese hecho. Héctor no lo conoce
para nada. Para este juicio sólo contamos con un defensor público.
Según el testimonio entregado por el comunero Painemil a sus familiares
y al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, él fue
golpeado y amenazado por sujetos que no pudo identificar. En todas las causas
anteriores Héctor ha sido absuelto. Están archivadas, solo en
una cumplió una pena remitida, por el incendio a la Hacienda LLeu Lleu
en enero de 2001.” Las circunstancias que rodean la detención
de Painemil también son confusas ya que inicialmente él afirmó que
fue detenido e interrogado por civiles que supone ligados a los empresarios
forestales.
La cárcel de Angol
Luego de su detención Héctor Llaitul permaneció ilegalmente
aislado en la enfermería de la cárcel de Temuco. Su demanda de
traslado a la cárcel de Angol para poder ser visitado y acceder a un
trato digno y un juicio justo, sólo fue concedida luego de una prolongada
huelga de hambre, después de la cual el vocero se unió en mayo
en ese recinto, a otros 4 presos políticos mapuche: Patricia Troncoso,
Jaime Marileo, Pedro Queipul y José Huenchunao (este último ex
vocero de la Coordinadora, arrestado en enero de 2007 y sentenciado a 5 años
por un ataque incendiario en Ercilla). La actuación del Estado chileno
en las condenas de estos detenidos por el caso Poluco-Pidenco está siendo
investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Defensa territorial
Hasta la fecha, los órganos policiales han sido efectivos en lograr
la detención de dirigentes destacados de la radicalizada organización
mapuche. José Llanquileo, sindicado por la inteligencia policial como
su líder máximo, era el vocero oficial de la organización
y ahora también está en prisión, en Traiguén. sin
embargo en tribunales frecuentemente los fiscales no logran acreditar los delitos
por los cuales se les persigue. Angélica Nancupil, pareja de Llanquileo,
asumió la vocería de los presos políticos mapuche miembros
de la Coordinadora Arauco Malleco.
A diferencia de otras organizaciones mapuche, la Coordinadora desarrolla su
trabajo en forma autónoma, al margen de la institucionalidad y se opone
a cualquier negociación con el gobierno en las actuales condiciones.
Tampoco mantiene alianza alguna con otras organizaciones mapuche ni con partidos
de izquierda y su dirección colectiva tiene carácter clandestino. “Nuestros
esfuerzos se concentran en la defensa territorial y reconstrucción de
nuestro pueblo, lo que, a su vez, permitirá crear las bases para generar
una propuesta mayor, en definitiva, el proceso de liberación nacional
mapuche”, sostiene su vocero “José Llanquilef”, en
una entrevista publicada en agosto en su página web, www.nodo50.org/wef/tun .
Pese a los anuncios oficiales acerca de la nueva “pacificación” del
territorio afectado por el denominado conflicto mapuche luego de la detención
de los dirigentes de la Coordinadora, continúan en Arauco las movilizaciones
relacionadas con la lucha por la recuperación de tierras usurpadas por
las forestales. Es así como en julio, diez mapuche de la comunidad Chilcoco
fueron formalizados en Arauco por “usurpación no violenta” del
fundo Llico en manos de la Forestal Arauco. En Cañete, ese mismo mes
se produjo la ocupación por la comunidad Antonio Nicuman de Treng Treng,
del sector Huape-Antiquina, en manos de Forestal Mininco. Poco antes, la comunidad
de Yeupeko (comuna de Vilcún) afirmó públicamente que
continuaría su lucha por recuperar las tierras que reivindica, actual
fundo Santa Margarita, y a su vez la comunidad del sector de Nalcahue reafirmó el
ejercicio de control territorial sobre un área ancestral recuperada
previamente.
Justicia y discriminación
Sin excepciones, la detención de comuneros en toda la zona mapuche está directamente
vinculada con la lucha en defensa de sus territorios ancestrales. No hay hechos
de sangre relacionados con estas demandas y acciones contra las empresas forestales,
que la Presidenta Bachelet calificó en Ginebra como delitos comunes.
La organización urbana “Meli Wixan Mapu” define como preso
político a todo aquel mapuche “privado de libertad y/o en proceso,
por su participación en acciones que apunten a la reconstrucción
del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación
de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, así como
las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos
del pueblo mapuche”. En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu,
Concepción, Temuco y Traiguén y también en la Cárcel
de Alta Seguridad de Santiago, se encuentran más de 20 presos políticos
mapuche, la mayoría juzgados bajo la legislación antiterrorista
de tiempos de Pinochet, reclamada a dúo por gobierno y empresarios forestales.
