El senador del MAS explicó que la aprobación en el Senado del Convenio Internacional es la antesala a la aprobación de la Ley de Obtentores de Semillas, que sólo favorecería a las grandes transnacionales.
“Cada vez que utilicen la semilla, los pequeños agricultores deberán pagar un derecho”, explicó el senador Alejandro Navarro, quien votó en contra de la ratificación del Convenio Internacional que protege al obtentor, o poseedor de la inscripción, por considerar que dicho convenio perjudica a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas.El legislador explicó además que hay una ley de Obtentores que está todavía en trámite, y que busca establecer la propiedad intelectual sobre el cultivo transgénico, es decir, sobre semillas tratadas genéticamente y desarrolladas por laboratorios o particulares.
“Lo que establece ciertas cualidades de las semillas, y les otorga una patente, y si hay agricultores que deseen usarlas, tendrán que pagar dicha patente”, advierte el senador del MAS.
Por otra parte, indicó que si hay una semilla que deja de ser usada en el plazo de un año, puede volver a ser requisada por un obtentor, y de esa forma obligar a los campesinos y agricultores a comprarlas año a año, sin poder guardarlas para ser reutilizadas.
“Quienes las utilicen deberán pagar un derecho, y por esa razón esto amenaza directamente a la pequeña y mediana agricultura, y beneficia por otra parte a un grupo de reducidos agricultores y laboratorios que han obtenido ventaja del tratamiento de semillas”, afirma el senador Navarro.
PEQUEÑOS AGRICULTORES
Pequeños agricultores de la Araucanía rechazaron la aprobación que hizo el Senado del Convenio Internacional de Protección de Obtentores, UPOV91, y criticaron a los senadores que hicieron que dicho convenio fuera ratificado.
Iván Reyes, dirigente de la mesa del trigo que reúne a más de 14 mil pequeños productores,, señaló a la agencia de noticias Valor Futuro, que lo que más les molesta es que no hayan consultado al mundo campesino.
Por su parte, Víctor Suazo, presidente de los agricultores de la comuna de Carahue, respaldó las afirmaciones del senador Navarro, respecto a que los mayores perjudicados son justamente los pequeños
En tal sentido, explicó Suazo que es la manera que buscaron para luego aprobar la ley de obtentores lo que beneficia directamente a las grandes transnacionales.
“El ADN alterado lleva a producir alimentos transgénicos que dañan al humano”, sentenció el dirigente agrícola.
INIA DEBILITADO
Quienes actúan como instituciones estatales en lo que respecta a este tema son el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, INIA.
El senador Jaime Quintana advirtió el año pasado que el debilitamiento del Instituto Nacional de Investigación Agrícola, INIA, debido a una serie de despidos que se produjeron, repercutiría en el sector agrícola.
Es lo que denunció por su parte, Heriberto Castro, dirigente sindical de los operarios del Instituto, quien dijo que el despido de 8 operarios, hizo que se cerrara la lechería en Curiñanca, terminando con la fuente laboral de campesinos mapuche.
A nivel nacional los despidos de INIA completaron 73 personas.
Sin embargo, Horacio Bórquez, director del SAG desmintió esta situación, y explicó que el INIA trabaja periódicamente con INDAP y a través de los GTT para apoyar y ayudar sin distinción a todos los productores agrícolas, sean pequeños, medianos o grandes. “El INIA cubre el territorio nacional de Arica a Punta Arenas centrando parte de su labor, en la transferencia tecnológica hacia los agricultores”, afirmó.
Respecto a la falta de investigación de dicho organismo, el director del SAG informó que el INIA ha registrado más de 100 variedades producto de su investigación. Agregó que se investiga en trigo, triticales, cebada, avena, arroz, papas y un sin fin de productos y cabe resaltar que el INIA es el mayor apalancador de recursos nacionales dentro de todos los fondos consursables. El resultado de la investigación –dijo-, es poner las semillas INIA en el mercado, aportando así de manera útil y beneficiosa a los productores nacionales.
Victoria Marín Campos Nacion.cl