Ministro del Interior anunció además la búsqueda de un mediador para conseguir una solución a la huelga de hambre mapuche. En tanto, la Concertación pidió al gobierno la instalación de una mesa de diálogo.
El envío de un proyecto para acotar el ámbito de acción de la Justicia Militar y el compromiso de “perfeccionar” la Ley Antiterrorista, adquirió el gobierno a través del ministro del Interior Rodrigo Hiznpeter, en el marco del conflicto indígena.“El gobierno está dispuesto a revisar nuestro ordenamiento jurídico”, dijo a La Segunda Hinzpeter, quien también comprometió la búsqueda de un “mediador” para convencer a los mapuches que cumplen 51 días de huelga de hambre en penales de Temuco, Concepción y Angol, entre otros, y lograr deponer su acción.
Entre los cambios que baraja el gobierno, y que apuntan justamente a algunos de los reclamos de las organizaciones mapuches, Hinzpeter explicó que se “buscará algún mecanismo en que las causas en que el imputado es un civil y que actualmente conoce la justicia militar sean traspasadas al conocimiento de la justicia ordinaria”, para evitar los dobles procesamientos.
En cuanto a la Ley Antiterrorista, el ministro dijo estar dispuesto a una ronda de consultas para incorporar mejoramientos en algunos puntos como “que el tipo penal” que abarca este marco legal “es demasiado amplio”, aunque aclaró que el objetivo “no es ablandar ni endurecer el marco legal”.
Según el titular de Interior, “las leyes deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos y no en función a la pertenencia a una determinada etnia”, pero apuntó a las administraciones anteriores de la Concertación, al recordar que “no ha sido nuestro gobierno el que enmarcó tales conductas” como delitos terroristas.
CONCERTACIÓN
La Concertación también ha tomado parte del debate, al pedir al gobierno que permita la derogación o modificación profunda de la actual Ley Antiterrorista aplicada a comuneros mapuches.
El presidente del Senado, Jorge Pizarro dijo que la aplicación de la Ley Antiterrorista "a un grupo de nuestra sociedad, particularmente de nuestros pueblos originarios, nos parece un acto discriminatorio y arbitrario que no se justifica jurídicamente".
Sin embargo, respecto a la aplicación de Ley Antiterrorista en los gobiernos de Concertación, Pizarro dijo que "hoy día no se trata de echarle en cara nada a nadie. Se trata que estamos frente a una situación que es necesario producir un debate, un acuerdo a nivel nacional que permita ir corrigiendo esta situación".
En las mismas filas concertacionistas, hubo autocrítica respecto a este punto, como la del senador y secretario general del Partido Socialista (PS), Fulvio Rossi, quien reconoció que fue un "error" el que durante las administraciones de la Concertación se haya invocado esta legislación contra comuneros mapuche.
"Tenemos responsabilidades todos. Probablemente creo que fue un error (…) porque creo que no es la solución de un pueblo excluido durante cientos de años, no es agarrar la escopeta o meterlos a todos en la cárcel y penas draconianas", dijo.
MESA DE DIÁLOGO
Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Patricio Vallespín, junto a sus pares de tienda política, René Saffirio, Fuad Chahín y Gabriel Ascencio, recibió en el Congreso Nacional a los werkenes representantes de los mapuches detenidos
En la instancia se acordó pedir la instalación una mesa de diálogo y se comprometieron a avanzar en modificaciones a la Ley Antiterrorista y en el Código de Justicia Militar
"Es realmente urgente establecer una mesa de diálogo ahora mismo, la situación de los procesados mapuches es más que delicada y el conflicto, hoy, pone en riesgo sus vidas", concordaron los diputados por La Araucanía, Saffirio y Chahín.
