El titular de la Secretaría General de la Presidencia y encargado directo del conflicto explica a fondo por qué el Gobierno accedió a sentarse a conversar con representantes de los huelguistas y a ofrecerles retirar las querellas por Ley Antiterrorista. Dice que no ha habido un cambio de postura del Ejecutivo
Cecilia Derpich CanessaTal como al ministro de Minería, Laurence Golborne, le correspondió hacerse cargo de la crisis de los 33 mineros atrapados en la mina San José, al titular de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, le tocó asumir el otro conflicto en el que hay vidas humanas en riesgo: la huelga de hambre de los 35 comuneros mapuches encarcelados, en su mayoría, por delitos caratulados como de carácter "terrorista".
Así, esta semana debió encabezar dos "mesas de diálogo". Una oficial, integrada por autoridades, figuras religiosas y representantes de la etnia mapuche, y otra "oficiosa" (y más controvertida), en la que él se reunió con delegados de los huelguistas en la residencia del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati. A última hora del viernes, Larroulet concede esta entrevista cuando aún el desenlace del tema es incierto.
-¿Cómo ha sido esto de estar sentado en dos mesas en paralelo?
-Es parte de la tarea del Gobierno. El Presidente Sebastián Piñera nos ha encomendado dar prioridad al tema de los pueblos originarios, ha dicho muy claramente que Chile tiene una riqueza en el hecho de que somos un país multicultural. Ha planteado que las políticas que se han hecho durante muchos años no han sido las adecuadas. Agregaría que las políticas que la Concertación ha implementado han sido mal enfocadas y han ido agravando el problema. De hecho, si uno mira hoy día la realidad de La Araucanía, la Novena Región es la que tiene los más altos niveles de pobreza del país. Ahí está la génesis de esta Mesa de Diálogo para el reencuentro con los pueblos mapuches, como fue anunciado para el Bicentenario.
-¿Y la otra mesa?
-También ha avanzado y se han dado pasos importantes. Hay que agradecer en esto la generosidad y disposición de monseñor Ricardo Ezzati, con quien hemos tenido un excelente trabajo, ininterrumpido, durante toda la semana.
-¿Qué motiva al Gobierno a acceder a sentarse a conversar con los representantes de los huelguistas?
-El hecho de que el martes logramos aprobar en el Parlamento una reforma muy importante, que modifica la presunción en el delito terrorista. Ya fue aprobada por la Cámara y por el Senado, y por lo tanto será ley. Eso le permite al Gobierno mostrar a los comuneros mapuches la capacidad y voluntad de cumplir con su palabra de que tengan un juicio justo. También hemos logrado un gran respaldo en la modificación a la ley de la justicia militar, para que los civiles sean juzgados siempre por la justicia civil y con eso eliminar también un tema por el cual nuestra legislación no cumplía con el objetivo de un juicio justo.
-Ahí se produjo un cambio por parte del Gobierno...
-Estos perfeccionamientos estaban en nuestro programa de gobierno, y los hemos ido sacando adelante. Por eso estoy muy contento y optimista, ya que estamos en los ejes correctos.
"Sin vida no hay diálogo"
-Una huelga de hambre es un método de presión, y el Gobierno había planteado que no iba a negociar bajo presión. ¿Por qué se traspasa esta barrera?
-Nosotros siempre pedimos e insistimos en que ellos tienen que dejar la huelga de hambre. Este es un gobierno para el cual la vida es lo primero, el Presidente lo mencionó en su viaje a EE.UU. Estamos comprometidos con la vida, y el mejor reflejo de ello es el liderazgo y el esfuerzo que se ha desplegado para encontrar y rescatar a los 33 mineros. Y lo segundo es que sin vida no hay diálogo, sin vida no hay progreso, y sin vida no hay justicia. Y por eso es que también consideramos que era prioritario desarrollar estas tareas y convencer a los presos mapuches de que tienen que dejar la huelga de hambre.
-Pero ustedes se sientan a conversar cuando ellos aún están en huelga, y por lo tanto, están ejerciendo un método de presión...
