Por Pablo Vergara y Jorge Rojas
Hoy los presos mapuches completan 67 días sin ingerir alimento (ni agua, desde comienzos de esta semana) y la crisis se ha convertido en una bomba de tiempo que detonará esta semana en La Moneda, donde el gobierno sigue debatiéndose entre negociar o endurecer la mano, como le exigen sectores de la UDI y de la propia RN.

Esta semana amenaza con ser la más complicada para el gobierno desde que asumió. El Bicentenario, el evento que se ha estado anunciando con bombos y platillos desde hace años, está a punto de convertirse en el telón de fondo de una huelga de hambre que ya consiguió instalar en el país que las demandas de una treintena de presos eran más que razonables y ha obligado a senadores, obispos y ministros a darse cabezazos buscando una solución política a un conflicto que todos miraron crecer.

Y el control de la crisis no está en La Moneda: está en las celdas de las cárceles del sur, donde los comuneros acaban de fijar un timming macabro: este lunes pasaron a huelga seca y es más que probable que de acá al 18 uno de ellos se agrave o muera.

Esta ha sido una de esas crisis que muchos alertaron. Pero el gobierno recién vino a ocuparse seriamente de ella hace apenas una semana. Y aunque reaccionó rápido anunciando modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Justicia Militar, los tirones en la alianza gobernante lo llevaron al empantanamiento. La Moneda perdió la iniciativa cuando los senadores Alberto Espina y Jovino Novoa pusieron peros a las modificaciones con que Hinzpeter y Piñera pretendían apagar el incendio.

Hoy la solución se ve lejana. Si bien el obispo Ricardo Ezatti aceptó actuar como “facilitador” del diálogo y los familiares de los comuneros esperan el llamado a sentarse a una mesa, lo que se ha avanzado en el terreno legislativo es poco. El senador PPD Jaime Quintana, que representa la Araucanía, reconoce que en la práctica la posibilidad que la ley beneficie a alguno de los huelguistas “es muy limitada, puede que a alguno le baje la pena a la que pueden ser condenados, pero a los otros no, porque hay acumulación de delitos”.

La pesadilla del gobierno es doble: al Bicentenario hay que sumarle que en una semana más, Piñera tendrá que plantarse por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y llegar con una crisis así, es un escenario desastroso.

Y lo peor para el gobierno es que el problema está lejos de solucionarse con una ley corta o mesa de diálogo. Los huelguistas han señalado que la mesa es parte de cualquier arreglo y que el futuro dependerá de las conclusiones que salgan de esa instancia:

-Los mismos comuneros me dijeron que ese proyecto no los satisfacía, que no era una solución porque estiman que no aclara cuáles son las conductas consideradas terroristas y además va en la línea de aumentar las facultades del ente investigador. Ellos se sienten desilusionados y ese proyecto no va a hacer que desistan de la huelga -explica Pelayo Viel, abogado de los presos de Concepción, imputados por el atentado al fiscal Mario Elgueta.

Hasta acá, los únicos ganadores son los huelguistas, militantes de la Coordinadora Arauco Malleco en su mayoría, que han conseguido instalar sus demandas y reactivar el movimiento pro mapuche, que en el último año se encontraba adormecido a raíz de los golpes propinados por los fiscales y la policía. La vuelta de mano de los presos ha sido potente. Algo que a fines de agosto, en entrevista con The Clinic, Héctor Llaitul -el líder de la CAM- anunció en una entrevista: “Nuestro cuerpo es lo único que nos queda para protestar”. Dicho y hecho.