He seguido de cerca el proceso de esta tres personas. A Elena Varela la visité en la cárcel de Rancagua y a Kenny Sánchez el fin de semana pasado, poco antes de terminar el juicio que nunca debió ser. Lo que ha pasado en Chile es una vergüenza legal.
Por supuesto que estoy muy contento de que se haya derrotado a esta versión clara de ilegitimidad que mantiene el sistema judicial chileno y donde persiste el uso de la ley anti-terrorista, de una Justicia Militar que es vergüenza nacional y que sólo existe preocupada de asegurar impunidad total a una represión que ya incluye varios muertos mapuche. Hay todo un legado constitucional intacto desde la dictadura y reforzado contra el pueblo mapuche en las dos últimas décadas, que permite que esto suceda. Me alegro mucho del resultado de un juicio que se alargó excesivamente. Demasiado, cuando se considera que ya llevaban 23 meses investigando y postergando el juicio por ausencia de evidencias. Elena Varela, no olvidemos, fue detenida con un montaje pese a que su trabajo de documentalista había sido premiado y obtenido financiamiento del Ministerio de la Cultura. El problema es que intentaba reflejar la vida del pueblo Mapuche, sus demandas y su represión.Sin embargo, el aparato legal chileno, mediante sus leyes anti-democráticas, denunciadas en el mundo entero, tiene los recursos de la "legalidad a la chilena”, para volver a acusar a estas mismas personas y ponerlos en cárcel por largos períodos. Chile, es decir, su Estado y quienes lo controlan, junto con sus policías, siguen teniendo un reflejo automático de represión, de violar los derechos humanos por rutina. Se les quedó pegado desde la dictadura porque Chile, como país, aún 20 años después de la dictadura, sigue teniendo las mismas leyes que determinó ese triste período de la historia nacional: Mantiene los mismas lineamientos legales en lo que es la economía y a quienes favorece. Los “beneficios” de tener los peores salarios, las peores escuelas, y de vivir marginados y segregados se eternizan usando "todo el poder necesario" contra un pueblo “criminalizado” como indicara Naciones Unidas. Chile, pretendida maravilla económica, sufre una explotación insensata, violadora del medio ambiente y de los derechos de las generaciones futuras en lo que se refiere a bosques, ríos, minerales, mar... Para completar el cuadro, Chile no permite el acceso a la información como derecho ni el derecho de informar. Salvo algunos medios alternativos de Internet, las “noticias” están en manos de unos pocos (el mismo presidente sigue siendo dueño de una cadena de Televisión) y existen dos empresas de los sectores más ricos del país que controlan la información escrita: COPESA y El Mercurio. Las radios comunitarias son acosadas y allanadas “por ilegales”. Nuevas y recientes leyes prohíben difundir otras noticias.
La violencia contra el pueblo mapuche, por ejemplo, se genera en la "protección" de los intereses de personas como las grandes fortunas de los Luksic, Angelini, Matte, y otros pocos. La exigencia represiva viene de estos grupos. El estado obedece. La misma "reconstrucción" está sujeta a la defensa de los intocables. Pensemos que la Mina "Los Pelambres", propiedad del Sr. Luksic, es por su tamaño y riqueza, la que reemplazará a Chuquicamata, -la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo. Los Pelambres no paga virtualmente nada en royalties. Ni las otras minas en manos privadas y extranjeras. Si el cobre y otros minerales fueran genuinamente chilenos, -que lo fueron- entonces no existirían problemas en reconstruir este país en forma decente y rápida. Pero cuando el ejercicio de los gobiernos es proteger a los “desprotegidos empresarios del país” y a los inversionistas extranjeros más agresivos, sólo se aumenta el potencial de conflictos. Por eso que la estrategia global de represión encuentra en Chile un modelo inspirador.
Cuando los mapuche exigen sus derechos históricos y se les reprime con una guerra sucia y se los trata de establecer en un verdadero apartheid; cuando se criminaliza su justa exigencia de sus derechos –los que sí son apoyados por los organismos de Naciones Unidas y grupos de DDHH's-, seguimos viendo que la represión aumenta. Lo vimos contra Elena Varela y los otros dos imputados. Lo vemos contra los presos políticos mapuche. Los recursos usados en represión sólo tienen su equivalente en la vergonzosa inequidad de este rico y expoliado país. Es la única área en que el Estado insiste en agrandarse…
Por eso, esta victoria legal -formidable de por sí- nos debe hacer pensar en como democratizar Chile, en como mejorar la equidad, en como responder a las necesidades de los sectores más pobres del país -los mapuches están en esa categoría y por siglos- y poner la prioridad en el pueblo chileno y no en las ganancias especulativas que pretenden, con farándula y represión al mando, ordenarlo todo para gusto de este país gobernado por y para empresarios. Visité en estos tres últimos meses, antes y después del terremoto/maremoto, las mayores cárceles donde mantienen a los detenidos políticos mapuche. Conozco de sus condiciones –fui médico general en esta región antes del Golpe de estado del año 1973- y he seguido esta realidad. He visto que el caso de Elena, por emblemático que pueda ser, es solo la punta del témpano de la realidad represiva chilena. Queda mucho por hacer: por un lado el pueblo y los que creen en el respeto a los DDHH's deben trabajar en forma solidaria, coordinada, por un Chile democrático. Esto debe incluir establecer los derechos humanos como el valor más importante. Cuando la economía se basa en la especulación y la gente mira el valor de las acciones de algunos personajes ricos y poderosos como si fuera un campeonato de fútbol, es porque no nos centramos en la productividad ni en la calidad de vida de todo un pueblo. La economía especulativa -es decir, la de la bolsa de valores- no contribuye con productividad y mantiene los derechos laborales y de todo un pueblo en el borde de la miseria. Esta realidad empuja los pueblos a desobedecer la rigidez e inequidad de este país porque existe un verdadero agotamiento social. 70% de los chilenos viven con menos de un salario mínimo (es decir: unos US$300 mensuales o, menos de US$2 diarios por persona y por día. Consideremos que ese mismo porcentaje ve que un 40% de sus salarios son retenidos por tener un crédito que se descuenta y que les deja menos del 60% del sueldo mensual. (lo que para una familia típica de 4.5 personas significa que quedan US$0.88 por persona por día!) Y el mundo que rige este país espera que este modelo sea eterno.
