Así lo expuso la Defensoría Nacional y Regional esta tarde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

La Defensoría Regional realizó en horas de esta tarde la exposición frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sobre los argumentos que esgrime la para pedir la nulidad del juicio contra los comuneros mapuche, cuya sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete.

Según sostiene el órgano defensor, el principal hecho que inhabilitaría el fallo contra los imputados en el ataque al fiscal Mario Elgueta, es la declaración que prestó al Ministerio Público el testigo protegido número 26. Este sería un comunero mapuche, que habría reconocido su participación en el atentado a Elgueta y sus escoltas, pero que por un acuerdo que habría alcanzado con el ente persecutor, jamás fue juzgado por tal hecho.

Sobre esto, el diputado por Arauco, Manuel Monsalve, que además fue quien invitó a la Defensoría a asistir a la Cámara, declaró que “hay contradicciones en las declaraciones del testigo protegido 26, ya que él aseguró que a las 15.00 horas fue avisado del atentado contra Elgueta, sin embargo, en su declaración, el mismo fiscal reconoció que a las 18.00 horas fue avisado de la diligencia que tenía que realizar, donde fue atacado. Esto significa que este testigo está mintiendo”.

En ese mismo sentido, Monsalve admitió que “además, los mismo que fueron atacados, son los que realizaron indagaciones para dar con la culpabilidad de sus victimarios, por ende este es un juicio irregular a todas luces”.

Respaldo de la tesis
El defensor Regional, Georgy Schubert coincide con lo expuesto por el parlamentario socialista y agrega que “también hubo una violación de los Derechos Constitucionales del comunero Jonathan Huillical, pues él fue apresado por una orden judicial y no se le respetó su derecho a guardar silencio. Esa misma declaración es una de las pruebas utilizadas para sentenciar a los comuneros”.

Por otra parte, Schubert agrega, sobre el testigo sin rostro número 26 que “reconoció haber participado en el delito por el que se sentenció y condenó a los imputados, pero no fue juzgado ni en el caso del fiscal Elgueta ni en otro hecho en el que habría tenido participación y esto es absolutamente ilegal”.