Al menos 24 de los 40 indígenas en prisión preventiva figuran beneficiados con terrenos comprados por el Gobierno para las comunidades a las que pertenecen.
IVÁN FREDES TEMUCO.-
El informe incluye los nombres y situación procesal de 40 mapuches imputados. De ellos, 24 provienen de comunidades que han sido favorecidas hasta tres veces con terrenos comprados por la Conadi. Es el caso de la comunidad Ignacio Queipul, conocida como Temucuicui, emplazada al poniente de Ercilla y que ha estado involucrada en diversos hechos conflictivos.
Entre los mapuches que fueron beneficiados (sus familiares o comunidades) figuran Luis Trancal Quidel y Mauricio Huaiquilao. Ambos son sindicados por el fiscal Sergio Moya como los jefes operativos de la Coordinadora Arauco-Malleco. También figuran como sospechosos de haber recibido instrucción paramilitar por parte de las FARC en la frontera de Colombia y Ecuador.
Los dos son originarios de comunidades que a fines del año pasado recibieron dos predios y tres hijuelas (485 hectáreas) compradas a Jorge Luchsinger, en Vilcún. El agricultor fue víctima de una treintena de ataques atribuidos a los mismos indígenas beneficiados.
La mayoría de los mapuches mencionados en el informe están acusados de planificar, dirigir y ejecutar ataques armados e incendiarios contra predios o agricultores en la región de La Araucanía.
El documento elaborado por la Conadi incluye los nombres de los imputados, su participación en diversos delitos, los cargos que enfrentan, su comunidad de origen y los beneficios que han recibido por esos asentamientos ellos o sus familiares más directos.
En el caso de los fundos comprados a Luchsinger también aparecen como beneficiarios Sergio Catrilaf, Daniel Canio Trancal y Pedro Cheuque Aedo. Lo mismo ocurre con la comunidad de José Millacheo Ñanco, acusado por incendio terrorista contra el fundo Poluco-Pidenco. Su comunidad recibió el año pasado el fundo Chihuaihue, de 460 hectáreas, adquirido por la Conadi.
Una situación similar favoreció a la comunidad de Marco Millanao Mariñan, que recibió el predio El Durazno (245 ha) en Cañete en el 2000 y luego la hacienda Lleu Lleu (249 ha) en la misma zona.
Entrega sin distinción
Lo anterior coincide con la política asumida por el anterior gobierno, que en los últimos meses informó que las tierras compradas por la Conadi serían entregadas a los mapuches fueran o no imputados.
El año pasado y cuatro meses antes de abandonar el Gobierno, el entonces ministro Secretario General de la Presidencia y Coordinador de Asuntos Indígenas del Gobierno, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que los mapuches imputados recibirían tierras.
"Los que están sometidos a proceso, la parte de tierras que a ellos les correspondería, queda pendiente. Si son declarados libres de responsabilidad, podrán acceder a lo que les corresponde. Si son condenados, cosa que seguramente ocurrirá en un próximo Gobierno, nuestro criterio es que se les entreguen las tierras una vez que se cumpla la sentencia", dijo en esa ocasión.
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650 mil hectáreas
han recibido las comunidades mapuches
en los últimos años. Desde 2008, 57 fueron los grupos indígenas beneficiados por la entrega de tierras.