-En un momento determinado, nosotros, en aras de un bien superior, consideramos que usando la capacidad de mediación de monseñor Ezzati debíamos realizar ese esfuerzo de convencimiento. Finalmente, el jueves nos sentamos, porque vimos que había una opción concreta de que ellos depusieran la huelga de hambre.
-¿Esto sentará un precedente para que otros grupos hagan lo mismo?
-No. Nosotros consideramos que hay métodos legítimos para el planteamiento de los problemas, y la huelga de hambre no lo es. Y por eso es que siempre nuestro esfuerzo ha sido desplegado en el sentido de que nunca hemos dejado de manifestar el objetivo de que se deje atrás la huelga de hambre.
-Entonces, ¿es una excepción el haber negociado mientras se mantiene el ayuno?
-Nosotros no hemos negociado en el sentido de ceder a presiones. Lo que nosotros hemos hecho es explicar un procedimiento del Gobierno para asegurarles a los comuneros mapuches un juicio justo. No hemos cedido a la presión de la huelga de hambre en el sentido de negociar o ceder. Por lo tanto, el Gobierno no ha aceptado nada que vulnere el poder del Estado. Monseñor Ricardo Ezzati nos pidió que una autoridad de gobierno fuera a explicarles a los familiares de los comuneros mapuches cómo las reformas que el Gobierno había planteado, y que estaban en nuestro programa, eran reformas que aseguraban un juicio justo. Por lo tanto, no se trata esto de sentar un precedente de negociar en una huelga de hambre.
Retiro de querellas
-¿Cómo se explica el retiro de las querellas por delitos terroristas?
-El Gobierno lo está considerando, porque es consecuente con los proyectos de ley que mandamos al Congreso y que aprobamos. Como señalaba, el Gobierno ha logrado que el Congreso apruebe tanto en la Cámara como en el Senado la modificación al artículo primero, que cambia la presunción del delito terrorista y que dentro de nuestro concepto y de nuestro programa de gobierno está el asegurar que exista un debido proceso en la justicia. Esto consiste en que en la actual legislación, si a usted le acusa la Fiscalía, usted debe demostrar que no es terrorista; no corre el principio de la inocencia, que el Gobierno considera que es un principio básico que se debe exigir en materia de justicia. Entonces, cuando se aprueba eso, el Gobierno da el paso de considerar retirar las querellas.
-¿En qué casos plantearon retirar las querellas?
-El Gobierno ha considerado retirar las querellas en los casos de acusación por delito terrorista que hizo la Presidenta Michelle Bachelet.
-En concreto, ¿cuáles son esos casos?
-Son tres: el caso del ataque al fiscal, el asalto a una plaza de peaje y el caso del fundo San Leandro. A nuestro juicio, no se cumplía el requisito del debido proceso. Al cambiar la ley, de acuerdo a nuestra idea de justicia, sí hay una nueva realidad que permite el debido proceso, y por eso ahora estamos considerando la opción, porque aún no hay una decisión tomada, de retirar las querellas. Por eso esto no fue antes, porque -y lo hemos dicho reiteradamente a los comuneros y a monseñor Ezzati- el Gobierno considera que no va a negociar por la presión de una huelga de hambre.
-Pero eso es lo que puede parecer...
-No estamos dispuestos a hacer algo que sea ceder a una presión ilegítima. Sólo estamos dispuestos a hacer perfeccionamientos o actos administrativos que cumplan con nuestro compromiso, que está en nuestro programa de gobierno, que es asegurar el debido proceso en materia judicial.
-El ataque al fiscal, ¿no es una conducta terrorista para el Gobierno?
-Esa querella la presentó el gobierno de Michelle Bachelet. Nosotros consideramos que la legislación antiterrorista que existía hasta antes de que aprobáramos el cambio en el artículo primero de la ley correspondiente, no aseguraba el debido proceso. Por eso es que estamos realizando este enorme esfuerzo, a veces incomprendido.
-¿Y no se podría entender al revés, es decir que se está debilitando la persecución de las conductas terroristas?
