La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, destinada a contribuir a pacificar un conflicto en ciernes, se enfrenta a una escalada de violencia terrorista en las regiones del Biobío y de La Araucanía, la que nuevamente se ha traducido en la quema de casas, galpones, vehículos, siembras y plantaciones.
Mónica Ortiz Otárola
 

 El Pillán, divinidad mapuche, aún no logra aquietar los violentos vientos que soplan en la Región del Biobío y de La Araucanía. Las voces de protestas y acciones vandálicas, como tomas y quemas de fundos, no han dejado indiferente a nadie. Recién se seca la tinta del documento de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que hace unas semanas entregó su informe al Presidente Lagos. Las críticas al texto fueron casi inmediatas. Las manifestaciones violentas también.

      Tras años de reflexión, las conclusiones de este trabajo pretendían buscar un precedente para encontrar soluciones al conflicto indígena. Tal vez porque algunas de las ideas del informe suenan revolucionarias, éstas no fueron bien recibidas ni en el Congreso ni en las comunidades mapuches. No hay claridad sobre su real valor para la política indígena y, paradojalmente, parece que el consenso estriba en que muchas de sus propuestas no coinciden con la problemática actual ni son aplicables bajo la institucionalidad chilena.

      Los puntos que despiertan más suspicacia son los que hacen referencia a la reparación y los derechos políticos. Esto, porque el contenido está muy centrado en la problemática de tierras de la población mapuche. La idea fue profundizar la entrega de terrenos a comunidades en conflicto, pero no se habla de cómo capacitar a los comuneros para el uso de esas tierras. Este tema se liga con la creación de territorios especiales o de “preferencia” para el desarrollo indígena, ámbito que también es criticado.

     Rurales y urbanos

      La investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo Ena Von Baer explica en un informe público sobre la materia que “la idea de territorios especiales no los hace parte del resto de la sociedad y si bien la deuda histórica es importante para ellos, su primera prioridad es el desarrollo socioeconómico”. En esa idea coincide el concejal mapuche de Chol Chol, Venancio Coneupán, al expresar que la comisión Aylwin “no nos representa en nada”. Además, el informe refuerza la convicción de la “ruralidad” indígena, cuando está demostrado que más del 50% de esa población vive en las ciudades.

      Otra de las ideas que provoca cuestionamientos dice relación con que los indígenas tengan sus propios representantes en el Congreso. Para José Llacapán quien representó a la población mapuche urbana en la Comisión, la propuesta es lógica, ya que a su parecer “no se puede hablar de democracia si el 10% de la población está negada de participar”.

      Contraria a esa idea, Ena Von Baer, argumenta que el 85% de los indígenas es parte del sistema electoral: “¿Para qué separarlos si participan de la organización política del país en un porcentaje altísimo? Por algo, una de las instituciones mejor evaluadas por ellos son las municipalidades”.

     Nuevos ataques

      No es Chiapas, pero tiende a parecérsele; tal vez no en la extensión, pero si en la soterrada violencia. En la provincia de Arauco existen más de 200 comunidades mapuches que reclaman la propiedad de 60 mil hectáreas, principalmente en las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo.

      Los empresarios, el gobierno y las comunidades saben que es irreal negar la existencia de violencia en Arauco y aparentar que es una taza de leche. Especialmente a la luz de las fogatas que terminaron por reducir a cenizas el predio del ex ministro Fernando Léniz.

      El ahora empresario está exigiendo mayor seguridad, porque activistas mapuches han seguido ocupando su propiedad, a pesar de la consternación que ha despertado su caso y de las palabras de repudio lanzadas por el mismo Presidente de la República.

      La vivienda afectada está en el fundo Chauquén, a 130 kilómetros de Valdivia. Sin embargo, no tan lejos, la violencia también campea. La Corporación Chilena de la Madera (Corma) habla de una escalada de violencia terrorista que se está viviendo hace algunos años, especialmente en las regiones del Biobío, La Araucanía y de Los Lagos, la que se ha traducido en la quema de casas, galpones, vehículos, siembras y plantaciones.

     “La tierra dejó de ser lo más importante en esta lucha”

 “En la reserva de la Hacienda Lleu-Lleu hemos sufrido más de 50 atentados, la mayoría de carácter relámpago, ejecutados profesionalmente por encapuchados premunidos de armas de fuego”.

      -Su propiedad ha sido atacada en reiteradas ocasiones. ¿Qué avances ha hecho la justicia para dar con los responsables de esos delitos?

