Mientras se suceden sin pausa, los casos de abuso de poder contra los pueblos indígenas del país, el gobierno encarga a sus servicios de “inteligencia” realizar espionaje sobre el pueblo mapuche, según un informe de gestión del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto y publicado por el medio nacional “Pagina 12”.
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirma como logro de su gestión este control sobre el movimiento mapuche a quien considera una amenaza a la seguridad y donde ha intentado aplicar la llamada “ley antiterrorista”. Para el Ministerio de Bullrich, la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.De esa manera coincide con el Ministro de Seguridad de Neuquén Jorge Lara, quien afirma que “a las comunidades que se crean hay que ponerles un límite” y para lo cual se rechaza permanentemente el registro de comunidades que tienen abierto expedientes desde hace 14 años. Cuando se resiste a registrar a las comunidades mapuche, el gobierno provincial entra en una clara violación de la Constitución nacional y provincial que obliga al Estado a “registrar”, no a “reconocer”, ya que las comunidades están reconocidas desde su preexistencia como tales.
Cuando ambos Ministros de Seguridad (Bullrich y Lara) afirman que “se arman comunidades”, demuestran una profunda ignorancia para justificar su persecución o espionaje, ya que en la Patagonia existen miles de comunidades que son preexistentes a los jóvenes estados provinciales. Esos Lof (comunidades) están constituidas por familias que conviven y han convivido con su entorno natural por centurias, y ha sido ese entorno natural quien le proveyó el sustento para su “buen vivir”.
Todo este sistema de vida se desequilibra o entra bajo estado de amenaza, cuando esos “territorios comunitarios” (ayer olvidados a su suerte por el Estado), son considerados prioritarios para el capitalismo voraz particularmente la industria extractiva. Y es allí cuando esos Lof, que no han necesitado un papel para justificar su preexistencia, elaboran una estrategia de resistencia, exigiendo ser registrados en personerías jurídicas.
La situación en Neuquén se agrava porque a la tarea de espionaje, se suma una política amenazante del actual gobierno, que en su ley de ministerio, encuadró la política con el Pueblo Mapuche, desde un enfoque de “seguridad”, cuando lo que corresponde es abordarlo desde una visión de “derechos humanos”, como lo exigen los instrumentos a los cuales adhirió y se comprometió a respetar como estado, la Provincia de Neuquén.
El Ministro Lara demuestra una ineptitud grave para resolver cualquiera de los actuales conflictos cultural/territorial/político que van en aumento en la provincia de Neuquén con el pueblo Mapuche, porque su práctica o su antecedente ha sido instrumentar las políticas de clientelismo y asistencialismo en las comunidades desde su rol de ministro de acción social. Esta política tiene cada vez más rechazo, porque se exige respuesta político territorial urgente a un conflicto profundo sin resolver.
Una de las herramientas más directas para resolver este conflicto histórico es la implementación de la Ley de Relevamiento Territorial donde ambos gobiernos, han acordado mantenerlo suspendido a casi un año de haber asumido. Entonces toda solución a la demanda de derechos del pueblo mapuche, es abordada desde una visión donde la presencia mapuche es amenaza para la seguridad y de allí que vaya en aumento la criminalización hacia las comunidades y autoridades mapuche que defienden sus territorios.
La participación de fuerzas federales de seguridad e inteligencia en tareas de espionaje a la población ya había sido denunciada por la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) en una nota dirigida en agosto pasado al presidente Mauricio Macrì, que no ha tenido respuesta
La nota de la AADI destaca la existencia de “un hilo conductor entre las actuaciones estatales ilícitas, la ignorancia de los derechos de los pueblos indígenas por ese mismo Estado, la persecución criminal a sus líderes y el estereotipo que generan los medios de comunicación, generando la falsa idea de que los indígenas son una amenaza, exacerbando viejos conflictos”.
En este panorama general, consideramos de suma gravedad, que se califique como un logro de gestión, esta tarea de espionaje sobre nuestras comunidades, autoridades y organizaciones mapuche.
- Confederación Mapuche de Neuquén