Se trata de una consulta masiva que finalizará en septiembre. La idea es que sea aplicada a todos los indígenas del país.

Más de 400 millones de pesos costará al Gobierno la consulta indígena que se iniciará en los próximos días donde se busca conocer la opinión de las comunidades del país sobre la puesta en marcha de la nueva institucionalidad indígena y cuyos resultados deberán estar listos en 6 meses.

Así lo dio a conocer el ministro de Planificación, Felipe Kast, quien junto al intendente, Andrés Molina y el director de Conadi, Jorge Retamal, participaron de una nueva mesa de diálogo que se inició con una rogativa mapuche en el cerro Ñielol.

En la ocasión se anunció esta nueva consulta que tendrá la particularidad de contar con un plazo determinado y que busca establecer si los pueblos indígenas quieren o no las modificaciones a la Conadi, así como los proyectos de ley.

La idea es que en todo el país se aplique esta consulta que no hace más que dar cumplimiento al convenio 169 de la OIT. En tanto, para el Gobierno es el resultado de las mesas de diálogo que implementó desde septiembre pasado y que en total suman 30.

TRABAJO

De acuerdo a la información entregada por el ministro, esta consulta considera tres lineamientos.

El primero de ellos tiene que ver con el "Reconocimiento constitucional", el que permitiría aprobar el proyecto de ley o realizar las reformas que duermen desde hace años en el Congreso.

También se evaluará la puesta en marcha de la "Nueva institucionalidad", que considera los contenidos del proyecto de ley que hace desaparecer la Conadi para dividirse en una Agencia de Desarrollo Indígena y un Consejo de Pueblos Indígenas. Este es el mega proyecto que hoy tiene el Gobierno, el que incluso, hace desaparecer a los consejeros de la Conadi.

La consulta también evaluará un procedimiento de consulta permanente con miras a contar con un instrumento definitivo que regule la participación y consulta que establece el convenio 169.

MINISTRO

Sobre ello, el ministro Kast aseguró que la consulta podría generar que algunos proyectos sean modificados o bien descartados, si los pueblos indígenas así lo requieren.

"Acá lo nuevo no sólo es la consulta sino que lo que viene después, que es de aquí a fin de año tener materializada la política pública en cada uno de los ejes. Este es un proceso de reformular y repensar cómo estamos haciendo las cosas en materia institucional y con esto podemos ver cuáles serán los procesos futuros".

Agregó que, por ejemplo, si la Agencia de Desarrollo no es aceptada por los pueblos, no se llevará a cabo y lo mismo con el reconocimiento constitucional y otras materias.