VIEDMA (AV).- Los representantes aborígenes en el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) y miembros de diversas agrupaciones acordaron ayer, tras toda una jornada de discusiones, suscribir un convenio de pacificación interna y definir diversos reclamos de cambios en el próximo Parlamento Mapuche.

La decisión se tomó a partir de una inquietud que surgió en el marco de lo resuelto por el Parlamento Mapuche realizado en la Laguna Carrilafquen, y que derivó en que una comisión acudiera a la sede del Codeci.

Inicialmente se había anunciado que la concurrencia, patrocinada por miembros del ex Consejo Asesor Indígena (CAI) –a la que recientemente se le retiró la personería jurídica–, tenía como objetivo solicitar el inmediato alejamiento de todos los cargos que ocupan consejeros indígenas, mesa ejecutiva, coordinadora y de los distintos programas en ejecución.

Asimismo, transmitieron al presidente del cuerpo, Florentino Huircapán, que la comisión designada por el parlamento tiene como tarea arbitrar los medios para la renovación total de las autoridades institucionales en el próximo parlamento.

Será convocado para el mismo lugar, cercano a Ingeniero Jacobacci, para la segunda quincena de marzo.

Desde muy temprano estuvieron reunidos en la sede de Buenos Aires 423, Huircapán con sus consejeros Doris y Walter Cañumil, y las asesoras legales Ana Huentelaf y Nora Aravena. Por los autoconvocados llegaron al edificio una veintena de personas de la agrupación Monguel Mamuel de Viedma, encabezados por Hugo Aranea y Aniceto Huenchul. Estos últimos dijeron contar con el aval de los principales referentes indígenas como Lucerinda Cañumil, José Collueque, Mario Torres Cona y Teresa Epulef.

Los cuestionamientos hacia la actual conducción se basaron en que había finalizado el período de representatividad, que se estaba incumpliendo con el trabajo encomendado dentro del Codeci, que existía en las comunidades un aparente desconocimiento del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que no se daba respuesta a las urgencias en las necesidades sociales y que estaba paralizado el relevamiento territorial de comunidades.

El oficialismo dentro del Codeci se encargó de desmentir los cuestionamientos sosteniendo que los mandatos no estaban vencidos, y se resaltó la necesidad de establecer acuerdos dentro de las discusiones para explicar que muchos programas no se llevaron a cabo debido a que el gobierno retaceó la asignación de fondos.

Otro de los puntos abordados es que se explicó en forma pública que ya se hizo un relevamiento de 26 comunidades sobre un total de 126, en el marco de lo que prevé la ley nacional 26160 que reconoce a los pueblos originarios.