-Al revés, cuando usted tiene una legislación antiterrorista que asegura el debido proceso, que no presume de antemano que la persona es culpable, como es lo que dice el artículo primero de la legislación que estamos cambiando, estamos convencidos de que es un mejor vehículo para combatir el terrorismo.
-Durante la campaña, tanto el entonces candidato Piñera como su coalición defendieron la aplicación de la Ley Antiterrorista. ¿Está yendo el Gobierno en contra de sus propios planteamientos?
-No, este es un gobierno que tiene como sello central el combatir la delincuencia, velar por el orden público, combatir el narcotráfico, y hemos dado pruebas y señales muy contundentes en esas materias. Lo mismo pasa con el terrorismo. Hemos sido muy claros en estos seis meses. Por ejemplo, en el "caso bombas" hemos actuado con la mayor celeridad para poder encontrar a los responsables. No es que estemos cambiando de postura, estamos perfeccionando la institucionalidad, y al perfeccionarla, estamos dando otro paso en el combate al terrorismo y contribuyendo a que no se critique a la legislación por ser injusta y de esa manera debilitar ese rol.
-Pero de todos modos este diálogo se da bajo la presión de un conflicto radicalizado por el estado en que están los hueguistas...
-Siempre en política se tienen que resolver los problemas. Los gobiernos están llamados, dentro de su marco de ideas, a solucionarlos. Esto es lo que hemos hecho y lo vamos a hacer. Siempre pongo de ejemplo a los mineros. Nos podrían haber cuestionado el involucrar al Gobierno en un rescate que correspondía a una empresa privada. Y nos subimos al cerro para rescatar las vidas de esas personas. En ese caso, actuamos de acuerdo a nuestros principios. Igual que en el caso de los mineros, lo que ha defendido aquí el Gobierno es el principio de la vida humana.
Relación con la Iglesia
-En el hecho de que el Gobierno accediera a sentarse a la mesa, ¿cuánto influyó la dureza que ejerció sobre La Moneda monseñor Ezzati?
-No, él no ha tenido ninguna actitud dura. Parte importante de estos procesos, para ser exitosos, requieren de privacidad. El Gobierno ha actuado como corresponde, y reacciones de momentos no son lo que importan.
-¿Cómo dimensiona el Gobierno el daño a la imagen internacional que podría sufrir Chile por este conflicto?
-La imagen internacional de Chile es una imagen positiva. Tiene un gobierno con el liderazgo que ha dado ejemplos de unidad, como en la celebración del Bicentenario. La mesa de diálogo que partió el viernes en Temuco fue un evento valorado por todos los sectores. Va a abrir la oportunidad de comenzar a resolver definitivamente el problema de La Araucanía.
"Júzguennos por los resultados"
-El fracaso en la Cámara del proyecto que modifica la Ley Antiterrorista dejó en evidencia un desorden entre el Gobierno y sus parlamentarios. ¿Tiene responsabilidad La Moneda en esto?
-Estamos tramitando el proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado y una parte fue aprobada en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir adelante con ese proyecto, y estamos seguros de que vamos a salir exitosos. Hay que entender que no ha habido ningún fracaso. Los procesos democráticos requieren de persistencia, de consistencia, de seriedad, y eso caracteriza a este gobierno, y por eso es que somos el gobierno que más proyectos de ley ha aprobado en este período. En el trabajo con el Parlamento, puede haber oportunidades para perfeccionamiento, en algunos casos para retrocesos y otros para avance, y lo único que puedo decir es que en esta materia el Gobierno tiene mucha claridad en lo que tiene que hacer y es muy persistente.
-Diputados RN aseguraron esta semana que existen problemas de comunicación con el Gobierno, y en la UDI afirman que sólo se busca entendimiento con la oposición. ¿Se ha descuidado la relación Gobierno-Alianza en el Parlamento?
