Las elecciones mostraron que el sistema de participación ciudadana fundado en la Constitución de 1980 es injusto y muy poco feliz para la democracia. Se postula que la soberanía reside en el pueblo, pero la Constitución no reconoce la multivariedad cultural y racial, particularmente la del pueblo mapuche, anterior a la nación chilena, que se independizó de España antes que Chile y antes que la misma Revolución Francesa de 1789.

No permite su expresión autónoma e independiente, ni elegir a sus autoridades. Similares protestas por su autonomía hay en Rapa Nui, incluso que reclaman la total independencia de la isla.

Respecto del ejercicio de la soberanía puso en el mismo nivel al pueblo con las autoridades establecidas. Autoridades como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, más allá de la independencia que algunas puedan exhibir, se mantienen al margen de su imperio. El Poder Legislativo nace de elecciones rígidamente encauzadas entre dos fuerzas mayoritarias. No cabe la representación de las minorías políticas ni raciales: están excluidas, y consideradas ajenas la voluntad popular.

La Constitución de 1980 terminó con la democracia representativa, sólo privilegió a dos bandos, uno para la dictadura y otro para la oposición permitida. Negó y excluyó una tercera posición. Los tres tercios tradicionales de la política chilena, derecha, centro e izquierda, fueron eliminados por la violencia y substituidos por una oposición entre dos bandos: derecha y centro. Así, por efecto de la imposición dictatorial, las fuerzas políticas desde los primeros comicios bajo el régimen de la Constitución de 1980 partieron absolutamente desniveladas.

Mientras algunas eran fuertemente reprimidas, otras fueron toleradas, haciendo incluso entre ellas abiertas discriminaciones. El sistema de segunda vuelta aceptado y patrocinado por la Democracia Cristiana antes de 1973 y después por la Concertación, y recogido finalmente por la dictadura, está dentro del esquema de mayorías y ha demostrado su ilegitimidad como expresión de la voluntad soberana en cuanto obligó a los electores a optar por una de ellas, contrariando su libertad de conciencia, y provocando el escepticismo electoral con aumento de abstenciones, votos nulos y blancos.

Juan Pavín Villar, abogado