¿Por qué los dirigentes mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco
han optado por la clandestinidad en lugar de comparecer ante la justicia chilena
en tiempos de democracia? Resulta oportuno analizar las medidas precautorias
que se aplican a luchadores mapuche, las sentencias a las que se les condena,
los allanamientos masivos y vejaciones a los que son sometidos comunidades
como Temucuicui, Cherkenko, San Ramón, José Guiñón,
Tricauco, Ailia Varela del sector Caillin (comuna de Ercilla) Hay evidente
discriminación de los jueces frente a criminales responsables de delitos
de lesa humanidad. Las condiciones de vida en el Penal Cordillera contrastan
con los diez meses a la espera de juicio por Llaitul en la cárcel de
Angol, o la condena efectiva a 500 días por daños a un tractor
que Waikilaf Cadin –sin antecedentes anteriores- enfrenta en condiciones
infrahumanas de aislamiento en la Cárcel de Alta Seguridad, sin derecho
a biblioteca. La lonko Juana Calfunao Paillalef y su hermana Luisa permanecen
actualmente en huelga de hambre en la Cárcel de Temuco, exigiendo el
cese de los malos tratos y hostigamiento ejercidos por gendarmería y
tratamiento médico adecuado al werken Antonio Cadin, entre otras demandas.
Entretanto la justicia ha dejado en libertad condicional a los ex carabineros
Alex Ambler Hijonosa, Francisco Toledo Puente y Marcelo Muñoz Cifuentes,
asesinos de los hermanos Vergara Toledo y a todos los oficiales convictos por
la ejecución a mansalva de Jecar Neghme (el ex brigadier Enrique Leddy
Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, los altos ex oficiales Pedro Guzmán
Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Silvio Corsini y Manuel
Allende Tello. Además, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema últimamente
ha rebajado a la mitad “por irreprochable conducta anterior” penas
que afectan entre otros, a criminales empedernidos de la DINA como el ex prófugo
Raúl Iturriaga Neumann, y el ex detective Risiere Altez España,
condenados por el secuestro y desaparición de los jóvenes socialistas
Mario Carrasco Matus y Víctor Olea. Altez España, un torturador,
cumplirá su mínima pena en libertad condicional.
El alto mando de las fuerzas policiales y la justicia dedican grandes recursos
a la criminalización de la lucha mapuche en lugar de intensificar los
medios requeridos para prevenir y castigar la violencia de género. En
2006, 51 chilenas fueron asesinadas en contextos de violencia intrafamiliar,
mientras que en lo que va de 2007, ya murieron 47 mujeres (una por semana)
por la misma causa según denunciaba un estudio de diversas organizaciones
feministas en el Diario de la Sociedad Civil www.sociedad
civil.cl. Las medidas cautelares y las penas aplicadas a estos criminales
tampoco guardan relación con la gravedad de estos hechos.
Sin respuesta judicial
Las querellas y los recursos de amparo de los mapuche por torturas, incendios
de rucas, interrogatorio a niños en la escuela Villa Chiguague de Ranquilco
Bajo, detención ilegal o violencia innecesaria no prosperan en la justicia.
En cambio las forestales cuentan con permanente protección policial,
que en el caso del propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard,
colindante con la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, incluye un
helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales en forma
permanente. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán
Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones
y amedrentamientos por la policía, cuando circulan por el camino público
que separa ambos predios. Estos hechos han sido denunciados por el Observatorio
de Derechos de los Pueblos Indígenas y documentados en terreno en septiembre
de 2006 por una Misión de Observación de Derechos Humanos. En
julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado una
denuncia de hostigamiento policial interpuesta por lo comuneros, argumentando
que el informe de Carabineros sostenía que tal hostigamiento no existía,
una respuesta idéntica a las dadas por tribunales en tiempos de dictadura.
Críticas desde el exterior
La vulneración de los derechos humanos del pueblo mapuche y la judicialización
de sus luchas ha sido criticada en mayo pasado por Amnistía Internacional
en su informe 2007 y el año 2006 lo fue por Rodolfo Stavenhagen, relator
internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas. En marzo de este año, la reprimenda vino del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones
al quinto informe sobre derechos humanos en Chile. El Comité llamó al
gobierno de Chile a realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones
con las comunidades indígenas lleven a una solución que respete
los derechos sobre las tierras de las comunidade afectadas por la expansión
forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, y para que estas
sean reconocidas como tierras ancestrales. En varias oportunidades el gobierno
ha recibido llamados de atención provenientes de la Comisión
Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo
sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas de la ONU; y la Federación Internacional de Derechos
Humanos en América Latina. Todos ellos llaman al gobierno chileno a
rectificar.
Inconsistencia oficial
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha iniciado una ofensiva diplomática
por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el
período 2008-2012. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela tienen
similares propósitos, pero sólo hay tres cargos para la región.
Sin embargo la mandataria presta oídos sordos a las advertencias de
los organismos internacionales de derechos humanos y a la activa campaña
por la libertad de los presos políticos mapuche desarrollada por las
organizaciones de ese pueblo originario en Europa y otras regiones.
Aunque Chile cuenta con una Ley Indígena que asegura el respeto a la
cultura de los pueblos originarios, sus autoridades tradicionales son llevadas
a juicio y condenadas frecuentemente. A fines de agosto, en conferencia de
prensa los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, de la comuna
de Traiguén, liberados este año luego de cumplir condenas de
cinco años, mostraban su asombro por la indiferencia del gobierno ante
los llamados de atención de las organizaciones internacionales de derechos
humanos y particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Denunciaron que la entidad no obtuvo descargos oportunos del Estado
chileno en la investigación iniciada a pedido de estos lonkos por irregularidades
en su juicio.