El objetivo de la instancia es ser un espacio de escucha de las demandas y generar sugerencias a la autoridad, donde se abrió la invitación a los dirigentes y líderes comunidades mapuche del Biobío y La Araucanía, además de expertos.

En el Arzobispado de Concepción se realizó la constitución formal de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, uno de los acuerdos de la mesa de negociación que permitió que en octubre de 2011 finalizaran los 87 días de huelga de hambre de los comuneros presos.
El objetivo de la instancia es ser un espacio de escucha de las demandas y generar sugerencias a la autoridad, donde se abrió la invitación a los dirigentes y líderes comunidades mapuche del Biobío y La Araucanía, además de expertos.
La vocera de los mapuches condenados en Angol, Natividad Llanquileo, sostuvo que ésta es una etapa más en la lucha por la defensa del pueblo mapuche y dijo que “creo que hay mucho trabajo por hacer, ya sea dentro o fuera de la comisión. Vamos a continuar trabajando, también apoyando los diferentes procesos que se están llevando a cabo en las diversas comunidades”.
Por su parte, el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, señaló que es necesario que los comuneros tengan juicios justos y rescató que la mesa gracias a sus expertos es de calidad y anunció que “vamos a perseverar en este camino, vamos a hacer otras reuniones, las vamos a hacer en distintas zonas, en la Región Metropolitana, en Cañete lo estamos viendo, lo estamos conversando y demuestra que se puede trabajar juntos cuando los intereses son los más desfavorecidos”.
Dentro de los fines de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche es realizar buenos oficios para resolver las situaciones generales y particulares, emitir recomendaciones basadas en estándares internacionales de derechos humanos y proponer una reforma efectiva a la Ley Antiterrorista.
En este sentido, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, dijo que “la posición nuestra es que la Ley Antiterrorista exige reformas urgentes y profundas, en Chile no hay terrorismo, por lo tanto no debiera ser una ley aplicada, ni siquiera en términos de las ventajas que da aplicarla para llegar a un condena y sería una buena forma de comenzar un proceso de diálogo con el pueblo mapuche”.
La comisión se reunirá de forma periódica durante nueve meses en las regiones Metropolitana, del Biobío y La Araucanía.