Durante el tratamiento legislativo de la controvertida ley de servicios de comunicación audiovisual, los pueblos originarios fueron una de las banderas levantadas por los impulsores de la norma. Todavía pueden verse en Internet los avisos que difundió el gobierno nacional en los que artistas famosos hablan lenguas aborígenes para sostener ese apoyo (http://bit.ly/avisoaborigen).

Ahora, lejos aún de darles voz a los pueblos aborígenes, la aplicación de esa ley causó una dura puja entre las organizaciones que los representan. El eje de la disputa está en cómo se acreditará la pertenencia a los pueblos aborígenes, condición para acceder a radios y canales de televisión.

Mientras que para algunas agrupaciones casi cualquier ONG o asociación civil que reivindique la representación indígena puede reclamar radios y canales de TV, otras entidades piden que se regule ese punto para que ese derecho se restrinja a los pueblos, como está previsto en la ley, y no sea usurpado por terceros.

"Ahora que la sociedad está sensibilizada sobre la problemática de nuestros pueblos, aparecer con esta división es una lástima. Pero si no se soluciona este problema, los medios podrían terminar en manos del clientelismo y el asistencialismo de siempre, o directamente en manos de empresarios", afirmó Daniel Segovia, presidente de la Unión de Pueblos Originarios, que se opone a que simples organizaciones reivindiquen el derecho de las naciones ancestrales a tener medios.

El artículo 151 de la nueva ley de medios, uno de los que más consenso parlamentario tuvo durante el tratamiento de la norma, prevé que "los pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual". En medio de cientos de organizaciones que trabajan en temas aborígenes, la clave radica ahora en establecer qué entidades deben ser reconocidas como "pueblos", según dice el texto legal.

Según explicó Matías Melillán, de la Confederación Mapuche Neuquina, "con la nueva ley los pueblos originarios solicitamos autorizaciones, no licencias. Es distinto porque la autorización no caduca, la licencia sí. El año pasado luchamos bastante para que cada pueblo, cada organización y cada comunidad pueda solicitar autorización. Son varias las organizaciones de las naciones originarias que están en este proceso".

Melillán integra el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enopo), que apoya la entrega de frecuencias de radio y televisión a organizaciones. El Enopo, junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), trabaja en el desarrollo de las primeras 16 radios aborígenes, que estarán en cabeza de los pueblos.

Para Segovia, las autorizaciones que no caducan deben estar en manos de cada pueblo, no de las organizaciones intermedias.

De fondo también está la pelea por las fuentes de financiamiento de los nuevos medios aborígenes que, según la ley, serán principalmente "asignaciones del presupuesto nacional" y "recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas [INAI]", es decir, fuertemente dependientes del gobierno de turno.

Pueblos v organizaciones
El INAI, que desde su creación en 1985 gestiona el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), instituyó hace un mes, mediante la resolución 328, el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Renopi), que crea las figuras de organizaciones de primero, segundo y tercer grado, según su nivel de representatividad.

Según explicó a La Nacion Andrea Quevedo, de la comunidad Kolla de la provincia de Buenos Aires, "una cosa no tiene nada que ver con la otra: las comunidades tienen personería y tienen la representación del pueblo porque las familias eligen a los caciques, y éstos al representante ante el Consejo de Participación Indígena (CPI), que funciona en el INAI. En cambio, las organizaciones son como cualquier otra ONG cultural, educativa o social, con la única diferencia de que están integradas también por indígenas. Por ejemplo, la Tupac Amaru, que es una organización barrial". Legalmente, la representación de los pueblos aborígenes ante el Estado está en manos del CPI.

De acuerdo con Segovia, que también es asesor de la diputada kirchnerista Silvia Vázquez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, "es como si un club de fútbol tuviera la representación de La Matanza. El temor está en que terceros saquen cientos de radios y canales a nombre de comunidades originarias. Se daría un caso parecido a cuando se usó a los discapacitados para comprar autos importados", agregó el dirigente. En la Argentina, donde aún no hay demasiada información sobre aborígenes, habría unas 48 naciones originarias.

"El nuevo registro es un paso importantísimo. Hasta ahora, el sujeto de derecho eran las comunidades, que en la práctica terminan siendo muy débiles porque habitualmente están muy condicionadas. Es muy distinto discutir con una organización de segundo grado", dijo a la agencia Télam Roberto Ñancucheo, director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con quien La Nacion no logró comunicarse.

Ninguna posibilidad
La Nacion consultó al presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, sobre el riesgo de que los medios pensados para expresar la voz de las comunidades aborígenes, algo celebrado por todo el arco político y social durante el tratamiento de la ley, terminen en manos de punteros políticos, religiosos o empresarios inescrupulosos.

El funcionario afirmó que los interesados en estas autorizaciones "tienen que venir con el registro del INAI que reconoce los pueblos originarios. No hay ninguna posibilidad de que alguien que no esté reconocido en el instituto tenga autorización". Cerca de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, de quien depende el INAI, no respondieron las consultas sobre este tema.

La disputa entre distintos sectores aborígenes, que se da dentro del propio kirchnerismo, quedó solapada tras los incidentes en la comunidad La Primavera, de Formosa, que dejaron como saldo tres muertos, dos aborígenes y un policía.

Publicidad: Brasil hizo escuchar su queja
El presidente de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine), Manoel Rangel, se reunió la semana pasada con el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, para expresarle formalmente la queja de su país respecto de las restricciones que la nueva ley de medios argentina impone a la producción publicitaria brasileña. Desde octubre pasado, los canales de nuestros país no pueden emitir avisos que no hayan sido producidos por firmas locales y con un mínimo de 60% de profesionales de nacionalidad argentina.

José Crettaz