-No, creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor, y ésa es la actitud permanente que el Gobierno tiene, que yo como ministro tengo, y que todos los ministros tienen. Es una máxima el que se pueden hacer las cosas mejor, pero está clara nuevamente la frase 'Júzguennos por los resultados'. Hemos logrado un nivel de entendimiento razonable. Esta semana, vi efectivamente esas críticas. Algunas no las comparto, pero uno tiene que estar siempre abierto a los consejos que dan los miembros de la misma coalición, y La Moneda y mi oficina están siempre abiertas para recibir a todos los parlamentarios que son parte de la coalición y que son nuestros amigos.
-La crítica más dura vino del presidente de RN, Carlos Larraín, quien aseguró que sus parlamentarios "lo pasan mal y se sienten segundones", cuestión que incluso habría manifestado al Presidente Piñera...
-Yo tengo un diálogo permanente con Carlos Larraín, y él me hace ver las observaciones y puntos de vista que son útiles para el Gobierno, y yo le hago ver a él puntos de vista para su trabajo como presidente de partido, y hasta ahora eso ha sido muy fructífero.
Los hitos del conflicto
12 de julio:
Presos mapuches inician la huelga de hambre líquida en Temuco y Concepción. Luego se suman de la cárcel de Lebu, Angol y Valdivia.
21 de agosto:
El arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, se reúne con cinco de los 32 comuneros mapuches que en ese momento estaban en huelga. Se compromete a dialogar con las autoridades y presentarles sus reclamos.
23 de agosto:
La Corte de Apelaciones de Concepción autoriza a Gendarmería a alimentar por la fuerza a ocho comuneros mapuches en huelga de hambre en las cárceles de Concepción y Lebu.
24 de agosto:
La Corte de Apelaciones de Temuco autoriza, en caso de urgencia, a Gendarmería a internar a los comuneros que se encuentran en huelga en Temuco y Angol.
30 de agosto:
Parlamentarios de la Concertación insisten en su llamado al Gobierno a instalar "a la brevedad" una Mesa de Diálogo.
1 de septiembre:
Dos jóvenes mapuches recluidos en un centro del Sename se suman a la huelga.
2 de septiembre:
Más de mil personas marchan por la Alameda en apoyo a los mapuches.
6 de septiembre:
Las autoridades penitenciarias descartan el uso de la fuerza para alimentar a la treintena de mapuches en huelga. Acuerdan que si su situación empeora, serán trasladados a centros de salud.
8 de septiembre:
El Presidente Sebastián Piñera hace un llamado a los comuneros para que depongan la movilización.
9 de septiembre:
La Iglesia Católica, a través de monseñor Alejandro Goic, hace un llamado a los poderes del Estado para solucionar el conflicto mapuche y descarta mediar en el conflicto. Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalves (PS) se suman a la huelga de hambre.
10 de septiembre:
El Gobierno condiciona la Mesa de Diálogo propuesta por la Iglesia a que los mapuches depongan la huelga. La Comisión de Constitución del Senado analiza la reforma a la Ley Antiterrorista.
14 de septiembre:
El arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, acepta la petición del Ejecutivo de asumir como facilitador del proceso de diálogo entre el Gobierno y los comuneros mapuches. Los cuatro diputados deponen su huelga.
17 de septiembre:
En el izamiento de la bandera del Bicentenario, el Presidente Sebastián Piñera anuncia que se instalará una Mesa de Diálogo.
22 de septiembre:
El huelguista y ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul envía una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para pedirle que intervenga ante el Gobierno chileno. Monseñor Ezzati señala que "frente a situaciones extremas hay que buscar todos los caminos".
23 de septiembre:
El Presidente Sebastián Piñera defiende la actuación de su gobierno ante la huelga de hambre. Además, un grupo de mapuches ocupa las dependencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Cepal en Santiago, en apoyo al ayuno. Más tarde, en su primera intervención en la ONU, Piñera reitera su llamado a deponer la huelga. Monseñor Ezzati se reúne en su residencia con los familiares de los comuneros y con el ministro Cristián Larroulet.
24 de septiembre:
En el cerro Ñielol de Temuco se instala la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno, mientras continúa el diálogo entre el Ejecutivo y los huelguistas, con la mediación de monseñor Ezzati
