Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

República Argentina

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ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ARGENTINOS

ARTÍCULO 1º.- Comunidad indígena es el conjunto de familias conformadas por varias generaciones, que tengan conciencia de su identidad como indígenas, por ser descendientes de pueblos que habitaron el territorio argentino en la época de su conquista o colonización, que mantengan la cultura, organización social o valores de su tradición, que hablen o hayan hablado una lengua autóctona y que convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados o dispersos. Los miembros de la comunidad establecerán su organización socio-institucional, la que deberá ser compatible con el sistema jurídico nacional y con los tratados y convenios sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.

ARTÍCULO 2º.- La titularidad de la propiedad comunitaria de los Pueblos Indígenas argentinos, sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban a la fecha de la sanción de la reforma constitucional de 1994, se instrumentará a las comunidades indígenas con sujeción a las normas contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO 3º.- El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, previas comprobación de los requisitos exigidos por los artículos anteriores, determinará las áreas de las tierras afectadas, con relación a las cuales deberá instrumentarse la titularidad de las comunidades indígenas con personería jurídica acreditada.

ARTÍCULO 4º.- También son partes interesadas en esta etapa probatoria los titulares registrales de las tierras afectadas a este procedimiento, que se hubiesen considerado formalmente del dominio público o privado del Estado Nacional, Provincial o Municipal o del dominio de los particulares.

ARTÍCULO 5º.- Sin necesidad de ningún reclamo o recurso administrativo previo, las partes legitimadas podrán cuestionar judicialmente la resolución definitiva del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las causas serán de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 6º.- Se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación, a todas las tierras que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por resolución firme, decida que tradicionalmente fueron ocupadas por los Pueblos Indígenas argentinos.

ARTÍCULO 7º.- La resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se publicará en el Boletín Oficial y se protocolizará junto con la documentación que la respalde en el Registro Nacional a cargo de las Escribanía General del Gobierno de la Nación, que deberá tramitar la inscripción de la escritura de protocolización en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda.

ARTÍCULO 8º.- La definición de la presente ley de la comunidad indígena se aplicará también a los efectos de la ley 23.302,  modificándose con ese alcance e, párrafo segundo del art. 2º de ese ordenamiento, el que queda redactado de la siguiente manera: “A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país”.

                “Comunidad indígena es el conjunto de familias conformadas por varias generaciones, que tengan conciencia de su identidad como indígenas, por ser descendientes de pueblos que habitaron el territorio argentino en la época de su conquista o colonización, que mantengan la cultura, organización social o valores de su tradición, que hablen o hayan hablado una lengua autóctona y que convivan en un hábitat común, en asentimientos nucleados o dispersos. Los miembros de la comunidad establecerán su organización socio - institucional, la que deberá ser compatible con el sistema jurídico nacional y con los tratados y convenios sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.

                La personería jurídica se acreditará mediante la inscripción en l Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación”.

ARTÍCULO 9º.- Modifícase el art. 5º de la ley 23.302, el que queda redactado de la siguiente manera: “Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, con participación indígena. El Poder Ejecutivo designará a su titular. Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor.

I.                     El Consejo de coordinación estará integrado por:

a)       Un representante del Ministerio del Interior;

b)       Un representante del Ministerio de Economía;

c)       Un representante del Ministerio de Trabajo;

d)       Un representante del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos;

e)       Representantes elegidos por las comunidades aborígenes, cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación;

f)        Un representante por cada una de las Provincias que tengan Poblaciones Indígenas.

II. El consejo Asesor estará integrado por los representantes de los entes y órganos con competencia en actividades que se relacionen con los fines de la presente ley, los cuales serán determinados por la reglamentación pertinente.

ARTÍCULO 10º.- Modifícase el art. 7º de la ley 23.302, el que queda redactado de la siguiente manera: “Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de las otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano previstas por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo.”

ARTÍCULO 11º.- Deróganse los arts. 4º, 11º y 12º de la ley 23.302.

ARTÍCULO 12º.- De forma..

(Anteproyecto elaborado por la Comisión creada por Resolución MJ y DH nº 199/00, integrada por el Dr. Jorge H. Alterini, Escribano Natalio P. Etchegaray, Arquitecta Elba Pilar BARREIRO de ROULET y el Dr. Pedro MIGUENZ)