Una treintena de presos mapuche recluidos en diversos centros carcelarios del sur del país mantienen, la mayor parte desde el pasado 12 de julio, una huelga de hambre indefinida. Exigen del Estado poner fin a: La aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran; su procesamiento por la justicia militar, y a la desmilitarización de sus comunidades.

En Chile, hoy, existen 58 personas mapuche, o simpatizantes de su causa, procesadas o condenadas bajo dicha ley por reivindicar sus tierras o sus derechos políticos. De ellas, cinco se encuentran condenadas, 42 en prisión preventiva y once cumpliendo medidas cautelares en libertad. Entre los delitos que se les imputan, o por los que cumplen condena, están los de incendio, homicidio frustrado y lesiones, amenazas, y asociación ilícita, todos con carácter “terrorista”.

La ley antiterrorista, promulgada en dictadura, ha sido aplicada por casi una década en forma casi exclusiva a los mapuche. Esta ley ha sido cuestionada por establecer tipos penales demasiado amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que ver con terrorismo, y que pueden ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria. Ha sido cuestionada, además, por cuanto no garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, la existencia de testigos sin rostro, e impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. También lo ha sido por su elevada penalidad, la que duplica, en varios casos, aquella establecida en la legislación ordinaria.

Esta realidad ha sido representada al Estado por diversas instancias de derechos humanos de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos que Chile integra (2009), instándole a revisar la aplicación de esta ley a los mapuche por hechos de protesta social y a reformar los tipos penales que hacen posible su aplicación arbitraria.

La necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, le fue exigido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias, en los casos Palamara Ibarne v/s Chile (2005) y Almonacid v/s Chile (2006). Lamentablemente, ello no se ha materializado.

Esta es la primera huelga de hambre de los presos mapuche que enfrenta Piñera como presidente, y los mensajes que ha dado su Gobierno, hasta ahora, no son muy auspiciosos. Pocos días antes de iniciarse, Piñera anunció el endurecimiento de la política de seguridad pública, proponiendo, entre otras medidas, la reforma a la ley antiterrorista para agravar las penas por los delitos que considera y para favorecer la delación. Anuncios que desoyen las recomendaciones de los órganos internacionales antes referidos, dejando en evidencia que su compromiso con los derechos humanos no pasa de ser meramente discursivo.

Dicha huelga, además, coincide con la liberación de los presos políticos en Cuba, hecho por cierto valorable, y que ha sido celebrado por diversos personeros de Gobierno y de oposición. Sin embargo, quienes aplauden esta medida, mantienen total silencio respecto a la situación de los mapuche encarcelados.

Este doble estándar del gobierno de Piñera, así como de personeros de la que hoy es la oposición y que en el pasado, desde el Gobierno, también usó de esta ley para perseguir la protesta social mapuche, es patético. Habla mal de la clase política chilena.

Por José Aylwin

El autor es codirector del Observatorio Ciudadano