En sus primeras declaraciones el nuevo director de la Conadi, Francisco Painepán, ha recordado que a pesar de que los mapuches son millonarios en tierras, siguen viviendo en la pobreza. Alude con eso a las dudas sobre la repercusión real que hayan tenido en las condiciones de vida de las comunidades mapuches las transferencias de tierras que han recibido desde 1994 como consecuencia de la Ley Indígena, en particular por medio del Fondo de Tierras y Aguas.

En ese marco se han asignado del orden de 100 mil hectáreas a diversas comunidades, sin que haya claridad respecto del efecto neto de esta política en los ingresos familiares. Los antecedentes disponibles insinúan que las repercusiones son más bien modestas, y algunas estimaciones sugieren incluso que pueden ser negativas, por la disminución de los ingresos provenientes de actividades extraprediales: en muchos casos el hacer producir la tierra requiere que miembros de las comunidades cesen en las actividades que realizaban antes de estas transferencias, aspecto que debe ser considerado en la evaluación de esta política.

El director de la Conadi estima que el problema radica en que las comunidades reciben las tierras sin suficiente apoyo técnico y, por tanto, no logran sacarles mayor provecho. Sin duda, ese problema existe, en particular porque las zonas en que se ubican los predios requieren reconversión en algunos casos, y en otros inversiones significativas para tornarlas más productivas. Las comunidades no siempre cuentan con el apoyo de otros programas para atender estas necesidades, en gran medida por problemas de coordinación en la acción gubernamental.

Pero también otros factores inciden en esto y explican esa descoordinación. La política de transferencias de tierras a menudo se entiende como reconocimiento y afirmación de la identidad mapuche, olvidando que ellas también crean expectativas económicas. Además, por esa misma razón, esas transferencias ocurren en un régimen muy restrictivo que, entre otros aspectos, asegura que la propiedad se mantendrá en comunidad, incluso prohibiendo que se las entregue como garantía de una hipoteca.

Este enfoque intenta preservar una forma de organización económica que existía hace 500 años, identificándola como parte de una cultura, pese a que esas formas cambian en función de las necesidades de la comunidad. La idea de una cultura pétrea no tiene sentido, y menos lo tiene el intentar reproducir en el mundo moderno una organización económica arcaica.