Presidentes del Senado y la Cámara señalaron que el Congreso impulsará mesa de diálogo; mientras, Carolina Tohá, quien lidera el PPD, afirmó que fue "un error" invocar la Ley Antiterrorista en gobiernos de la Concertación.
M. VALENZUELA Y C. SALDIVIAAl mediodía de ayer, y cuando a pocas cuadras se desarrollaban las marchas por el 11 de septiembre, en el ex Congreso Nacional la actividad política era intensa.
En la mañana, los presidentes del Senado y la Cámara Baja, Jorge Pizarro (DC) y Alejandra Sepúlveda (PRI), habían participado en una serie de reuniones. El objetivo: buscar un acuerdo con el Gobierno apuntando a solucionar la situación de los 34 comuneros mapuches en huelga de hambre, que ya llevan más de 60 días en esa protesta.
Así, las gestiones abarcaban a los presidentes de los partidos de la Concertación y al ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, además de los miembros de la comisión de Constitución del Senado, donde estaba radicado el proyecto de nueva Ley Antiterrorista impulsada por el Gobierno.
El día anterior, la postura de la oposición había sido de rechazo al proyecto, esgrimiendo que el articulado era demasiado extenso y que incluía temas que ameritaban una discusión más larga. Y entre los debates surgía la petición de una "ley corta" que apuntara a los aspectos en que había acuerdo.
Por eso, las gestiones ayer desde La Moneda hacia la oposición fueron dirigidas a lograr el consenso en torno a una propuesta: retirar 27 de los 38 artículos del proyecto -principalmente los referentes a las partes procesales y nuevos mecanismos, como las escuchas telefónicas y agentes encubiertos- y votar el articulado restante
Así, ayer por la tarde la comisión de Constitución del Senado se reunió por segundo día consecutivo para abordar los cambios propuestos a la ley.
Y tras casi cuatro horas de debate, anoche se aprobó en general la propuesta de "ley corta", por tres votos a favor (de los senadores oficialistas Alberto Espina, Andrés Chadwick y Hernán Larraín) y dos abstenciones, las de los DC Soledad Alvear y Patricio Walker, en lo que fue leído como un gesto de la oposición tras la propuesta.
"El Gobierno ha resuelto, cosa que nos alegramos, reducir el proyecto; es decir, discutir la Ley Antiterrorista con el tiempo necesario y hacer una ley corta con aquellos aspectos más puntuales que permitiría avanzar rápidamente", dijo Alvear a la salida, aunque criticó que La Moneda no se haya abierto a apoyar algunas de las iniciativas planteadas por la Concertación en el tema.
Si bien hoy continuará el debate del articulado del proyecto, la apuesta de La Moneda es apuntar a la discusión de la ley en sala la próxima semana. En esa línea, se evalúa poner discusión inmediata al nuevo proyecto, lo que implica un plazo máximo de tres días.
En tanto, uno de los puntos de conflicto es la instalación de una mesa de diálogo. De hecho, ayer Sepúlveda y Pizarro llamaron públicamente al Gobierno a crear la instancia, incluso planteando su disposición a encabezar como Parlamento un diálogo directo con los mapuches. Hasta última hora de anoche, ambos evaluaban ir hoy a la zona.
Sin embargo, el Ejecutivo mantiene a firme su postura de apostar a la aprobación de la ley en el Congreso antes de pasar a una instancia como la mesa.
Por su parte, la presidenta del PPD y ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet, Carolina Tohá, afirmó ayer que las anteriores administraciones concertacionistas cometieron un error al invocar la Ley Antiterrorista en contra de los comuneros mapuches. "Cuando se ha utilizado la Ley Antiterrorista para estos casos, mi juicio es que se ha cometido un error", afirmó Tohá en Temuco tras visitar a presos mapuches. La ex vocera fue increpada a su llegada al penal por un grupo de manifestantes.
Traslado de huelguistas mapuches desde la cárcel al Hospital Regional de Concepción terminó anoche con 13 detenidos y violentos incidentes
Con 13 personas detenidas, entre ellas un menor de edad, culminaron anoche violentos incidentes registrados en el Hospital Regional de Concepción, luego que familiares y simpatizantes de dos huelguistas mapuches trasladados al recinto desde el penal El Manzano se enfrentaran con gendarmes y guardias del centro asistencial.
