Editorial - El fiscal nacional, Sabas Chahuán, autorizó el viaje de dos fiscales a Colombia para recabar antecedentes sobre los presuntos vínculos entre miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y el grupo terrorista colombiano FARC. Adoptó esta decisión luego de que en noviembre pasado la Fiscalía General colombiana informara a las autoridades chilenas sobre las visitas que realizaron a ese país al menos seis activistas de la referida Coordinadora desde 2004.

Varios de estos últimos se encuentran actualmente formalizados por la Ley Antiterrorista, tras haber cometido actos de violencia en La Araucanía.

Si bien hace algunas semanas el fiscal nacional descartó que miembros de las FARC hayan permanecido en La Araucanía para entrenar a mapuches radicalizados, es indispensable determinar la real profundidad de los posibles vínculos de entidades chilenas con organizaciones terroristas extranjeras. Esto, sin embargo, no puede limitarse al viaje de los dos fiscales -indudablemente necesario-, sino que debe formar parte de un sistema de inteligencia permanente de las autoridades chilenas. No puede ignorarse que hace apenas una semana volvieron a producirse actos de violencia en La Araucanía -un ataque incendiario contra un camión aljibe, con múltiples disparos de escopeta contra su conductor.

Un elemento nuevo en este episodio fueron las declaraciones del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien condenó tales hechos, tildó a los violentistas de "delincuentes" y añadió que "estamos hasta más arriba de la coronilla". Semejantes declaraciones no resuelven el problema, pero cabe valorar la señal firme dada esta vez por la autoridad, en contraste con la minimización o pasividad con que se han enfrentado otras muchas situaciones similares. Rectificar errados enfoques anteriores sobre uso sistematizado de la fuerza es un primer paso, y abandonar la postura habitual de calificarlos como "hechos aislados", aunque muy tardío, es importante. Los actos de creciente violencia durante dos décadas en esa región dan cuenta de una forma organizada de criminalidad de alta peligrosidad, cuyas características distan mucho de la delincuencia común. Notoriamente se trata de delincuencia terrorista, y por eso se deben investigar a fondo sus posibles conexiones con grupos terroristas extranjeros.

Ya en 2002 un fiscal del Ministerio Público de Temuco aseveró que existían evidencias de la vinculación de la CAM con entidades terroristas internacionales, como la ETA, y los antecedentes sobre la relación con las FARC son contundentes y alarmantes.

Una nueva política indígena deberá enfrentar con todas las facultades que contempla la ley estos actos terroristas, sin descartar a priori su peligro real. Históricamente, los países que descuidaron combatirlos en sus inicios han sufrido consecuencias devastadoras.