Por eso, si pensamos en la reciente elección de un magnate derechista, es bueno recordar que el pueblo chileno no es derechista. La elección que dio el triunfo al Sr. Piñera no incluyó unos cinco y medio millones de excluidos que no votaron. Es decir, si contamos a todos los posibles votantes, el Sr. Piñera sólo recibió un 28,6% de ese total. Nada como para pretender que Chile es un democracia. Fue un voto de castigo contra el sector gobernante, por la realidad intolerable de inequidad y esta represión de baja intensidad que perdura por casi 20 años adicionales. Además, el sistema electoral no es democrático tampoco.
En Temuco, centro de la Araucanía, para dar un sólo ejemplo, los trece presos políticos mapuche, todos están sin juicio pese a que varios llevan cerca de dos años detenidos. Todos están bajo Ley Anti-Terrorista. El gobierno ha mentido en Ginebra en septiembre del 2009 diciendo que no usa dicha ley… Las causas que se les imputan a estos detenidos llegan en algunos casos a 14 para un sólo preso. Ninguno con menos de 3 causas. Esto quiere decir que esos presos, incluso cuando "ganen" una causa, siguen presos por las restantes. La idea del estado chileno es que cualquier mapuche con potencial de liderazgo debe ser aislado, detenido, marginado de su pueblo y familia. Pero eso no tiene fin porque este potencial para liderar es directamente estimulado por las condiciones de inequidad y de criminalización de los derechos de este pueblo. Hoy el pueblo mapuche, pese a una “pacificación genocida” hacia fines del siglo XIX, tiene diez veces la población y sólo un 6% de las tierras que cuando el estado chileno les prometió – en 1825- respetar sus tierras y derechos como pueblo. No olvidemos que el proceso de criminalización del pueblo mapuche aumentó con el gobierno del Presidente Lagos, paladín del frenético modelo neoliberal que acosa al país entero. Él organizó y militarizó en grado creciente la entera región de la Araucanía. Las comunidades mapuche en las regiones de Lleu-Lleu (Arauco, 8ª.Región), Temucuicui (Ercilla), Lautaro (9ª. Región) han visto, y siguen viéndolos, asaltos de fuerzas policiales militarizadas, con helicópteros, con camiones, usando bombas lacrimógenas y con violencia a niños. Ya hay evidencia documentada de 70 menores que han sufrido varios tipos de violencia y tortura. Esta ha sido entregada a Naciones Unidas. Mientras, continúan los crímenes contra el pueblo mapuche, con muertos reales y se les acusa a ellos de terrorismo pese a ser el Estado el que monopoliza la fuerza y la violencia: los mapuche sólo monopolizan los muertos, los heridos, los presos, la marginación y la pobreza. Los gobiernos han tenido un total desprecio ante este cuadro y estimulan esta represión. La violación de los acuerdos internacionales sobre Justicia y derechos humanos -el Convenio 169 de la OIT incluido- continúan y demuestran que Chile sigue siendo para unos pocos privilegiados. El pueblo chileno, y los mapuche con él, tienen un largo camino que remontar: las barreras que les imponen son un economía injusta, y, las armas más usadas son una Justicia inmoral con sus sistemas de represión cotidianos. Los gobiernos de la Concertación, que estuvo por 20 años gobernando en colusión con la derecha, no han defendido la Justicia sino intereses contrarios al pueblo. La justicia es una bandera que debe ir unida a los derechos humanos. Y eso está por venir. Los intereses que gobiernan por ahora no son distintos… Si Chile es democrático, los reprimidos deberían poder ganar juicios de compensación por el dolor y daño sufrido. El terrorismo de Estado debe todavía ser juzgado… pero se necesita una nueva ley, legítima y democrática que aún no se ve en el horizonte represivo y “amarrado” de este país que trata de vender una imagen irreal. El terremoto, además de su sistema legal, revelan una realidad de este país seudo-primer mundista que incluso en la tragedia busca proteger a los empresarios.
Dr. José Venturelli,
Vocero, Secretariado Europeo
de la Comisión Ética contra la Tortura
24 abril 2010
