AIPIN, Prensa India
"Difundiendo presente y sembrando futuro"
México
Oaxaca de Juárez (Oaxaca) 27 de noviembre de 2003.

Loxicha: Crímenes impunes


El asesinato, el pasado 25 de noviembre de 2003 del indígena zapoteco Andrés Enríquez Hernández miembro de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), sumado a una estela de crímenes en el presente año, que incluyen a las mujeres en Loxicha, pone de manifiesto una vez más la falta de voluntad de los tres niveles de gobierno para llevar paz y tranquilidad a la Región y aunque se le pretenda dar el sesgo de pugnas intrafamiliares o intercomunitarias la realidad es que no hay políticas de Estado tendientes a mejorar las condiciones de marginación y pobreza en que por siglos han vivido las comunidades Loxichas, pero sí existe la política de marginar, minimizar y criminalizar todo intento de organización por parte de los pobladores de esas comunidades.

Los reiterados ataques de parte de los integrantes de la Administración Municipal del municipio de San Agustín Loxicha en contra de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) y contra de sus dirigentes; originó, ante las amenazas de ser asesinados, que ya no se siguieran realizando las reuniones comunitarias mensuales de información y análisis de la situación de las comunidades, con propuestas claras de solución de los conflictos que la mayoría de las veces se veían generados por paramilitares, militares, policías  o las mismas autoridades gubernamentales sean Administración Municipal, gobiernos Estatal o Federal.

La desaparición del compañero Marcelino Santiago Pacheco el pasado 27 de abril del año en curso, hoy hace 7 meses, fue el acto con que el Estado puso de manifiesto el retorno a las mismas prácticas de la administración diodorísta con el fin de terminar con todo intento organizativo en la región Loxicha, echando mano para ello de toda la experiencia acumulada en las pasadas décadas de guerra sucia en nuestro país, coptando, dividiendo y enfrentando a los indígenas como parte del laboratorio político que han hecho de la Región, pues significa, sobre todo para los grupos de poder político, económico y militar, un botín Político - Económico.

A partir de entonces los asesinatos de indígenas Loxichas han sido algo cotidiano ante la impunidad que gozan los grupos paramilitares pues saben que escapan al escrutinio de las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos.

Ante esto es justo  reconocer que durante el breve tiempo en que puntualmente acudimos a la cita con las comunidades sólo hubo manifestaciones pacíficas de denuncia de la situación prevaleciente con la exigencia de justicia y libertad para los presos políticos y de conciencia de la región Loxicha; siendo capaces de organizar dos Marchas-Caravanas a la Ciudad de México exigiendo al gobierno federal solución a las demandas más sentidas de los Loxichas: Justicia y Libertad.

No escapa a esta dinámica de la guerra sucia la detención por parte de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) del compañero Ignacio Gómez García quien había sido desaparecido y torturado de abril a agosto de 1998 en plena represión diodorísta, encarcelado posteriormente a su presentación con vida alcanzó su libertad el 18 de diciembre de 2000 en un expediente (49/98) totalmente fabricado y en el que se nos quiso hacer pasar como miembros del EPR a quienes de igual modo se nos desapareció y torturó.

Vuelve con esto la época de las amenazas de detención contra quienes ya fuimos desaparecidos, torturados, desplazados y encarcelados ahora por delitos del fuero federal ante la complacencia de las comisiones estatal y federal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado ante quienes hemos denunciado a funcionarios de la administración pasada y actual como autores intelectuales y materiales de esta guerra de exterminio contra los indígenas Loxichas.

Ya nos parece ver la sonrisa cínica y descarada del Lic. Héctor Anuard Mafud Mafud, secretario general de gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano y de José Murat hoy, ante la impunidad de que sabe goza, lo mismo el procurador general de justicia, Sergio Santibáñez Franco que se ocupa de refutar o archivar nuestras denuncias ante la mirada complaciente o el berrinche de su jefe José Murat que ante nuestras insistentes denuncias ve obstáculos a su carrera por la presidencia de la república.

Es falsa la existencia del EPR en Loxicha. Es falso que los indígenas Loxichas sean terroristas o guerrilleros. Lo que se vive en Loxicha es una Guerra de Baja Intensidad contra los indígenas y líderes sociales y una impunidad de caciques, paramilitares, policías, militares y funcionarios gubernamentales imposible de ocultar.

Ante ello y a riesgo de nuestra propia integridad física y psicológica seguiremos exigiendo:

¡Alto a la represión! ¡Justicia y Libertad para Loxicha! ¡Una ley de amnistía para presos y perseguidos políticos y de conciencia en el país! Por una Navidad sin presos políticos y de conciencia.

Atentamente, Juan Sosa Maldonado, Vicepresidente del Consejo Directivo de la OPIZ.
 
 

Juan Sosa