El sindicado como líder de la CAM y los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical, declarados culpables en caso del atentado al fiscal Mario Elgueta.

En huelga de hambre se encuentran nuevamente desde este martes cuatro presos mapuches, supuestos miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), quienes están recluidos en la cárcel de Lebu (Región del Bíobío) declarados culpables por el delito de homicidio calificado frustrado en contra del fiscal, Mario Elgueta.

Se trata del sindicado como líder de la CAM, Héctor Llaitul, y los comuneros mapuche, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical, quienes participaron de la huelga de 2010 y que pese a seguir en prisión a la espera de la condena lograron que no se considerara en su contra de la ley Antiterrorista.

A través de un comunicado de prensa manifestaron que “al no haber tenido un debido proceso y, como resultado de ello, arriesgar altas penas de cárcel, hemos decidido iniciar una huelga de hambre liquida, de carácter indefinida, hasta el logro de nuestras demandas”.

Entre los requerimientos de éstos se encuentran: un debido proceso y juicio justo, que éste se desarrolle sin la utilización de testigos secretos y sin ley antiterrorista.

Asimismo, los comuneros piden la nulidad del juicio oral realizado en Cañete, ser juzgados por un tribunal competente e imparcial, el fin del doble procesamiento en la justicia civil, su traslado a la cárcel de Angol y condiciones carcelarias dignas.

Los cuatro comuneros participaron de la huelga de hambre de 2010, en que, durante 82 días, junto a más de treinta miembros de esa etnia formalizados por diversos delitos presionaron desde distintos penales del sur para exigir cambios en la calificación de sus causas como delitos terroristas y el doble juicio en algunos casos en la justicia civil y la militar.

La extensa huelga de hambre terminó el 1 de octubre luego que las autoridades del Gobierno. Lo confirmó el entonces obispo de Concepción (hoy arzobispo de Santiago), Ricador Ezzati, que en su rol de facilitador del diálogo destacó el acuerdo en que el eje fundamental es el compromiso del Gobierno fue retirar las querellas por Ley Antiterrorista para que los mapuche sean encausados por delitos comunes.

El grupo que inició esta nueva medida de presión apunta a la sesión del próximo 22 de marzo en que se efectuará la lectura de la sentencia en su contra.