Tres mujeres dirigentes mapuches y una niña de dos años están ocupando desde el jueves recién pasado la sede de UNICEF en Santiago de Chile, como protesta por el clima de violencia y lo que perciben como una total falta de avance en el diálogo con las autoridades respecto de las reivindicaciones de su pueblo.

Entendemos la desesperación que empuja a un acto de violación de un recinto internacional como el de UNICEF, que tiene programas especiales en la zona mapuche. Pero esta acción pone obstáculos a la búsqueda de soluciones a la discriminación que sufren los niños y niñas indígenas, pues cierra la posibilidad del diálogo y alianzas tan necesario e impide el normal trabajo a favor de los niños y niñas chilenos, sean o no indígenas.

Veamos los hechos. Los niños y adolescentes de la zona mapuche son víctimas de la violencia manifestada en el uso excesivo de la fuerza por la policía —abundantemente documentada y avalada— que pone un énfasis exagerado en las medidas de seguridad más que en las del reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche reconocidos en la Convención 169 de la OIT y en la reducción de las desigualdades de las regiones del Bio Bio y Araucanía. Por otro lado, las comunidades mapuche reclaman sus derechos ancestrales, frustrados por la falta de avances reales y atrapados en la pobreza y la discriminación, usan diversas formas de manifestación, más o menos violentas, para ser vistos y oídos buscando ser reconocidos y respetados.

Hay que admitir que la vuelta a la democracia no ha significado lo mismo para todos los niños en Chile. A pesar de los importantes avances en salud y cobertura educacional y en la reducción de la pobreza, hay desigualdades y rezagos graves que afectan en particular a los niños y niñas que se encuentran por nacimiento o circunstancias en situaciones de extrema vulnerabilidad. Tal es el caso de la niñez mapuche que, muestran las cifras de escolarización por debajo de la media nacional o como dice el plan de gobierno sobre la Araucanía: “La población mapuche de la región presenta indicadores educacionales considerablemente más bajos que la población general de la Araucanía y que la población del país”.

Los derechos de los niños no deberían ser un discurso sobre lo “políticamente correcto”. Es una forma de comprender las relaciones humanas y son compromisos adquiridos para ser respetados. Hay una arquitectura institucional tanto nacional como internacional que se ha ido perfeccionando en la medida que la humanidad ha valorado que los derechos humanos sean los principios ordenadores de las relaciones sociales.

Pero a pesar que Chile fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, los y las chilenas aún no gozan enteramente de esos avances: carecemos de una legislación que reconozca a los niños y niñas como sujetos de derechos; nuestra institucionalidad no responde al desafío de la integralidad e intersectorialidad que permita el ejercicio de todos los derechos por todos los niños con equidad; los profesionales que trabajan para y con niños conocen poco o nada sus derechos.

La realización de los derechos del niño es una tarea política y, en consecuencia, es una tarea posible. Debiera abrirse un camino de diálogo y con reglas claras para avanzar en áreas concretas: legislación integral, sistema de garantías, reducción de la violencia con políticas de prevención y protección, desarrollo de formas concretas de participación de los propios niños, programas específicos de integración multicultural para los niños mapuches con protección plena de sus derechos en un ambiente conducente a la democracia y la paz.

Marta Maurás y Osvaldo Torres
Marta Maurás y Osvaldo Torres son miembro del Consejo Consultivo y director, respectivamente, de la Fundación Chile 21.