Sin contar con ningún aval técnico ni dictamen correspondiente, a principios de esta semana el Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó una subdivisión simple de una parte del Territorio de la Comunidad Paichil Antriao, ubicado en el acceso a la Cascada Inacayal. Un concejal confirmó que la aprobación del loteo se hizo por cuestiones políticas: “esto fue para frenar las ocupaciones que hay en la zona”, aseguró. Asimismo detalló que con similar criterio, “antes es que esto se aprobó el loteo de la mutual policial”. Evidentemente con esta desición el munipicio deja de lado el pedido de la revisión integral de títulos y el relevamiento territorial que exigen los Mapuche.

Lo convalidó el Concejo Deliberante el año pasado pero ahora la iniciativa comienza a desandar el camino en las áreas técnicas del Municipio, presentando serias dificultades desde el punto de vista del desarrollo.

Se trata de la parcela de 4 hectáreas donde los integrantes del Lof Mapuche reclaman la posesión ancestral del territorio que hoy ocupan los privados Viviana Bolognia, Patricia Benítez y Daniel Ducau.

Según la Ordenanza 2248, gracias a la subdivisión se podrán obtener 60 lotes de 250 m2 cada uno.

En los considerandos de la norma, se deja en claro que el fin de dicho proyecto es desarrollar “viviendas multifamiliares”. No obstante, un concejal confirmó que la aprobación del loteo se hizo por cuestiones políticas: “esto fue para frenar las ocupaciones que hay en la zona”, aseguró. Asimismo detalló que con similar criterio, “antes es que esto se aprobó el loteo de la mutual policial para que en el lugar haya mas viviendas”.

Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad Mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.

Una parte de esas 222 hectáreas Mapuche que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, solicitando al gobierno nacional que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.

Detalles de la usurpación anunciada

Textualmente, el Considerándos del loteo en cuestión sostiene en su excusa: “el objetivo es que a través de este tipo de proyectos se genera una forma mas de ayuda a dar soluciones habitacionales a las familias de la localidad”.

Consecuentemente, el modelo de intervención aprobado, podría repetirse en los lotes circundantes, lo cual conlleva una discusión, ya que la densidad de construcción permitida es aún mayor a la que actualmente tiene Barrio Norte.

Otro de los puntos inconclusos que tiene el proyecto y que debería estar resuelto antes de la aprobación de la subdivisión en PH, es el acceso. Si bien actualmente se llega al lugar por medio de una calle, desde Obras Publicas explicaron que la misma no es pública. Esa arteria atraviesa cuatro lotes. Los dos de los extremos cedieron tierras para la calle, pero los del interior aún no lo han hecho.

“Acá se estaría generando una urbanización sin un acceso público legal y administrativamente cedido por Mensura. Este es un paso muy importante que falta resolver. Esto hubiese saltado a la luz si hubiese tenido intervención Catastro, pero los concejales…”, dijo uno de los funcionarios consultados.

La parcela total es de 40.400 m2, “solo” 14.990m2 serán para viviendas. Del resto, 6.600 serán Espacios Verdes, 2.020 Reserva Fiscal, 8.950 Lote Común y 8374 serán destinados a calles.

En tanto que las casas proyectadas serán de hasta 100 m2 ( lo que arroja un total de 6.000 m2 edificados solo para viviendas)

Las subdivisiones para las viviendas se harán en 4 cuerpos de 20, 15, 14 y 11 unidades.

Reclamo Mapuche a Cristina

El 20 de enero último la comunidad Paichil Antriao se dirigió, a través de una carta, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo fue lograr la atención de la mandataria para que definitivamente interceda en el asunto, “ya que en su carácter de titular del Poder Ejecutivo nacional es la máxima responsable de la aplicación de todas las normas vigentes en la Argentina de protección a los derechos y garantías de los pueblos originarios”, puntualiza el final de la carta. Los requerimientos que se incluyen son:

- La desmilitarización total e inmediata del espacio territorial de la comunidad Paichil Antriao, retirando toda presencia armada (policial y parapolicial) que montó el gobierno de la provincia de Neuquén desde el 2 de diciembre de 2009. Disponer una investigación independiente e integral de todas las violaciones a los derechos de los pueblos originarios.

- La restitución inmediata al Pueblo Mapuche del Rewe, espacio sagrado de la comunidad. Y la suspensión de las obras iniciadas por el norteamericano William Fisher.

- La revisión integral de títulos de todo el lote 9 original del ejido municipal de Villa La Angostura, espacio tradicional de la comunidad.

El caso de la “propiedad privada” de la Mutual policial en el Belvedere

El proceso de despojo y atomización del lote agrícola pastoril 9 original comenzó a tomar forma en 1950, con la primera sentencia de sucesión que lo fracturó en tres grandes bloques para legalizar su inmediata incorporación al mercado inmobiliario de entonces.

Esa rapiña continúa hasta el presente, reactualizando los actores y los métodos del despojo y la atomización del territorio ancestral de la comunidad mapuche Paisil-Antreao.

El caso de la “propiedad privada” de la Mutual policial en el Belvedere es, dentro de la gran rapiña del lote 9, un caso particular que es imprescindible analizar al calor de la persecución, represión y torturas cometidas en los últimos 50 días al pueblo mapuche en VLA.

La Mutual del Personal Policial de la Provincia de Neuquén, organismo dependiente de la Jefatura central, dice ser propietaria del lote nomenclatura catastral 16-20-56-5772 ubicado en la ladera del Cerro Belvedere. Está ubicado a continuación de la chacra de Gómez, donde está ubicado uno de los puestos policiales desde el 02/10/10.

El año pasado la Mutual inició un expediente ante el gobierno municipal de VLA, que tuvo un rápido y exitoso tratamiento. El 20 de agosto del año pasado el Concejo Deliberante local le aprobó los planos para la construcción de 16 viviendas multifamiliares y un SUM, según consta en la ordenanza n 2244/09.

En los considerandos de esta ordenanza, el CD asegura que las viviendas serán destinadas al personal policial que se desempeña en VLA y que “existe al día de la fecha una marcada carencia de viviendas” en la localidad para ellos.

Así es que, en medio del conflicto por el que el Estado (nacional, provincial, municipal) desconoce sistemáticamente la ocupación tradicional del pueblo mapuche en el antiguo lote 9, esta ordenanza nos viene a confirmar que la policía del Neuquén cobra sus honorarios por la protección de los supuestos inversores privados en tierras, así como hace 130 año lo hicieron por la ley nacional “de premios militares”. Así se entiende mejor que cuando obedecen las órdenes de mando de parte de William Fischer durante los hechos de represión armado contra el pueblo mapuche, lo están reconociendo como un par, en su doble condición de policía del Neuquén y “apropiador” del lote nomenclatura catastral 16-20-56-5772.

En esa fracción del territorio, calle de por medio, está la ocupación tradicional de Berta Barría Paisil, Cristóbal Livio y los hijos. La huerta de la familia estaba donde se apropió la mutual policial, cuyos brotes de la última siembra subsisten al riego criminal con nafta que le hizo Daniel Ducao, otro supuesto inversor en el área, durante el desalojo de la fracción que usurpa Fischer a un par de km de distancia.

Fuentes:
- Diario Andino
- Diario Pagina/12
- Indymedia ((i)) Pueblos Originarios