Documento contiene más de 50 testimonios de menores de edad que habrían sufrido graves violaciones a sus derechos en sus comunidades, escuelas y espacios públicos entre el 2001 y 2011.
Encañonamiento con armas de fuego, amenazas de muerte, allanamientos a sus establecimientos educacionales e incluso detenciones arbitrarias son algunas de las denuncias que presenta el informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile elaborado por la Fundación Apoyo a la Niñez Desprotegida (ANIDE) en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile) y otras entidades humanitarias internacionales.El presidente de ANIDE, Claudio Vistoso, denunció que estas “acciones de violencia” han sido cometidas por personal de las fuerzas especiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) que han afectado a niños de la etnia de 9 meses hasta 16 años durante la última década y que atentan contra la dignidad, el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.
Carlos Muñoz, vocero nacional de ROIJ Chile, explicó que el objetivo principal de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es “poner en conocimiento la situación de violencia y solicitar arbitrio para que se adecue el sistema legal”. Y, además, expondrán el incumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la invocación de la Ley Antiterrorista en casos de menores de edad: “El ministerio Público ha insistido en invocar esta legislación de excepción en casos de menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente”, señaló.
“Existe una criminalización de los movimientos sociales mapuches”, expuso Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, y agregó que “el Comité de DDHH, la Unicef, la Convención de los derechos del niño e incluso la ONU han realizado denuncias respecto al patrón de comportamiento que afecta a la comunidad originaria”.
Las organizaciones cuestionan el actuar del Gobierno, pues no hay un reconocimiento público de la violencia institucional y no se implementan medidas reparatorias. Carlos Muñoz expresó que la audiencia sólo puede generar recomendaciones no vinculantes al Estado de Chile, pero “de no ser cumplidas podría derivar en un juicio ante la Corte Interamericana de DD.HH”.
El informe, que fue respaldado por el lonko de la comunidad Cacique José Guiñón (Ercilla) José Cariqueo, será entregado por el vocero nacional de RIOJ Chile Carlos Muñoz y Ana Cortez y Lorenzo Morales de la Fundación ANIDE en la cita ante la Comisión de DDHH el viernes 25 de marzo a las 14:00 horas, dentro del período ordinario de sesiones en Washington, Estados Unidos.
Constanza Muñoz