Se trata de la familia Rodríguez, uno de cuyos integrantes vendió una propiedad en la zona Arroyo Chacay. El resto reclama rever esa venta y enfrentan un juicio de desalojo.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Dos integrantes de la familia Rodríguez constituyeron la comunidad mapuche Arroyo Chacay para resistir el desalojo judicial y recuperar el campo donde nacieron, que fue cedido por uno de los hermanos a inversores de esta ciudad con la anuencia de la dirección de Tierras y Colonias de la provincia.Liria América y Benedicto Rodríguez son pobladores originarios, mapuches dispersos, que la semana pasada remitieron al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, Codeci, las tramitaciones para ser reconocidos como comunidad familiar, con asiento en el campo de 625 ha fiscales que la provincia otorgó en tenencia precaria a su padre, Alberto Rodríguez.
En paralelo reclamaron a la provincia que retrotraiga la transferencia de derechos y mejoras del predio fiscal ubicado en el lote 85 bis, sección V de Arroyo Chacay, que su hermano Luis Rodríguez vendió en forma inconsulta a Julio de Haro, Oscar Quatrin y Alejandro Goijman.
La cesión, documentada en el expediente 41.146, se formalizó el 28 de septiembre de 2005 y desde entonces Liria y Benedicto realizaron innumerables reclamos de restitución que fueron desoídos por la Dirección de Tierras, dado que con anterioridad a la venta reconoció a Luis como único continuador del permiso precario de la familia.
"Cuando compraron el campo nos enteramos inmediatamente y yo viajé a Viedma para reclamar, pero Tierras justificó que le dieron el permiso precario a Luis porque era el único en el campo", relató a "Río Negro" la damnificada, quien aclaró que "nosotros nacimos y nos criamos ahí y estamos defendiendo nuestras raíces".
Por su parte, Benedicto recordó que "yo estuve primero en el campo pero como él (Luis) no tenía a dónde ir, salí a trabajar afuera y dejé que se quede. Cuando me fui, dejé 200 chivas, 166 ovejas y 45 yeguarizas y no quedó nada".
Los Rodríguez y sus asesores señalaron que lo más grave es que la dirección de Tierras y Colonias encuadró la transferencia en la ley 279, de pobladores rurales, cuando en su caso debió aplicar la ley Integral del Indígena.
Y que en la transacción tampoco se cumplió con todos los pasos que impone el marco normativo que regula a los pobladores fiscales.
"Se aplicó la ley incorrecta y mal", denunciaron. En tal sentido Liria advirtió que cuando su hermano Luis pidió el traslado del permiso precario de su padre para vender el campo, la dirección de Tierras lo otorgó "rapidísimo".
Los hermanos damnificados enfrentan hoy un juicio de desalojo de los compradores que construyeron una hostería en el lugar.
También consideraron grave el hecho de que los compradores se resisten a revisar la cuestionada operación pese a pertenecer a una organización de derechos humanos, al movimiento ambientalista y que uno de los socios es propietario de una FM que enarbola como bandera propia la defensa de los derechos indígenas.