Después de 14 días de trabajo en las regiones del Biobío y La Araucanía, el comisionado presentó tres recomendaciones al Gobierno para frenar el conflicto.
MARIO GÁLVEZ Tres recomendaciones de aplicación inmediata para morigerar el conflicto mapuche, que -a su juicio- amenaza con convertirse "en un conflicto regional de gran envergadura", entregó al Gobierno chileno el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y contraterrorismo, Ben Emmerson.Después de 14 días de trabajo, que incluyó reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, policiales, representantes de organizaciones civiles, comunidades mapuches y víctimas de la violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía, el comisionado hizo un balance del informe que en marzo de 2014 presentará ante el Consejo de DD.HH.
Una de ellas es el cese inmediato de la aplicación de la Ley Antiterrorista a representantes de esta etnia, pues afirmó que esta ha sido utilizada "de un modo que discrimina a los mapuches". Según el relator, se ha aplicado de manera confusa y arbitraria, lo que "ha menoscabado el derecho a un juicio justo".
Pidió revisar y sustituir los cargos de quienes se encuentren procesados en virtud de esta legislación. "Si los fiscales públicos no están preparados voluntariamente para adoptar tal política en este momento, entonces el Parlamento debiera promulgar la legislación para obligarlos a hacerlo", dijo.
Y para evitar la impunidad por los delitos cometidos, Emmerson señaló que debe aplicarse en forma imparcial y efectiva la legislación penal ordinaria.
También recomendó diseñar una estrategia nacional que aborde ampliamente el tema mapuche "dentro de un plazo definido y relativamente breve".
La búsqueda de una solución no solo requiere de un fuerte aumento de recursos del nivel central para la restitución de tierras ancestrales, expresó, sino que también necesita de "un cambio de paradigma" en la voluntad política para darle al tema la prioridad que requiere.
La tercera sugerencia es poner fin "a la actual situación de impunidad de facto por los delitos cometidos" por las policías en contra de comunidades mapuches desde hace diez años. Pide que estos se investiguen y castiguen apropiadamente porque "la Fiscalía Militar ha fracasado visiblemente en su deber de hacer cumplir la ley mediante el enjuiciamiento y castigo de los responsables".