      -Debo aclarar que no sólo mi propiedad ha sido atacada. Han sido quemados los bienes y cosechas de modestos campesinos, los que también han sufrido intentos de homicidios por atreverse a declarar como testigos en los tribunales. Viven sometidos al terror que les impone la organización terrorista; todo a vista y paciencia de las policías, autoridades políticas y judiciales. Lo más increíble es que procesados por delito de incendio y Ley de Seguridad del Estado, en forma reiterada, gozan de pena remitida. Ultimamente, como no les quedan construcciones para quemar, están utilizando químicos contra las plantaciones de los campesinos del sector. Respecto a los avances de la justicia, habría que esperar los resultados de la investigación que realicen los carabineros de turno. Creo que sólo en Chile se les encarga la investigación de una organización terrorista con vínculos internacionales a un cabo y un sargento de una comisaría rural. El resultado no puede ser otro que el lógico y esperado. Nada.

      -¿Desde cuándo usted está en juicio por los atentados ocurridos en sus predios?

      -La reserva de la Hacienda Lleu-Lleu ha sido uno de los objetivos favoritos de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la que inició sus atentados incendiarios en 1998 y ha proseguido hasta ahora. Los atentados incendiarios destruyeron nuestra casa, la de los trabajadores, caballerizas, galpones y, en general, valiosas construcciones centenarias que eran un testimonio de la colonización realizada por la familia Del Pino a fines de 1800.

      -¿Ha habido avances en las investigaciones?

      -La mayoría de las causas han sido sobreseídas después de los informes de la comisión civil de Carabineros, que es la unidad encargada de realizar las investigaciones para los tribunales de Cañete. Como frecuentemente no disponen de vehículos, bencina, alimentación, teléfonos, etcétera, no pueden entregar mayor información a los magistrados sobre una sofisticada red con vínculos internacional que dirige, planifica y ejecuta los atentados en las regiones del Biobío y de La Araucanía. En los oficios del general de Carabineros de la Octava Región al alto mando -que son coincidentes con los oficios del gobernador de Arauco y la Intendencia- se niega la existencia del evidente clima de deterioro de la seguridad jurídica e, increíblemente, se me acusa de “querer hacer creer a la autoridad que existe un clima de beligerancia en las comunidades mapuches”.

      -¿Hay culpables?

      -¡Pero si los culpables han reivindicado los atentados por la televisión, prensa escrita, radio e internet! Han sido procesados y condenados en forma reiterada, pero siempre con pena remitida. La razón la entregó el juez de Cañete a la opinión pública nacional: “no se aplica la ley para proteger la paz social”. Lo reafirmó el propio gobierno en la transacción de Ralco: “Paz por tierras”. Todo esto tiene un solo nombre: extorsión.

     Más importante que la tierra

      -Con todo lo ocurrido hasta ahora (la propuesta de Verdad y Reconocimiento a los Pueblos Indígenas), ¿cree usted que verdaderamente se solucionen los conflictos?
      -No. Todo lo contrario. El actual estado del conflicto corresponde al diseño de los que propiciaron la actual Ley Indígena y que ha comenzado a agotar sus recursos para obtener más dinero del resto de la sociedad, y necesita crear nuevas fuentes. Creo que, además, existe también algún grado de interés en mantener un germen de violencia y terrorismo latente para ofrecer gobernabilidad ante fenómenos como éste o detonarlos ante un eventual cambio de gobierno. ¿Quiénes? Vasta mirar a los que copan las pantallas de televisión cuando aparecen los terroristas camino a los tribunales.

      -¿Siente que vale la pena seguir luchando por una tierra que parece estar en el “ojo del huracán”?

      -Para mí, la tierra dejó de ser lo más importante en esta lucha. Hoy me preocupa más el país que heredarán mis hijos y que espero no esté dirigido por los mismos cobardes que los han puesto en riesgo o los sociospolíticos de la banda terrorista que se oculta tras el conflicto indígena. Los criminales quemaron mi casa, las de mis trabajadores, los juguetes de mis hijas, nuestro lugar de encuentro familiar y de amistad, y parte del fruto de toda una vida de trabajo. Contra ellos es imposible luchar con las armas del derecho y de la ley; serán por siempre criminales. Pero contra los que los han dejado actuar impunemente y que se han ocultado tras su investidura, queda pendiente una gran tarea de denuncia, tanto en la justicia como en la historia.