Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco

Carta Abierta

a la Opinión Pública Nacional e Internacional

Desde Territorio Mapuche. Abril de 2001


En relación a los últimos sucesos acaecidos en el sector Lleu Lleu, zona de conflicto, Territorio Mapuche

En primer lugar, hay que señalar que la zona del Lleu Lleu ha sido históricamente territorio ancestral mapuche. Actualmente allí sobreviven alrededor de 20 comunidades de ascendencia lafkenche cuya y patrimonio gira entorno al lago Lleu Lleu.

Los lleulleuche mantienen una serie de conflictos con distintos sectores interesados en apropiarse definitivamente de las riquezas de esta zona como es el caso de empresas forestales, principalmente Mininco, Bosques Arauco, y Volterra, quienes han invadido cerca del 60% de este territorio mapuche, con todas las implicancias físicas, económicas, sociales y culturales que ello implica, y son precisamente estas empresas las que sostienen en gran parte el sistema de propiedad usurpada a los mapuche.

Variadas han sido las denuncias que hemos hecho acerca de la presencia de estas empresas forestales en nuestra zona, que afectan de sobremanera nuestra sobrevivencia como pueblo y que de no contener su avance, nos condenaría al exterminio como mapuche. Es por ello que nuestras comunidades han resistido dignamente la arremetida de la inversión forestal en los sectores aledaños y predios mapuche, sobre la base de ejercer nuestros legítimos derechos de territorialidad y autonomía y que hoy es llevado a cabo a través de distintos procesos de recuperación de tierras y ocupación de espacios territoriales cada vez más amplios.

Sin embargo, para las comunidades del Lleu Lleu últimamente se han presentado otros invasores que, usurpadores igual, tienen algunas características distintas. Son empresarios particulares que pretenden apropiarse de las tierras mapuche para desarrollar “impresionantes” inversiones en la zona. Ha habido intentos de parte de éstos empresarios de instalar salmoneras y centros turísticos, utilizando el recurso del lago, pero se han encontrado con la férrea resistencia de las comunidades para tales propósitos.

En este marco de confrontación, sistema capitalista-Pueblo Mapuche, queremos denunciar nuevos fenómenos ligados al avance de la invasión de que somos objeto por parte del gran empresariado.

Por una parte, observamos que en un sector de la zona ribereña del lago, específicamente en el sector de Choque, se está desarrollando un proyecto de inversión turística de gran nivel con capitales norteamericanos. Aquí ya se han apropiado de una gran cantidad de tierras y se han desarrollado trabajos para la instalación de hoteles e infraestructura afín. Nos parece altamente peligroso la presencia de inversionistas extranjeros, sobre todo “yankis”, a quienes por su carácter capitalista e imperialista sólo les interesa sus objetivos.

Por otra parte -razón central de éste escrito- queremos denunciar con fuerza la presencia del huinca invasor OSVALDO CARVAJAL RONDANELLI, “empresario” que mantiene un conflicto hace cuatro años con la comunidad Pascual Coña en el sector Lleu Lleu chico. En este conflicto, que es uno de los más emblemáticos de los sucedidos en el territorio mapuche, se han dado una serie de acontecimientos que generalmente han sido registrados por la prensa regional y nacional, y que a nuestro juicio ha carecido de la objetividad y claridad de los contenidos de fondo.

En primer lugar queremos señalar que este “empresario” está a la cabeza de una serie de empresas de la región y estas incursionan en diversos rubros, así por ejemplo es dueño de fundos, tierras, pesqueras, conserveras, constructoras y empresas de inversiones (Bretxa, entre otros).

En la hacienda Lleu lleu de 400 hectáreas, de la cual es propietario Carvajal, pretende desarrollar un proyecto de corte turístico con una impresionante inversión de alrededor de 50 millones de dólares; se entiende por ello la construcción de un hotel 5 estrellas, pistas de aterrizaje, equipamiento de yates, lanchas, abastecimiento de combustibles, etc. En definitiva, es un proyecto para una elite económica nacional e internacional.

Este “señor” ha hecho caso omiso a las reclamaciones de tierras de parte de la comunidad, jamás ha reconocido que tiene tierras usurpadas a los mapuche, al contrario, se ha obsesionado con llevar a cabo su proyecto, por lo cual ha declarado abiertamente una guerra a los mapuche de la zona, desarrollando distintas formas de represión, inclusive muchas de ellas obscuras y mafiosas.

Osvaldo Carvajal R., Ingeniero Comercial, hace 7 años atrás ejercía como profesor de economía en la Universidad de Concepción y vivía con relativa comodidad, no proviene de familia acaudalada y no se conoce pasado dedicado a levantar empresas. Hoy este “señor” que se desplaza en vehículos importados, exclusivos (Wrangler, Mercedes), escoltado por guardaespaldas profesionales, dirige variadas empresas, muchas de ellas mal administradas y con problemas de déficit; sin embargo demuestra público interés en sus inversiones en fundos y tierras, puesto que ha comprado propiedades en distintos puntos del país: Pucón, Licanray y Lleu lleu, pretendiendo a toda costa desarrollar sus inversiones turísticas.

