1. Chile es uno de los pocos países en que teniendo distintos pueblos originarios en su interior, su Constitución Política no reconoce la variedad de culturas y pueblos. Del mismo modo, este estado nacional no ha ratificado el Convenio 169 de la O.I.T., circunstancias que junto a otras de diferente ámbito, hacen del derecho chileno uno de los más retrógrados del planeta.

2. El reconocimiento formal de la diversidad cultural al interior del territorio estatal, abrirá nuevos cauces a la convivencia armoniosa y al enriquecimiento cultural recíproco, a partir de una Nueva Relación sobre una base igualitaria. Asimismo, hará realmente posible la educación intercultural, la igualdad de oportunidades en el campo educativo y laboral y la igualdad ante la ley, hechos que aunque están declarados expresamente en la ley, no se llevan a la práctica.

3. La negativa de los parlamentarios chilenos de todos los colores políticos a establecer verdaderamente la Nueva Relación que nosotros propendemos, o el llamado Nuevo Trato que invocan las autoridades del Poder Ejecutivo, manifestado en la falta de quórum para legislar al respecto, demuestra claramente el arraigado desprecio que los políticos chilenos tienen por nuestros pueblos originarios, así como el ningún interés por establecer las bases para solucionar el ancestral conflicto de nuestro pueblo-nación y de todos los otros pueblos originarios.

4. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, no constituirá por sí solo un gran avance en el proceso de recuperación de nuestros derechos ancestrales, y no nos hacemos grandes esperanzas en el mero hecho jurídico, pero éste representará un primer paso al cual estaban llamadas precisamente las autoridades de los poderes estatales, porque de ellos depende en el plano legal, más que del quehacer de nuestros pueblos. Después del reconocimiento, debería venir un largo proceso de readecuación del derecho y de los mecanismos gubernamentales para abrir espacios en favor de las justas reivindicaciones de nuestros pueblos. La falta de este reconocimiento, por el contrario, ahonda los conflictos y las diferencias entre nuestros pueblos y el estado y la sociedad globalizada de Chile.

5. Es de suponer que la justicia de las demandas sociales, económicas, culturales y educacionales de nuestros pueblos, deberían encontrar eco en los sectores políticos supuestamente más sensibilizados en favor mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, como pudieron ser los sectores ligados a la Concertación por la Democracia, cuyo discurso supuestamente acogería parte de nuestras demandas a través de las promesas del llamado Nuevo Trato que propugnaron. Pero en la práctica, su negativa demuestra la falsedad de sus promesas electorales, así como la hipocresía de sus personeros, ya que para no votar negativamente la reforma constitucional, eligieron la maniobra política de boicotear la reforma por la vía de la falta de quórum, maniobra demasiado burda por lo demás, ya que la opinión pública ha visto el nulo interés de los sujetos que de acuerdo a su dieta parlamentaria tienen la obligación de asistir a lo que para nosotros es su trabajo.
 
6. Este nuevo desencuentro entre la clase política chilena y nuestros pueblos originarios, nos demuestra una vez más que toda maniobra manejada desde el estado chileno, con respecto a la solución de conflictos entre éste y nuestros pueblos, sólo está destinada a engañar una y otra vez a la opinión pública y a nuestras gentes. Es así como la CONADI tiene la misión de apaciguar con recursos engañosos a un sector pequeño pero altamente corrupto, de la dirigencia de los pueblos originarios, y las diversas mesas de diálogo propuestas por los últimos gobiernos tienen como fin el distraer a las fuerzas emergentes de las comunidades originarias, especialmente las del pueblo mapuche, pero no consiguen establecer vías de solución a los conflictos y las injusticias que se cometen en contra de nuestras comunidades y organizaciones.

7. Nada pueden esperar nuestros pueblos de los políticos de derecha, dada su notoria identificación con el capital transnacional y las grandes empresas usurpadoras, ecocidas y etnocidas. Sin embargo, han actuado con el engaño en contra de nuestros pueblos. Esperábamos que los sectores concertacionistas actuasen en pro de solucionar el largo desencuentro entre éstos y las bases de nuestros pueblos, desencuentro expresado a partir del plebiscito de 1988 y en todas las elecciones habidas desde entonces. Ante la actitud de los parlamentarios, no se extrañe la opinión pública si en las próximas elecciones municipales, los partidos en el gobierno no reciben el apoyo que no merecen, de parte de nuestros pueblos, ya que al voto de engaño que cosecha la derecha, se unirá la sanción moral del "voto de castigo" que les harán las bases de nuestros pueblos.
 
8. Llamamos a los ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios, a expresar su malestar en diversas formas, ante el atentado jurídico que se nos impone desde el estado chileno, y en concreto a manifestarlo en las próximas elecciones, apoyando a l@s candidat@s mapuche, aymara, etc., no vinculados al bipartidismo dominante concertación-derecha. Extendemos este llamado a tod@s l@s chilen@s que se han sensibilizado en favor de nuestras reivindicaciones y que junto a nosotr@s desarrollan el proceso irreversible de Nueva Relación y de Recuperación de la Identidad, la Cultura, el Territorio y la Autodeterminación de nuestros pueblos. Asimismo, les pedimos manifestar ante las autoridades el apoyo a nuestras demandas.
 
9. Exigimos a los partidos políticos y a los parlamentarios, que expliquen de cara a la opinión pública el porqué de su escandalosa ausencia y negativa al hecho de legislar por el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos. Exigimos, también, que al interior de las organizaciones indígenas se abra un proceso de reflexión al respecto, especialmente al interior de las organizaciones más vinculadas al tema legislativo y políticamente vinculadas con sectores concertacionistas. Nuestros pueblos merecen que sus dirigencias sean juzgadas de acuerdo a su actuación frente a estos hechos.

10. Llamamos a los pueblos originarios a mantenerse alerta ante todos los abusos, el ecocidio y el etnocidio que las fuerzas transnacionales, con la complicidad de las autoridades de los poderes estatales, pretenden seguir perpetrando en contra de nuestros pueblos. Solidarizamos con los prisioneros políticos mapuche que el Estado, al igual que durante la Guerra de Arauco, mantiene como rehenes, y exigimos su inmediata libertad por falta de méritos, extensiva a todos los mapuche que están procesados por la justicia chilena, por tratarse de prisioneros de conciencia.