Madre de Matias Catrileo repudió la disposición de la Contraloría General de la República que dictaminó que el carabinero condenado por el asesinato puede seguir cumpliendo sus funciones. Para este lunes anunciaron la entrega de una carta al ministro del Interior en Palacio La Moneda. Institución policial anunció que no dará de baja al funcionario.

La familia del estudiante mapuche Matías Catrileo, repudió la resolución de la Contraloría General de la República, que dictaminó que el carabinero Walter Ramírez Inostroza podrá seguir trabajando en la institución pese a que fue condenado por matar al joven mapuche por la espalda el año 2008.

Catalina Catrileo, hermana del fallecido universitario, dijo a la Radio Bío Bío de Temuco que "estamos indignados, pero no sorprendidos" argumentando que ellos habían recibido una carta de parte del alto mando de Carabineros en donde les informaron que Walter Ramírez seguía trabajando.

La madre de Matías Catrileo, Mónica Quezada, dijo que le parecía "bastante aconsejable" que el ministro Chadwick -tal como él adelantó- estudie la resolución de la Contraloría, agregando que "cuando se dictó el último fallo nosotros pedimos la baja y no lo conseguimos" añadiendo que "no aceptaremos la impunidad como política de Estado".

"Estamos indignados y repudiamos el hecho de que el asesino Walter Ramírez esté libre, no haya sido dado de baja y permanezca en las filas de Carabineros. El asesino siempre se ha mantenido en servicio activo, siendo trasladado a Coyhaique a los pocos días que mató a Matías y este último año trasladado a cumplir funciones en el departamento de Fomento Equino", denunció la madre través de un comunicado.

"Consideramos que ningún Gobierno ha asumido la responsabilidad política que les corresponde en este caso. Bajo el mandato de Michelle Bachelet, Walter Ramírez asesinó a Matías y el Ejecutivo se cruzó de brazos, continuando su política represiva. El actual Gobierno, tampoco ha tenido voluntad política para dar de baja al GOPE, habiendo nosotros solicitado formalmente al Ministerio del Interior la desvinculación de Ramírez de la Institución", subrayó la familia.

Polémico dictamen

El crimen del estudiante se produjo en medio de protestas en el fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún. El fiscal militar de Cautín, José Pinto Aparicio había acusado al uniformado por "violencia innecesaria con resultado de muerte" y por este hecho solicitó 10 años de presidio, petición punitiva que no fue avalada por el tribunal militar de Valdivia. La condena final implicó que el efectivo quedará con firma mensual durante 24 meses. Hoy, por decisión de Contraloría, el cabo Walter Martínez puede seguir ejerciendo funciones normales dentro de la institución.

El polémico dictamen de Contraloría señala que “si bien fue condenado por un crimen o simple delito, se le concedió un beneficio establecido en la ley N° 18.216, en la especie, la libertad vigilada, cabe concluir que aquél puede continuar prestando servicios en Carabineros de Chile”.

El abogado Jorge Contesse, experto en Derechos Humanos, cuestionó la interpretación de la Contraloría General de la República. "Si el legislador no quiere que las personas que hayan sido condenadas por delito, aun cuando hayan recibido beneficios, siquiera postulen a Carabineros, con mayor razón, una persona en servicio que haya sido condenada por un crimen o simple delito, evidentemente no puede seguir prestando servicios", explicó el jurista.

"Hay una incongruencia con la regla general de la administración del Estado. Ahí dice que una persona que ha sido condenada por un crimen o simple delito, simplemente es inhábil y debe dejar sus funciones. Entonces, ¿por qué en caso particular de Carabineros, donde tiene que haber una exigencia aun mayor respecto a una persona que ha cometido un delito, el contralor entiende que esa disposición no se aplica?”, continuó Contesse.

El abogado criticó la labor del contralor y su dictamen. "Todos los órganos del Estado, por mandato constitucional, tienen el derecho y la obligación de respetar y promover los derechos humanos", aseveró. "Lo que hace el contralor en este dictamen es todo lo contrario, porque con su interpretación, los derechos no se respetan ni se promueven, sino que se debilitan".

Habla el Contralor

Por su parte, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, defendió el dictamen que emitió y que autoriza a Carabineros mantener en la institución al cabo Walter Ramírez.

"La regla esencial es la igualdad ante el Derecho, y desde el (año) 2007, las personas que han sido beneficiadas por la ley 18.216 (sobre el cumplimiento de la condena con penas alternativas, como la libertad vigilada), como es el caso de este ciudadano la Contraloría ha interpretado que ese beneficio se le expande a las condiciones de habilidad o inhabilidad administrativa que la condena establezca", dijo el jefe del órgano fiscalizador.

"El beneficio se le entregó y se le suspendió, no se le privó de libertad precisamente para acoger los beneficios y yo no entiendo cómo se va a aplicar para unas cosas y no para otras. La crítica que se ha hecho a esta situación significaría que tendríamos estándares diferentes respecto a los tipos de delitos que puede que a nosotros nos represente algo incómodo. La principal gracia de la Contraloría es hacer una interpretación del derecho de todos los funcionarios y servidores públicos respecto a los beneficios que la ley establece", explicó.

"Puede ser que por la naturaleza del hecho punible, puede ser que por las consideraciones sociales que tiene el hecho punible haya una reacción que en realidad es un problema de 'temperatura social', pero no de Derecho", recalcó Mendoza, quien aclaró finalmente que, pese a su recomendación, "Carabineros tiene un estatuto excepcional que dice relación con el prestigio de la institución. Eso lo decide el alto mando de Carabineros, no la Contraloría General", señaló. Pese a ello, jhras mas tarde el general director de Carabineros, Gustavo González, afirmó que mantendría en la institución al cabo Ramírez.

Sorpresivamente, la máxima autoridad de la policía uniformada argumentó que debía acoger la resolución de la Contraloría General de la República. "Tenemos la obligación de respetar la instrucción que nos otorga este órgano contralor. De todas maneras va a ser reevaluado. Vamos a hacer unas consultas al tribunal respecto de la pena accesoria y después vamos a tomar una resolución", dijo González.