En el caso Lleu Lleu, Carvajal ha sido intransigente, por lo que atribuimos a él la responsabilidad de la dureza del conflicto. Desde nuestra parte, la demanda de tierras obedece a derechos ancestrales e históricos de nuestra cultura y en último término de justicia; sin embargo ha sido Carvajal quien ha transgredido toda norma de respeto y de solución al conflicto y más aún, ha incurrido en graves casos de violación a los Derechos Humanos de nuestra gente, y que a continuación denunciamos:

Ha comprado a dirigentes mapuche con el pago de dinero para que estén a su favor, mencionamos los casos de Franklin Millanao, Francisco Lincopi (presidente de la comunidad Pascual Coña) y Antonio Millanao.

También paga el servicio de comuneros para que operen de “delatores” y “sapos” dentro de las comunidades. Ejemplo de ello son Domingo Altamirano, Manuel Santi, Celín Aguayo, Pablo Martínez.

Ha presionado a distintos comuneros mapuche con extorsión en dinero o bajo amenazas para que desistan en su demanda de tierras.

Se ha coludido con distintos entes y personas para presionar y reprimir a los comuneros. Mencionamos los casos de funcionarios de carabineros, en especial la Comisión Civil de Cañete, quienes con vehículos institucionales prácticamente viven en la hacienda y recorren sus alrededores. También denunciamos la presencia de algunos efectivos militares quienes, a nuestro juicio, a título personal y motivados por el dinero, han prestado servicios en seguridad a la hacienda y, últimamente, se han detectado operaciones de verdaderos “mercenarios” quienes han desarrollado acciones de inteligencia y amedrentamientos hacia los mapuche. Es en este marco que descubrimos al operador de inteligencia Oscar Carpenter, quien prestó servicios a Carvajal. Recordemos que la presencia de éste nunca fue negada por el gobierno, más aún fue confirmada, pero rápidamente acallada. Los testimonios de nuestra gente afirman la presencia de personal de inteligencia combinados. Carabineros con algunos militares han desarrollado reuniones en la zona con fuerte resguardo de “carapintadas”, quienes además realizan ejercicios militares.

Dentro de los casos de violencia ejercidos contra las comunidades, denunciamos la quema de la casa del comunero mapuche Isidro Lincopi Cayuhuan, ocurrido el año pasado.

Denunciamos los intentos de homicidio en contra de dirigentes de la comunidad a manos de matones a sueldo. Ejemplo de ello es la agresión con arma blanca por parte de Domingo Altamirano a Avelino Meñaco.

En este marco, denunciamos la muerte en extrañas sircunstancias del comunero mapuche Carlos Reinao, destacado luchador mapuche de la comunidad Pascual Coña, quien fue masacrado en una supuesta riña de ebrios y cuyos supuestos “autores” jamás han reconocido el hacho, los que a nuestro juicio fueron burdamente inculpados.

Denunciamos la reciente quema de la casa de la comunera mapuche Nancy Millanao y de las fuertes amenazas de muerte contra ella y su pequeño hijo de sólo 10 meses.

Dicha acción se realiza para que se encubra e incrimine a otras personas en los últimos incidentes entre mapuche y carabineros y por lo cual se encuentra prisionera en la Cárcel El Manzano junto a otros tres comuneros mapuche.

Denunciamos además la concomitancia del accionar represivo que ejercen distintos órganos del poder del Estado en este conflicto. Es así como la CONADI ha tratado de resolver el conflicto, sacando a los mapuche de allí a zonas de control estatal. El gobierno opera en función de la presión de la derecha y el empresariado, y gestiona la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley de Asociación Ilícita, todo contra los mapuche.

Históricamente nos hemos enfrentado a enemigos poderosos por mantener nuestra libertad y nuestro territorio. Hoy en día nos encontramos con nuevos desafíos que tienen la misma matriz: la avaricia la mentira, la maldad, que ha sido la constante histórica de la invasión y dominación que somos objeto.

Manifestamos que seguiremos resistiendo, por que la verdad y la justicia están de nuestro lado. Jamás abandonaremos los valores y principios que nos legaron nuestros antepasados.

Por lo anterior, hacemos un llamado a nuestro Pueblo a no renunciar a esta hermosa y digna causa por la vida mapuche, a trabajar por la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación Mapuche, a seguir desarrollando el proceso de recuperación de nuestros derechos políticos-territoriales como Nación.

También hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional que se siente comprometida con los valores de justicia y dignidad a apoyar decididamente nuestra lucha de liberación. Los instamos a involucrarse mucho más en nuestros esfuerzos de reconstrucción del Pueblo Mapuche con solidaridad y apoyo. Llamamos a romper con el cerco informativo que se nos ha impuesto, a denunciar los residuos de fascismo y militarismo que aún operan impunemente en nuestras tierras.

Emplazamos al periodismo democrático y consecuente con investigar estos y otros hechos con objetividad y transparencia en honor a la verdad y la justicia.
 

También instamos a la opinión pública a que siga con detención el caso de las personas procesadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que nos encontramos ante una probable colusión que involucra al poder judicial. Por ello también emplazamos al Estado para que el poder judicial y el poder político no se involucren a la hora de defender los intereses de los capitalistas en las zonas de conflicto.