Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Lunes 04 de enero de 1999 

TENDENCIAS  
Las empresas y los derechos humanos 

Una autoridad internacional debería exigir que en todos los países haya condiciones de trabajo dignas 

LAURE BELOT. Columnista de Le Monde 



El caso de la empresa Benetton, acusada de hacer trabajar niños en Turquía, plantea la pregunta de los compromisos sociales de las multinacionales. Muchos grupos cuyas plantas de producción están instaladas en Asia, América latina o Europa del Este, se ven ante el problema del respeto de los derechos fundamentales del hombre en el trabajo porque estos derechos no son reconocidos por todos los Estados.

Definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos derechos son cinco: prohibición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzado, no discriminación de los trabajadores, libertades sindicales y libertad de negociación de las convenciones colectivas. La convención N 138, que trata de la prohibición del trabajo infantil, solamente fue ratificada por 67 de los 174 países miembros de la OIT. Entre los grandes ausentes están Brasil, China, India, Indonesia. Estos últimos tres países tampoco ratificaron la N 105, que establece la prohibición del trabajo forzado. Estas naciones, sin embargo, no están excluidas de la actividad económica internacional. Son incluso destinos predilectos de las industrias, las textiles en particular, para instalar sus plantas de fabricación y reducir sus costos de producción.

Hasta ahora, pocas empresas han intentado saber qué pasa verdaderamente en estas zonas tan baratas. Son las asociaciones de consumidores o los sindicatos los que han puesto al descubierto los escándalos o han hecho presión sobre las empresas. Es el caso del grupo textil estadounidense GAP: acusada de trabajo forzado en El Salvador, la firma instituyó un código de conducta en 1995, comprometiéndose a respetar los derechos establecidos por la OIT. La sociedad italiana Artsana, que fabrica los juguetes Chicco, también fue acusada: 87 empleadas chinas murieron en 1993 en el incendio de una planta de producción donde estaban encerradas. Tras cuatro años de negociación con los sindicatos italianos, la empresa adoptó un código de conducta a fines de 1997. Los ciudadanos se movilizan La movilización de los consumidores ha hecho reflexionar a las empresas. El caso Nike provocó temor. El volumen de negocios de la compañía bajó en 1998 en los EE.UU., tras un aumento del 39% en 1997. Esto se debió en parte a una gran campaña que denunciaba las condiciones de trabajo en ciertos países asiáticos y latinoamericanos.

Algunas empresas toman ahora la delantera en adoptar principios sociales: entre otras, Levis, Reebok, Wal-Mart en los EE.UU., y C & A, Auchan, Ikea, en Europa. Muchas veces, en colaboración con asociaciones locales. Así, Promods anunció en noviembre pasado su "apoyo" a la norma SA 8000, certificación social ideada por una agrupación de asociaciones estadounidenses. En tanto, The Apparel Industry Partnership -un grupo de reflexión creado por Bill Clinton en 1996, que reúne a empresas, sindicatos y ONGs- arribó en abril de 1997 a un código de comportamiento social tipo, pero dice tener dificultades para que todas las partes se comprometan. En Alemania y Francia existen iniciativas similares. En tanto, los estudios de auditoría financiera como Ernst & Young o Price Waterhouse Cooper proponen auditar socialmente a las empresas.

Frente a este intenso activismo, el BIT (Bureau International du Travail, secretaría de la OIT) hace sonar la alarma. En un informe publicado en noviembre, subraya que los 215 códigos sociales de empresas que estudió son muy incompletos: menos de la mitad se refiere al trabajo infantil, sólo un cuarto prohíbe el trabajo forzado y apenas el 15% hace referencia a la libertad sindical. Y ninguno de estos dispositivos parece garantizar el control de estas normas, según afirma Michel Hansenne, director del BIT.

Los especialistas que estudian el problema del trabajo infantil subrayan la necesidad de un control in situ a cargo de interventores locales que residan en el país. Por ello, un programa internacional lanzado en 1992 por el BIT hace trabajar asociados a los industriales locales, el gobierno, los sindicatos. Se crea así una célula local que visita de improviso todas las plantas donde podría haber trabajo infantil y luego toma medidas para escolarizarlos.

Las normas creadas plantean otro problema: el de su legitimidad. La especialista Alice Tepper insiste en el hecho de que la norma SA 8000 "se basa en las convenciones de la OIT". Es decir: las empresas se imponen reglas sociales más avanzadas que la legislación en vigor en el país. ¿Esto es realista? Estas iniciativas testimonian, en todo caso, un interés creciente de los ciudadanos por contrarrestar efectos perversos de la mundialización. Pero, dice Hansenne, "ninguna iniciativa hoy puede invocar haber recibido el apoyo de la OIT". ¿No es hora de que, para canalizar y hacer creíbles estas iniciativas, se cree una autoridad internacional de regulación? 

Copyright Clarín y Le Monde, 1998. Traducción: Elisa Carnelli. 

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