Comunidades indígenas fueron violentamente desalojadas desde tierras que son reivindicadas, cuyos territorios se encuentran desde los ‘90 en manos del empresario italiano, Luciano Benetton, quien posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia argentina.
El pasado viernes 27 de mayo, 2016 los integrantes de los Lof (comunidades) mapuche en Resistencia del Departamento Cushamen, provincia de Chubut, en Argentina, fueron desalojados por la policía provincial, Gendarmería y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).Según denunció la comunidad, este procedimiento no solo fue extremadamente violento, sino que se realizó sin mostrar una orden judicial y los detenidos fueron trasladados a Esquel en autos sin identificación.
El violento episodio se dio al costado de la ruta nacional 40, a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Esquel, en el paraje Vuelta del Río, en Leleque. La particularidad del territorio en conflicto es que el mismo pertenece a una de las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, que desde los ‘90 está en manos del empresario italiano, Luciano Benetton, quien posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia argentina.
El conflicto de Benetton con el Pueblo Mapuche no es nuevo. En el año 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque decidió recuperar su territorio ancestral y durante años debió enfrentar continuos y violentos intentos de desalojo, hasta que en 2014 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció su derecho sobre el territorio en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial.
El 13 de marzo de 2015, varias familias de la zona realizaron otra recuperación en tierras de Benetton, sosteniendo que las mismas son territorio ancestral del Pueblo Mapuche, usurpado por el magnate extranjero.
En aquella oportunidad, mediante un comunicado público firmado por los Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP), explicaban: “Nosotros, Mapuches, seguimos siendo una inmensa mayoría sin tierra, con la única alternativa de ser peones, empleadas domésticas y obreros, es decir, mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Y sostenían que “la única manera de frenar el ‘asesinato planificado’ desde el poder económico y del Estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”.
La respuesta de la Compañía de Tierras del Sur Argentino fue una denuncia penal por usurpación. Desde entonces la violencia, las amenazas y los intentos de desalojo fueron permanentes. En noviembre de 2015, la comunidad denunció que durante la madrugada un auto se detuvo sobre la ruta 40 y realizó dos disparos con arma de fuego para luego darse a la fuga. Mediante un comunicado público el Lof denunció el accionar de grupos parapoliciales al servicio de los terratenientes, y sostuvo que este tipo de procedimientos se debían a que la recuperación territorial ponía en peligro “los intereses de la oligarquía y el capital transnacional”.
Lejos de ser un hecho aislado o sin precedentes, la situación en Cushamen vuelve a poner sobre la mesa la violencia que sufren los Pueblos indígenas en manos de las fuerzas de seguridad que protegen los intereses de los terratenientes y de las empresas nacionales y multinacionales. Asimismo, nuevamente, la lucha indígena viene a poner en cuestión la “propiedad privada”, base del sistema capitalista, y demanda revisar el proceso fraudulento de entrega de tierras. Esto es lo que se pretende evitar a toda costa y para eso las fuerzas de seguridad actúan rápidamente desalojando y reprimiendo.
Como muestra el historiador Ramón Minieri en su libro Ese ajeno sur, la historia de la Compañía de Tierras del Sud Argentino puede remontarse al genocidio de “Conquista del Desierto”, cuando en Patagonia se da inicio al proceso de extranjerización y concentración de la tierra que perdura hasta la actualidad, a costa de los derechos de los pueblos originarios.
Las tierras que hoy están en manos de extranjeros, como Benetton, son en su mayoría donaciones otorgadas a empresas o familias que financiaron el genocidio de “la conquista”, y posteriormente han sido compradas por los actuales terratenientes a precios irrisorios.
En este mismo devenir histórico en el que los terratenientes nacionales y extranjeros se fueron quedando con las mejores tierras de nuestra Patagonia, los mapuche han sido estigmatizados como salvajes y bárbaros a los que había que exterminar mediante “la conquista” y posteriormente tratar de civilizar e integrar al Estado argentino, principalmente como mano de obra barata. Hoy son considerados como invasores chilenos o como terroristas que ponen en peligro la “paz social”.
La utilización del terrorismo como forma de explicar ciertas prácticas del Pueblo Mapuche debe ser entendida en el marco de un proceso histórico signado por la discriminación, la invisibilización y la estigmatización, que actualmente presenta a los integrantes de este Pueblo como los usurpadores y los violentos, como aquellos que no respetan la propiedad privada y que violan los derechos de los legítimos propietarios de las tierras, como Luciano Benetton.
Si actualmente toda violencia en contra del Estado es entendida como terrorismo y si, como sostiene Pilar Calveiro, esta acusación cancela cualquier derecho y justifica cualquier acción para detenerlos, esto abre espacios para el violento accionar de las fuerzas de seguridad: el actuar sin mostrar una orden judicial, el amenazar a niños o el trasladar a detenidos en autos sin identificación, como denuncian los Lof en Resistencia del Departamento Cushamen.
Frente a esta situación se vuelve cada vez más necesaria la difusión de estos hechos y la organización y articulación para resistir los atropellos. Así, mediante la “Red de apoyo a las Lof en Resistencia del Departamento Cushamen” en Facebook, se informa permanentemente lo que acontece en el territorio.
En esa página se puede vislumbrar el futuro del conflicto: “Seguiremos luchando como lo hicieron nuestros ancestros, reconstruyéndonos, tratando de ser lo que siempre fuimos, exigiéndole al estado que se hagan valer los derechos y convenios nacionales e internacionales y que nos dejen vivir como mapuche dentro de nuestro territorio, con autodeterminación y libertad”.
Un conflicto en el que el Pueblo Mapuche vuelve a dejar en claro que: resistencia no es terrorismo.
Por Florencia Trentini – @flortrentini