El hecho se registró luego que durante la tarde de ayer un equipo de nutricionistas y médicos, encabezados por el seremi de Salud, Mario Fernández, se trasladara hasta la cárcel para monitorear la situación de los cuatro huelguistas mapuches internados en el penal.
Tras la evaluación, Gendarmería dispuso el traslado al hospital de dos de ellos, Jonathan Huillical Méndez y José Huenuche Raiman. Según señaló anoche Carabineros, esto se hizo a petición de los propios ayunantes, mientras que sus familiares aseguran que los comuneros fueron presionados para ello.
La situación molestó a familiares de los mapuches, quienes argumentando que la decisión no se justificaba intentaron evitar la salida del carro de Gendarmería que los trasladaba, cruzándose en su camino y lanzándole piedras. Tras ello, iniciaron una persecución del vehículo en sus automóviles particulares rumbo al hospital.
Agresión en hospital
Cerca de las 22:30 horas, cuando el vehículo de la institución ingresó al patio del Hospital Regional, por calle Janequeo, un grupo de personas que los seguían rompieron el candado de una reja del recinto para ingresar y se abalanzaron sobre el carro de los gendarmes, con piedras y elementos contundentes.
"Una vez al interior del hospital, un grupo aproximado de 15 personas, al parecer también de origen mapuche, provocaron daños al vehículo, agredieron a los gendarmes y a los guardias del hospital, y también al personal del dispositivo de Carabineros que los acompañaban", dijo anoche el prefecto de Carabineros de Concepción, coronel Hermes Soto.
La información entregada por la policía indicaba lesiones en al menos dos de los gendarmes, mientras que el carro celular que trasladaba a los huelguistas resultó con sus vidrios quebrados y diversos daños.
Los incidentes concluyeron cuando llegó al lugar un grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros, lo que causó la huida de los atacantes hacia el campus de la Universidad de Concepción, ubicado frente al hospital.
Esto motivó una persecución por el plantel y la detención de 13 personas de ambos sexos, entre ellos los voceros de los huelguistas de las distintas cárceles, que se encontraban en Concepción, y un menor de edad que sería el hijo de Héctor Llaitul, sindicado como el jefe operativo de la CAM y detenido en El Manzano. Anoche se encontraban en dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, y se chequeaban sus identidades.
Víctimas de la violencia mapuche piden una mesa de diálogo
En la tarde de ayer, el agricultor Eduardo Luchsinger (de Vilcún) y los hijos de René Urban (Ercilla) le pidieron al Gobierno que forme una mesa de diálogo para solucionar el conflicto con los mapuches, y manifestaron su interés por integrarla para que se escuche la voz de quienes, dijeron, han padecido la violencia. Mientras eso ocurría en Temuco, en Ercilla encapuchados ingresaban al fundo "La Romana", perteneciente a Urban. Dispararon contra un bus de Carabineros -recibió tres impactos de bala- y la garita de los efectivos que protegen los fundos del agricultor. No hubo heridos.
"Hace tres años venimos pidiendo una mesa de diálogo entre la gente que nos ataca y el Gobierno. Lo hemos hecho con las manos limpias y a rostro descubierto", dijo Héctor Urban, recordando que su familia ha sido atacada 83 veces en sus cinco predios desde el 2000.
Luchsinger, a quienes mapuches imputados por incendio terrorista quemaron su casa, galpones y maquinaria agrícola, dijo que los acusados se están "transformando en víctimas" y que las personas deben ser juzgadas por las leyes que el país se da: "No puede haber una ley para huincas y otra para mapuches".
Junto con los agricultores, los gremios de la zona agrupados en la Multigremial Regional emitieron una declaración en la que manifiestan su preocupación por las eventuales modificaciones a la ley sobre conductas terroristas.
"Cualquier mejora a dicha ley es estudiable, pero rechazamos tajantemente la posibilidad de eliminar el incendio de la categoría de terrorismo. Es un acto de terror cuando se acredita que se hizo para ocasionar temor", dijo Pedro Jaramillo, presidente de Corma.
