Configurar equipos capaces de adoptar decisiones y llevar a la practica modernizaciones mayores no depende solo del nivel ministerial y subsecretarial, sino tambien de un cumulo de otras cargas clave para el buen funcionamiento de la enorme maquinaroa del estado. El problema de orden publico no es un asunto de no mapuches versus mapuches, sino de una minoria violentista que egrede por igual a unos y otros.

A dos días de conocerse el primer gabinete del Presidente electo no hay ningún trascendido serio respecto de su integración -la reserva ha sido completa- y todo indica que al respecto Piñera ha resuelto solo, sobre la base de una amplia e intensa selección de nombres recolectados por sus comités de búsqueda, al modo de una empresa de head hunters .

En los partidos de la Coalición por el Cambio se ha expresado cierta inquietud por una eventual no consideración de nombres relevantes del mundo político, en favor de otros que se han calificado como "tecnócratas". Es natural que los partidos quieran estar presentes con criterios políticos en el gabinete y aportar a éste su experiencia, y personeros cercanos al Presidente electo han anticipado que ese componente por cierto será equilibradamente incorporado e integrado a los elementos técnicos. El balance, en definitiva, debería constituir un equipo de gobierno moderno, a tono con los requerimientos de un mundo globalizado. Y cabe también considerar que la ciudadanía probablemente prefirió a Piñera porque desea una conducción diferente de la de las pasadas dos décadas, que priorice a la ejecutividad eficiente por sobre el cuoteo político.

La capacidad de gestión de este gabinete ha despertado grandes expectativas y será duramente puesta a prueba desde el primer momento, pues Piñera desea poner en marcha el aparato estatal a un ritmo muy rápido. Deberá responder, igualmente, a los compromisos de la campaña y al enérgico estilo de gestión que aquél ha anunciado, lo que supone equipos capaces de adoptar decisiones y llevar a la práctica modernizaciones mayores. Eso no depende exclusivamente del nivel ministerial y subsecretarial, sino también de un cúmulo de otros nombramientos en cargos clave para el buen funcionamiento de la enorme maquinaria del Estado. Esta misma preocupación se dio en los gobiernos de Aylwin y Frei, pero se diluyó durante el de Lagos, y en el de Bachelet se centró en los niveles más altos, pero a menudo no se dio en los demás, en los que crecientemente prevaleció un criticado cuoteo.

Al decir de los más próximos al Presidente electo, ahora se ha buscado calidad en todos los niveles de conducción y no sólo en el sector económico, sino en todos los servicios clave para el bienestar de la población -justicia, seguridad pública, salud, educación y demás-, con figuras de trayectoria destacada en sus actividades profesionales, académicas, empresariales. La habilidad y capacidad de relación con los partidos y el buen criterio político clásico son obviamente indispensables, pero hoy también lo es una compenetración cabal en políticas públicas, acordes con los más avanzados conocimientos mundiales disponibles.

Es positivo, además, que haya trascendido que, en definitiva, se ha descartado el sacar a personalidades políticas del Congreso para incorporarlas al Ejecutivo -opción constitucional, pero muy indeseable por razones que este diario ha expresado repetidamente.

Araucania, un gran problema pendiente

En un nuevo episodio de violencia en La Araucanía, violentistas incendiaron una escuela que en marzo próximo iba a recibir alumnos de las nuevas comunidades indígenas receptoras de tierras asignadas por Conadi en la comuna de Ercilla. Este ataque -el sexto en lo que va corrido de este año- no golpeó ya a actividades de la producción o del transporte, sino a la educación de los grupos originarios más pobres, en un paso más de una escalada cuyo avance no cabe seguir tolerando. No hay en esto simplismo capitalino, esquematismo centrado en el orden público ni incapacidad de mirada multifacética -como lo ha caricaturizado el ministro Viera-Gallo, habitualmente ecuánime-, sino elemental realismo ante algo inaceptable. El mismo ministro ha reconocido que "hay que romper la espiral de violencia", pero para evitar que ella continúe remontando, la primera responsabilidad recae precisamente sobre el Gobierno, y sin duda las políticas aplicadas en los últimos 20 años han fracasado: se ha incrementado la violencia, los indígenas no han mejorado su calidad de vida, pese al enorme gasto público en que se ha incurrido, y la institucionalidad creada para abordar este problema -básicamente Conadi- ha destacado por una sucesión de escándalos.

De allí que este diario haya insistido siempre en la complejidad del tema indígena. Los descendientes de etnias originarias necesitan desarrollar una función productiva, porque no están hoy en igualdad de condiciones para aspirar a niveles adecuados de educación. Debe buscárseles un destino económico que los libere de la extrema pobreza, y él no está en la mera entrega de tierras que se les asignan colectivamente, sin ningún apoyo ulterior eficaz. Para esto, el sector privado ha explorado con éxito incipiente ciertas fórmulas de asociación para explotaciones forestales, pero éstas no han podido masificarse, porque el Estado se ha limitado a lo más simple: comprar predios a precios incluso especulativos, y luego asignarlos, sin que los beneficiarios tengan posibilidades de explotarlos útilmente.

El pueblo mapuche cuenta hoy, cuando menos, con 800 mil personas que se declaran tales -desmintiendo una supuesta pérdida de identidad cultural-, en tanto que no superaban las 150 mil en el siglo XVII. No hay, pues, un aplastamiento demográfico ni cultural. Sí hay descontento de la mayoría mapuche con las políticas de la Concertación, que se expresa nítidamente en sus tendencias electorales, y nunca se ha rendido cuenta del monto ni de la eficacia de los recursos que se hayan destinado al resguardo de una cultura que merece amplia valoración. Los ensayos al respecto han sido impulsados sólo desmayadamente.

En fin, el problema de orden público no es un asunto de no mapuches versus mapuches, sino de una minoría violentista que agrede por igual a unos y otros, y que debería ser contenida con todo el rigor de la ley, pero no lo ha sido. Peor aún, indigna a la mayoría pacífica el que los grupos que apelan a la fuerza sean compensados con tierras, mientras poco de eficaz se hace por el progreso de aquélla.